Es una guerra total contra el periodismo de investigación. En esto coinciden no sólo cientos de los más prestigiosos reporteros y editores del mundo, sino también exjefes de Estado y de Gobierno, ministros, diplomáticos, líderes políticos, legisladores, premios Nobel y Pulitzer, asociaciones internacionales de juristas y de médicos, eminencias de todos los campos del conocimiento...

Pero EEUU y el Reino Unido –con la cooperación de varios de sus aliados– parecen dispuestos a violar flagrantemente las leyes internacionales y los principios básicos del derecho, así como sus propios tratados y jurisprudencia, para destruir mediante un juicio-farsa al creador de Wikileaks, Julian Assange, ya muy lesionado por haber sufrido durante una década "formas persistentes y progresivamente severas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyos efectos acumulativos sólo pueden describirse como tortura psicológica", según el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer.

Ya ha sido una pantomima el proceso legal instruido en el Reino Unido contra él: primero pretendiendo que su arresto domiciliario y confinamiento en asilo diplomático durante siete años se debía a su incriminación en un supuesto caso de abuso sexual en Suecia –un montaje de la Fiscalía sueca que retiró de golpe en cuanto ya no fue necesario para retenerlo en custodia–; luego condenándolo a una desproporcionada pena de 50 semanas de prisión en aislamiento total (impidiéndole preparar su defensa) por un presunto incumplimiento de fianza –infracción que en Gran Bretaña se suele castigar con una simple multa–; y sobre todo poniendo al frente de la causa a una jueza con interés económico y personal directo en el caso.

Una jueza con intereses personales directos contra Assange

Lady Emma Arbuthnot fue designada magistrada-jefe de Westminster en octubre de 2016 por la misma ministra de Justicia del Gobierno conservador, Liz Truss, con la que esa jueza asistió dos años antes a un encuentro confidencial de dos días a puerta cerrada en Bilbao, organizado y financiado por compañías vinculadas al British Foreign Office. El ministro británico para Europa, David Lidington, participó en ese foro anual, Tertulias, que además estuvo presidido por el propio esposo de la jueza.

Porque el marido de esa magistrada, Lord Arbuthnot of Edrom, es un exministro de Defensa cuyos estrechos vínculos empresariales y económicos con las corporaciones militares y de inteligencia británicas fueron desvelados... precisamente por Wikileaks. Y la jueza también viajó ese año con su esposo a otro de esos foros reservados para las élites políticas y empresariales: el Tatlidil, organizado en Estambul por los gobiernos turco y británico.

Tanto Tertulias como Tatlidil son encuentros reservados de alto nivel sobre los que muy poco se sabe, pero el medio de investigación británico Declassified UK ha descubierto que comparten la misma dirección postal en Reino Unido.

En resumen, Lady Arbuthnot recibió regalos y viajó a gastos pagados por una compañía militar y de ciberseguridad vinculada a su marido, cuyas relaciones fueron destapadas por Wikileaks, pero se negó a aceptar ningún conflicto de interés al juzgar el caso Assange desde 2017 hasta mediados de 2019, emitiendo dos controvertidos veredictos que consumaron el cerco judicial contra él.

Emma Arbuthnot ya no preside directamente el tribunal británico que juzga a Assange y decidirá este lunes sobre su extradición a EEUU, pero es la magistrada jefe de los 300 jueces de distrito de Inglaterra y Gales, con "responsabilidad de liderazgo" sobre todos ellos, y sigue dirigiendo y orientando el trabajo de los jueces bajo su mando, que emitirán el veredicto.

Más aún, el hijo de Arbuthnot, Alexander, está vinculado financieramente a una compañía creada por la inteligencia del Reino Unido para combatir las filtraciones de información sensible, Darktrace, en la que trabajan agentes especializados contratados directamente a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU.

Ahora bien, si Assange es extraditado a EEUU, serán precisamente esos servicios secretos estadounidenses los que controlarán el jurado del otro juicio-farsa con el que se pretende acabar con el creador de Wikileaks por atreverse a desvelar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense.

Un jurado escogido entre empleados de la CIA y la NSA

Como exponen los juristas internacionales Lawyers for Assange, en EEUU Assange será juzgado "en el infame 'tribunal de espionaje' en procedimientos secretos ante un jurado elegido por una población en la que la mayoría de las personas elegibles para la selección del jurado trabajan para la CIA, la NSA, el Departamento de Defensa o el Departamento de Estado".

Pero eso no es todo. Fueron la CIA y la NSA las que contrataron a la empresa española Undercover Gobal, S.L. –actualmente bajo investigación en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional– para que espiara ilegalmente a Assange durante su asilo en la embajada de Ecuador en Londres, cuya seguridad perimetral estaba encargada a esa compañía UC Global con sede en Jerez de la Frontera.

UC Global grabó en vídeo secretamente todas las reuniones de Assange con sus abogados y asesores –además de a los médicos y otros visitantes que recibió en su confinamiento–, de forma que tanto los fiscales militares de EEUU como los miembros del jurado tendrán acceso a esas grabaciones ilegales de las conversaciones del inculpado con su equipo defensor.

Sólo ese hecho invalida irremediablemente todo el procedimiento judicial instruido en secreto por EEUU contra Assange, porque viola sus derechos fundamentales de defensa legal en virtud del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el "derecho a un proceso equitativo".

Una Ley de Espionaje diseñada para perseguir disidentes

Sin embargo, hay muchos otros motivos jurídicos para desestimar, por ilegal, la demanda de extradición de EEUU, empezando por el hecho de que 17 de los 18 cargos contra Assange se basan en la Ley de Espionaje de 1917, promulgada específicamente para la persecución política de disidentes y activistas antiguerra en su momento, y cuyo propio nombre certifica su naturaleza intrínsecamente política.

No sólo el Tratado de Extradición entre el Reino Unido y EEUU prohíbe específicamente la extradición por delitos políticos en su artículo 4, sino que la extradición política está también prohibida por los principios del derecho internacional, como en el Convenio Europeo de Extradición de 1957 (artículo 3), en el Tratado Modelo de Extradición de la ONU (artículo 3a), en el Estatuto de la OIPC-Interpol, y en todos los tratados bilaterales ratificados por Estados Unidos desde hace más de un siglo.

Otro de los motivos para su desestimación es el temor fundado de que Assange sufra tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante en EEUU, puesto que las autoridades de ese país ya han anunciado que sería condenado a una pena de 175 años –en ese país las penas se cumplen hasta el fallecimiento del reo– en una prisión de máxima seguridad, aislado de todo contacto exterior y sometido a confinamiento en solitario 20 horas diarias.

Además, en una de sus peticiones a la Corte británica, las autoridades estadounidenses admiten abiertamente que a Assange se negarán las protecciones a la libertad de expresión y de prensa garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, aduciendo que no le corresponde ese derecho por no ser ciudadano norteamericano.

Finalmente, la extradición a EEUU de un editor y periodista por realizar actividades periodísticas en Europa y revelar verazmente los crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense, equivaldría a condenar a muerte la libertad de prensa para acallar bajo amenaza de durísimo castigo a los alertadores o whistleblowers, cuya defensa y protección acaba de sancionar la Directiva de la UE promulgada el 17 de diciembre de 2019.

Un vídeo de militares disparando contra heridos y niños

En este caso está demostrado que lo que busca EEUU es castigar la divulgación de materiales como el vídeo del Ejército conocido como "Collateral Murder", en el que la tripulación de un helicóptero militar estadounidense ametralla de forma indiscriminada a un grupo de civiles, matando a una docena de ellos, incluidos dos fotógrafos de Reuters. Lo más terrible de las imágenes es que se ve cómo después rematan a tiros a los heridos y disparan a sabiendas incluso contra niños.

En el vídeo se puede escuchar cómo uno de los militares norteamericanos dice: "Está herido", refiriéndose a una víctima que se arrastra. "Estoy disparando", agrega, y todos ríen. Entonces llega una furgoneta y el conductor baja a auxiliar a otro herido. Con él van dos niños y los militares del helicóptero comentan que es culpa suya por llevar a sus hijos a la guerra, antes de abrir fuego de nuevo, alcanzando al herido, el padre y un niño en pleno rescate. Es el paradigma de un crimen de guerra y su difusión exclusiva constituye el mejor ejemplo de periodismo de investigación.

"Inculpado por pedir, recibir y publicar información"

Como subraya el exdirector del diario The Guardian Alan Rusbridger, "de lo que se acusa a Assange es lo mismo o muy similar a lo que se hace en periodismo y es sorprendente que no haya más gente que vea las inquietantes implicaciones que tiene este caso para todos los periodistas".

En otras palabras, "Assange está inculpado de pedir información, recibir información y publicar información", constata Barton Gellman, periodista ganador de los premios Pulitzer y Emmy. "Y no me importa decir que eso es exactamente lo que yo hago".

El filósofo y escritor Noam Chomsky recuerda que los métodos empleados por el espionaje de EEUU para desacreditar y destruir psicológicamente a Assange antes de su juicio, con el objetivo de que la opinión pública internacional no reaccione a esa farsa con indignación, son los de siempre:

"Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Papeles del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del Gobierno de Estados Unidos sobre Vietnam, los fontaneros de la Casa Blanca de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje".

Exactamente eso mismo, pero con una técnica mucho más sofisticada y prolongada en el tiempo, es lo que se hizo con la ayuda de la Fiscalía sueca al fabricar un montaje policial imputando a Assange abusos sexuales, pese a que ninguna mujer le acusó nunca de eso –el testimonio de la afectada (sólo pedía que él se hiciese la prueba del sida tras mantener relaciones sexuales consentidas) fue manipulado por la Policía y filtrado a la prensa sensacionalista en cuestión de horas–; perpetuando durante años la ficción de que se seguía un procedimiento judicial, pero negándose a tomar declaración al acusado en la embajada donde estaba asilado; y finalmente retirando los falsos cargos en cuanto la Corte Suprema de Suecia exigió pruebas concretas y ya no era necesaria esa falsa imputación para retener a Assange en Londres.

Las consecuencias de todo esto para el futuro del periodismo son devastadoras. Como explicaba el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, a la revista suiza Republik:

"Si el periodismo de investigación es clasificado como espionaje y puede ser perseguido judicialmente en todo el mundo, entonces la censura y la tiranía imperarán. Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos. Los crímenes de guerra y las torturas no están siendo encausados judicialmente. Circulan vídeos en YouTube donde soldados norteamericanos alardean de empujar a mujeres iraquíes al suicidio mediante violaciones sistemáticas. Nadie lo investiga. Y al mismo tiempo una persona que revela estas cosas está amenazada con una pena de 175 años de cárcel. Durante todo una década ha sido abrumado con acusaciones que no se pueden probar y que lo están destruyendo. Y no se hace nadie responsable, ni se exige responsabilidades. El contrato social se está erosionando y si no exigimos que alguien rinda cuentas también nosotros perderemos nuestros derechos antes o después. El poder corrompe si no se vigila".