“Con el nuevo Gobierno tenemos una tonelada de policía en cada esquina. Quieren acabar con todo pero nosotros estamos intentando resistir”. Naiada Sagri tiene 17 años y es estudiante de teatro. La mañana del 6 de diciembre, cuando se cumplen 11 años del asesinato de Alexis Grigoropoulos a manos de un policía, corea cánticos en la manifestación que recorre el centro de Atenas en memoria del adolescente. “Estamos aquí contra la violencia policial, para que eso no vuelva a pasar nunca más”.

Once años después, los movimientos sociales afrontan un punto de inflexión. Hace menos de seis meses que la derecha conservadora volvió al poder, dejando atrás cuatro años de Syriza.

En estos pocos meses, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha desplegado una estrategia destinada a restablecer “la ley y el orden”, concepto acuñado por la oposición y los medios. Más policía en las calles, un mayor cerco a las universidades o el desalojo de los espacios okupados donde vivían migrantes son algunas de las medidas que la conforman.

“¡Decenas, centenares, miles de okupaciones contra un mundo de decadencia organizada!” es uno de los eslóganes coreados en la manifestación y que responde a esta última actuación. Entre agosto y septiembre la policía desalojó siete okupas en Atenas, la mayoría, habitadas por personas migrantes y refugiadas. Hace apenas dos semanas, el Gobierno dio un ultimátum para desalojar el resto de edificios okupados antes del mismo 6 de diciembre. Aunque expirado el plazo, todavía no se ha producido ningún desalojo más.

La manifestación matutina, en recuerdo de Grigoropoulos, la protagonizaron los estudiantes, alrededor de unos 2.000 según la Policía, más del doble que el año anterior. Esta tendencia la revalidó la movilización vespertina, que reunió a 5.000, 3.000 más que en 2018. La campaña “ley y orden” de Mitsotakis ha impulsado, paradójicamente, la capacidad de convocatoria de los movimientos sociales.

Las universidades, en el punto de mira

Las universidades griegas han sido las últimas semanas un foco de actividad política algo más bulliciosa de lo habitual. “En mi facultad hacía cinco años que no se celebraba ninguna asamblea general. En lo que llevamos de curso, hemos hecho seis”, cuenta Ioanna Lila, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Panteion de Atenas. Este aumento de la actividad se debe a que “los estudiantes quieren responder a lo que está haciendo el Gobierno”, señala Lila.

En agosto, durante el parón vacacional y apenas unas semanas después de haber llegado al poder, Mitsotakis suprimió el asilo universitario. Esta ley, que impedía el acceso de los cuerpos policiales a las facultades sin el permiso expreso del rector, tiene un gran simbolismo en Grecia. En 1973, la Junta Militar de la conocida como Dictadura de los Coroneles provocó la matanza de decenas de estudiantes en la Universidad Politécnica de Atenas, cuya puerta fue derribada por un tanque.

Este episodio generó un trauma colectivo que sentó las bases para la creación de la ley de asilo universitario, que ha estado vigente prácticamente durante la totalidad de la democracia. Sólo fue suprimida durante el mandato del socialista Yorgos Papandreu, en 2011, aunque luego el líder de Syriza, Alexis Tsipras, la restauró.

Mitsotakis hizo de la supresión del asilo universitario una de sus bazas electorales. Con el argumento de que las facultades se habían convertido en “centros sin ley” donde el tráfico de estupefacientes estaba al orden del día, prometió que su partido las devolvería “a aquellos a las que pertenecen, los profesores, los estudiantes, los trabajadores”. Pero, aunque hace meses que se suprimió, Lila cuenta que “el trapicheo sigue, también fuera del recinto de la universidad, y no hacen nada. Era una excusa”.

Para la estudiante, suprimir el asilo era “una herramienta” y la verdadera motivación, allanar el camino para “poder aprobar todo el resto”. Y es que los planes del Gobierno para las universidades pasan por emprender una reforma educativa que ha levantado polémica. Una de sus medidas es la expulsión de los estudiantes que no hayan terminado el grado dos años más tarde del tiempo previsto para su finalización. “Este Gobierno juega la carta de que los estudiantes griegos somos vagos, pero esto es un mito. Los estudiantes griegos no acaban [la carrera] a tiempo porque tienen que trabajar”, rebate Lila.

Otro cambio es que la investigación universitaria, que ha pasado de depender del Ministerio de Educación al de Desarrollo, esté más subordinada a fondos y empresas privadas. Al final, “la mayor amenaza [del proyecto de reforma] es el intento de privatización de las universidades”, concluye Lila. Y sin asilo, la organización estudiantil es “más difícil”.

Una respuesta transversal

Theofilos V. es miembro del colectivo antiautoritario Alfa Kapa (AK), con base en el barrio de tradición libertaria ateniense de Exarjia. El veterano militante destaca el importante papel que juega el asilo universitario en el imaginario colectivo. “Es una institución contra la probable brutalidad policial. [El nuevo Gobierno] quiere borrar la memoria y reescribir la historia”, critica.

Pero Theofilos también ve motivos para mostrarse “optimista”. Cuenta que desde hacía años, los dos principales grupos estudiantiles pertenecían a partidos políticos, pero ahora las protestas están organizadas por un movimiento más transversal, sin siglas. Además, el descontento no se expresa sólo en las universidades: “La resistencia está dispersa por toda la sociedad. Ya no tiene la forma tradicional, segregada entre estudiantes, trabajadores y otros grupos”.

Esto, cuenta el activista, no se circunscribe sólo a Grecia, sino que se trata de una tendencia de cariz global, uno de cuyos ejemplos paradigmáticos son los chalecos amarillos. “Desde los movimientos sociales tenemos que abrir las antenas para escuchar a la sociedad y poder responder”, apostilla.

Para Theofilos, el Estado “está intentando romper los fundamentos de la resistencia social con el objetivo de fragmentar los vínculos sociales”, con tal de que el poder “se enfrente a individuos atomizados en vez de a colectivos”. Pero cree que no lo está consiguiendo. “El único efecto es que el movimiento será más firme y organizado”, asevera.

Como ejemplo, el militante apunta la movilización del pasado 17 de noviembre, el aniversario de la matanza en la Politécnica. “Hubo muchos más jóvenes, que además no seguían un pabellón concreto, de hecho muchos se unieron a nuestro bloque”. Además, también se dio una diferencia cualitativa ya que “no hubo disturbios” después de la manifestación y los pequeños incidentes los provocaron “hooligans sin conciencia política”.

La dinámica de más asistencia en las movilizaciones pero menos disturbios, una constante en años anteriores, no está teniendo un reflejo proporcional en el número de detenciones. Las cifras son casi idénticas a años anteriores o incluso mayores. Los disturbios que tuvieron lugar ayer después de la manifestación por Grigoropoulos en el barrio de Exarjia se saldaron con 40 personas, cinco más que el año anterior.

El 6 de diciembre es una fecha clave en el calendario de movilizaciones heleno desde 2008, cuando el policía Epaminondas Korkoneas disparó mortalmente contra Grigoropoulos, un adolescente de 15 años. El suceso encontró en el hastío de la juventud y en la desigual distribución de la bonanza de los años 2000 el caldo de cultivo necesario para prender la mecha de unas revueltas que se sucedieron durante tres semanas. Korkoneas fue condenado a cadena perpetua en 2010 pero salió libre el pasado julio gracias a una revisión de la pena.