Marruecos está intensificando el expolio del potencial agrario del Sáhara ocupado hasta el punto de estar convirtiéndolo en uno de los principales enclaves para abastecer de fruta, verdura y hortalizas a la UE, en este caso en detrimento de la agricultura española, que ve cómo sus productos son desplazados por los de un territorio sin vínculos comerciales con la unión que las multinacionales que operan desde allí pueden introducir como si procedieran de Marruecos.

Esta situación, que está provocando las protestas de organizaciones como COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) por los daños que está causando en el sector primario español en vísperas de enfrentar la amenaza arancelaria de EEUU, tiene su origen en dos asuntos más relacionados con la geopolítica que con el campo.

Uno es la subcontratación por parte de la UE de su frontera sur con países como Libia, Turquía y Marruecos con el objetivo de estrangular los flujos migratorios desde el norte de África, algo que ha provocado el desplazamiento de las bases de las mafias hacia Argelia y el este del país alauita.

El otro, estrechamente relacionado con el primero, consiste en el cierre de acuerdos comerciales con todos ellos como parte del pago por ese servicio encubierto de aduana.

Los tribunales europeos y la ONU ven un país

En el caso de Marruecos, la firma del último acuerdo comercial, cerrado a principios del año pasado, incluye entre sus objetivos no declarados el de burlar las sentencias de los tribunales europeos que en 2015 y 2016, con un veto en el caso del General (TGUE) y con un aval en el de Justicia (TJUE), dejaron claro que “considerar que el territorio del Sáhara Occidental está incluido en el ámbito de aplicación del acuerdo [comercial de 2012] (...) es contrario al principio de derecho internacional (…) aplicable en las relaciones entre la Unión [Europea] y el Reino de Marruecos".

La justicia europea tiene claro que el Sáhara no forma parte de Marruecos, mientras que este país lo considera parte de su territorio pero sin reconocer formalmente su existencia. Y eso lleva en el ámbito comercial a una disparatada (y fraudulenta) situación en la que la producción un territorio ocupado a cuyos habitantes reconoce la ONU el derecho de autodeterminación entra en los mercados europeos como si fuera de cualquier zona del Estado que lo ha invadido.

Sin embargo, el tratado de 2019 legaliza esa situación al ampliar el ámbito territorial del acuerdo sin modificar los cupos de producción, lo que viene a blanquear el desembarco en el Sáhara de empresas extranjeras, buena parte de ellas españolas.

Estas comenzaron a llegar con el tratado de 2000 para aprovechar las ventajas que los bajos niveles salariales y el precio de la tierra les ofrecían en relación con el mismo sur de la UE en el que introducen su género, con cuya producción compiten y del que a menudo proceden. Los sueldos serían allí la duodécima parte de los que se cobran en España, indican fuentes de la organización agraria.

“Tanto el gobierno español como la Unión Europea sólo buscan favorecer los intereses económicos de un puñado de multinacionales agroexportadoras”, señala COAG, que mantiene que con decisiones de ese tipo “no sólo no velan por los intereses de los agricultores europeos, sino que también se desentienden de los derechos fundamentales de la población autóctona del Sáhara Occidental”.

Una línea naviera directa del Sáhara a Algeciras

Los intereses de la casa real marroquí en el negocio de la importación y las propias precauciones de las multinacionales del campo, que intentan eludir el coste reputacional que les supondría la difusión de que suministran a las cadenas de alimentación género producido en el Sáhara bajo el paraguas de la ocupación, “provocan que haya mucha opacidad. Hay muchos intereses y es complicado sacar información”, explican fuentes de COAG.

El hecho de que la fórmula más habitual para invertir consista en que empresas españolas y francesas tomen participaciones en firmas locales enmascara su presencia en la zona. Ocurre algo similar a la hora de determinar qué volumen de producción saharaui camufla Marruecos mediante este sistema.

No obstante, sí hay indicios de que el negocio va al alza. El principal de ellos es la apertura a finales de agosto por la compañía CMA CGM, una de las principales del mundo en movimiento de contenedores, de una línea naviera de transporte de mercancías entre Dajla, en el Sáhara ocupado, y Algeciras con escalas en Agadir, Casablanca y Tánger y especializada en el trasiego productos de huerta y frutales y de pescado congelado.

“Eso indica que la producción del Sáhara está llegando a Europa”, señala Andrés Góngora, responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG, que llama la atención sobre el desarrollo de la logística agroalimentaria en los territorios del Sáhara Occidental.

“Es una política de colonización”

Para Góngora, “lo que está haciendo Marruecos con la actividad agrícola en el Sáhara es una política de colonización” que, en su opinión, vulnera varios aspectos del propio tratado comercial con la UE ya que “no fomenta el desarrollo de la zona y de sus habitantes” al no implantar empresas locales sino otras llegadas del país invasor y al copar peones de Malí y Senegal la contratación de mano de obra. “No hay beneficios para la población autóctona”, señala.

COAG sostiene, sin que las autoridades comunitarias hayan prestado hasta la fecha mucha atención, que esas prácticas comerciales vulneran la normativa europea sobre el etiquetado de productos alimenticios y el derecho del consumidor a conocer el origen de lo que compra.
“El país de origen debe estar expuesto de forma clara, y para la ONU el Sáhara lo es”, explica Góngora. Sin embargo, “Marruecos no quiere ni oir hablar de una etiqueta en la que aparezca el término ‘Sáhara Occidental’, ya que eso sería tanto como reconocer su existencia”, por lo que “opta por falsear las etiquetas.

El tratado mantiene los cupos del anterior, lo que supone que no hay límites para productos como la judía verde, una hortaliza con elevados costes de recolección y manipulación en la que Marruecos ha acabado con hacerse con la producción española, y que se mantienen otros como las 310.000 toneladas de tomate, equivalente a un 6% de los cinco millones que se cosechan en España pero que entran a un precio netamente inferior: 46 céntimos el kilo.