Durante los primeros días del nuevo Gobierno de Bolivia las protestas se han multiplicado desde los sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba. Estas urbes son consideradas aún bastiones de la formación por su población rural, migrante y perteneciente a movimientos sociales de base.

Jeanine Añez se autoproclamó presidenta del país el 12 de noviembre con el apoyo de la tercera parte del Parlamento tras apelar al artículo 170 de la Constitución, que indica que en ausencia definitiva del presidente o vicepresidente, tomará el mando "la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados". La Carta Magna apunta que "se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días".

En Cochabamba, ciudad en la que se inició en la vida sindical Evo Morales como presidente de las seis federaciones de productores de coca, se han desarrollado dos marchas masivas con la participación de cocaleros y población joven, reprimidas por la Policía y el Ejército. Hasta la fecha han significado la muerte de nueve personas además de 115 heridos y 200 arrestos. Además, se ha tenido constancia del arresto de mujeres polleras –falda típica del folclore hispanoamericano– sin tener la certeza de su participación en la marcha.

Ante la crítica situación, las personas reprimidas compartieron por distintos canales las pruebas de la brutal represión y la violencia ejercida por militares y policías, mientras que algunos medios de comunicación independientes organizaron colectas de material médico y frazadas –mantas– para los heridos de gravedad. Muchas mujeres durmieron a la intemperie con niños, resguardados en la carretera, al no encontrar cobijo. 

Hasta el pasado viernes solo se tenía certeza de la muerte de cinco personas –una sin identificar–, que fueron llevadas  a la morgue para la autopsia correspondiente, después de ser veladas por familiares y compañeros. Al día siguiente fallecieron otras cuatro personas por heridas graves en medio de un limitado abastecimiento del hospital de Sacaba, municipio de Cochabamba ubicado a 13 kilómetros del centro de la ciudad.

Tras las autopsias, el Decreto Supremo

Las autopsias corroboraron que la muerte de estas personas fueron causadas por disparos de arma de fuego, información confirmada por el Defensor del Pueblo de la ciudad de Cochabamba -entidad Estatal que es designada desde el Legislativo- que indica que aún son necesarios los estudios de balística para señalar de dónde provinieron los disparos, toda vez que se han decomisado armas a las personas que protestaban. Desde el periódico de Correo del Sur de Chuquisaca, un corresponsal comparte el informe policial sobre los enfrentamientos, durante la presentación de este informe “se presentó un arma larga tipo fusil modificado, bazucas artesanales, petardos y granadas de gas lacrimógeno entre otros artefactos decomisados”.

La marcha del viernes terminó en un recorrido de ambulancias para socorrer a las personas heridas y transportar a los muertos. Al día siguiente, la protesta se replicó con más participantes y salvo la contención policial no se lamentaron más muertes. Sin embargo, este sábado fue aprobado un Decreto Supremo que exime a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal si hay heridos o fallecidos cuando se haya actuado "en legítima defensa o estado de necesidad". 

Al respecto, el actual Ministro de la Presidencia en transición, Jerjes Justiniano, señaló que este Decreto "no es una licencia para matar, es un elemento disuasivo". El Decreto N° 27977, que constituye el manual al que hace referencia el Decreto Supremo N° 4078, aclara que "las normas de empleo constituyen un conjunto de prescripciones y reglas que establecen los procedimientos regulares a seguir para el empleo de la fuerza en un conflicto interno y proveen legitimidad, legalidad y parámetros dentro de los cuales una unidad empleada en un área puede administrar la violencia legal, evitando cometer excesos que quebranten las leyes y constituyan violación de derechos y garantías fundamentales".