Un día antes de que tenga lugar el consejo de ministros de Energía de la Unión Europea, nueve estados miembros han insistido en que el bloque no debería intervenir en los mercados eléctricos. 

Estos nueve países, capitaneados por Alemania, consideran que, a pesar de la falta de gas y la subida del precio del kilovatio que esta carestía tiene asociada, la intervención europea podría mermar, a largo plazo, la seguridad de suministro y el desarrollo de las renovables. 

El documento, que ha sido firmado por Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Austria, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia y Alemania este miércoles, recoge que no apoyarán "ninguna medida que represente una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado de electricidad y gas". 

Además, lo han hecho público en vísperas de la reunión de los ministros de Energía del bloque comunitario. Un encuentro en el que debatirán acerca de los precios de la energía, que han alcanzado máximos históricos este otoño.

Por otro lado, desde España se ha insistido a Bruselas a autorizar "medidas excepcionales" que acoten el precio del gas o, de manera temporal, dejarlo fuera del sistema marginalista de precios.

Esta propuesta, a pesar de tener el respaldo de otros estados, como Rumanía o Francia, terminó topándose con la negativa europea, alineada con la opinión de Alemania y el resto de países firmantes del documento.

El informe de la ACER

Estos nueve países se basan en los resultados del informe de la Agencia europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). En función a su análisis, concluyen que intervenir en el mercado puede "poner en peligro la seguridad del suministro", dado que varios agentes del mercado no recuperarían lo invertido. 

Además, opinan, los costes de integración de las energías renovables se verían incrementados, al menos los variables a largo plazo. 

Y, a la espera del próximo informe, que será publicado en abril de 2022, continuarán buscando "más opciones dentro del marco de mercado existente", dado que consideran que las herramientas fiscales que ofrece la Comisión Europea son suficientes para hacer frente a la subida histórica de gas a la que nos enfrentamos.