Apenas habían pasado tres cuartos de hora desde que El Cairo se había adentrado en la medianoche cuando todo se precipitó. Al menos una docena de agentes de las fuerzas de seguridad egipcias fuertemente armados irrumpieron en casa del prominente activista palestino-egipcio Ramy Shaath y su esposa Céline Lebrun, investigadora y organizadora comunitaria, y empezaron a registrarla sin entregar ningún permiso judicial. 

Durante la redada, dirigida por dos oficiales vestidos de paisano, los agentes se llevaron ordenadores, discos duros y teléfonos, y finalmente separaron a la pareja. A Shaath se le perdió el rastro durante las siguientes 36 horas, hasta que apareció ante la Fiscalía de Seguridad del Estado sin que se le hubiese permitido contactar con un abogado o con la familia. Para aquel entonces, Lebrun había sido arbitrariamente deportada a Francia. 

"No se me dio ninguna razón, ninguna explicación", evoca a PÚBLICO desde París Lebrun, que llevaba siete años residiendo en Egipto y no se le permitió ponerse en contacto con el consulado francés aquella noche. 

Desde que fue arrestado, Shaath ha sido recluido en la prisión de Tora, en el sur de El Cairo. Inicialmente, el activista de 48 años estuvo confinado en una celda de unos 30 metros cuadrados con otra trentena de personas, algunas de ellas enfermas, según relató la familia en un comunicado. A principios de agosto fue trasladado a otra celda con condiciones ligeramente mejores, pero su círculo más cercano asegura seguir muy preocupado, sobre todo porque Shaath sufre de colesterol alto. 

La odisea que está atravesando Shaath podría parecer solo otro caso de los ya cotidianos episodios de cruel arbitrariedad sucedidos en el Egipto del mariscal Abdel Fatah Al Sisi, hundido en una espiral represiva sin precedentes contra personas críticas con el régimen, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Pero el caso de Ramy ha generado una atención particular por tratarse del cofundador y líder del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en Egipto, así como del hijo de un alto diplomático palestino que actualmente trabaja como asesor del Presidente Mahmoud Abbas. 

De hecho, a pesar de que el arresto de Shaath y la deportación de Lebrun se produjeran el pasado 5 de julio, los hechos no trascendieron hasta finales de agosto, cuando la familia decidió lanzar una campaña para pedir su liberación. Durante las seis semanas de silencio previas, su círculo cercano estuvo esperando que la intervención diplomática palestina surtiera efecto. Solo para toparse contra el muro egipcio. 

De acuerdo con la versión oficial, Shaath se encuentra en prisión preventiva a la espera de ser investigado por supuestamente haber "ayudado a un grupo terrorista a lograr sus objetivos". En este sentido, el activista palestino-egipcio ha sido añadido a un polémico caso criminal bautizado como "Coalición Esperanza", en el que, según las autoridades egipcias, se investiga un complot ideado por grupos de la sociedad civil en cooperación con los Hermanos Musulmanes para debilitar el Estado. Organizaciones de derechos humanos, en cambio, consideran que el caso, en el que han sido añadidos políticos, periodistas y activistas, es una farsa urdida para perseguir a voces opositoras. 

"El caso no tienen ninguna credibilidad, al igual que no la tienen muchos de los casos que son llevados ante la Fiscalía de Seguridad del Estado", sostiene a PÚBLICO Hussein Baoumi, investigador en Amnistía Internacional. "En los últimos años las autoridades egipcias han estado reinventando la definición de terrorismo y apoyo al terrorismo, pasando de considerar como tal el hecho de cometer actos violentos a ser políticamente activo de forma que se pueda desestabilizar no el Estado sino el actual gobierno", agrega. 

El entorno de Shaath, a su turno, no solo niega las acusaciones lanzadas contra él, sino que además se muestra seguro de que en realidad ha sido arrestado por su activismo propalestino, una causa que el régimen de Egipto ya tampoco estaría dispuesto a tolerar. 

"(La detención de Shaath se debe) cien por cien a su activismo por la causa palestina, ya que esta era su única actividad desde la fundación del BDS en Egipto" nota Lebrun. “Lo que desencadenó su arresto fueron sus actividades en solidaridad con Palestina y su oposición tanto al Acuerdo del Siglo como a la creciente normalización en curso de las relaciones entre Egipto e Israel,” continúa la joven. 

Desde la llegada de Al Sisi al poder tras un golpe de Estado en 2013, las relaciones entre Israel y el régimen egipcio han mejorado de forma insólita. En parte, ello se debe a la obsesión de los últimos por su supervivencia, al carácter ferozmente anti-islamista y ultranacionalista de ambos, a su política exterior conservadora, y a un realineamiento regional que ha acercado Tel Aviv a varios países árabes por su oposición conjunta contra Irán. Un nuevo escenario que, en el caso de Egipto, se ha traducido en una mejora sustancial de sus relaciones con el Estado hebreo en cuestiones diplomáticas, de seguridad y comerciales, hasta tal punto que, para muchos, la clave de su relación no gira ya entorno a posibles conflictos sino entorno a la velocidad en la que normalizan sus relaciones. 

Una prueba de la cada vez más reticente actitud de Egipto a dedicar esfuerzos a la causa palestina tuvo lugar a principios de septiembre en El Cairo durante una sesión del Consejo de la Liga Árabe. Según publicó el medio independiente egipcio Mada Masr, la Autoridad Palestina habría tratado de aprobar entonces un proyecto de resolución contra Israel por su ocupación de Palestina y sus operaciones militares que han resultado en palestinos muertos y heridos, un gesto apenas simbólico al que El Cairo, junto a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin se habrían negado por su carácter "conflictivo". 

Uno de los puntos de la resolución propuesta que podría haber despertado más reticencia entre el cuarteto árabe era su llamada a oponerse también al acuerdo de paz entre Israel y Palestina bautizado como "Acuerdo del Siglo" que la Administración de Donald Trump estaría tejiendo, y en el que los países árabes estarían llamados a jugar un papel relevante. En esta línea, Shaath participó antes de su arresto en varios eventos en los que criticó dicho plan, en un acto de denuncia que extendió a medios de comunicación. Así, en el momento de producirse su detención, Shaath hacía poco que había vuelto a Egipto tras haber tomado parte en una conferencia celebrada en Beirut crítica con el anterior plan. 

Asimismo, Shaath también había alzado su voz contra la participación de Egipto en el encuentro de Manama (Bahréin) organizado el pasado junio por Washington con el fin de discutir fórmulas para apoyar económicamente a Palestina en el marco de su proceso de paz. Una conferencia que la Autoridad Palestina boicoteó, al considerar que favorecía a los intereses de Israel, y que levantó un fuerte recelo entre activistas palestinos por contar con la participación de varias capitales árabes, entre las que figuraba El Cairo. 

"Es sabido que las autoridades egipcias se posicionan hoy bastante cerca de los gobiernos de Estados Unidos e Israel con respecto a cuestiones regionales, y la cooperación entre Egipto e Israel se ha ido estrechando en los últimos tres o cuatro años […] Así que hay una fuerte presunción de que una de las principales razones del arresto de Shaath fuese esta", considera a PÚBLICO Leslie Piquemal, Representante Legal para la Unión Europea del Instituto del Cairo para Estudios sobre Derechos Humanos. 

Shaath, además, había participado activamente en la Revolución que tuvo lugar en Egipto en 2011 y que llevó a la caída de Hosni Mubarak. Durante el período de apertura que se abrió tras la caída del dictador, Shaath se mantuvo políticamente activo y llegó a asumir la secretaría general del partido liberal El Dostour. Este historial le situó pronto en el radar de las autoridades, que desde 2012 han intentado retirarle la nacionalidad alegando que solamente es palestino, y algunas organizaciones de derechos humanos consideran que, en última instancia, ello también ha tenido que ver con su detención. 

"En el (marco del) Caso Esperanza se reprimen grupos de personas que no tienen ninguna relación entre ellas, pero que están conectadas por el hecho de que son bastante activos por alguna causa, sin importar cuál sea, si política parlamentaria, activismo laboral, la causa islamista o, como Shaath, [participar] en el BDS", sugiere Baoumi, de Amnistía. "El principal problema del gobierno egipcio no es ser activo por los derechos de los palestinos, sino el (simple) hecho de ser políticamente activo", sigue el investigador. 

"En Egipto existe muy poca o ninguna tolerancia con [cualquier] disensión pública, y el discurso de alguien como Shaath, que ha sido prominente en diferentes círculos activistas, políticos y progresistas por algún tiempo, se nota", agrega Piquemal. "Y ahora mismo, es algo que no se corresponde con la línea exacta que el Presidente Al Sisi preferiría".