La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se va a dirigir este lunes al embajador de Estados Unidos en España para pedir, al igual que otras organizaciones internacionales, la retirada de todos los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de que un tribunal británico decidiera denegar su extradición por razones de salud.

A pesar de que la resolución de la justicia británica "dista mucho de amparar el derecho a la información y las filtraciones periodísticas", afirma la PDLI en un comunicado, "puede suponer un primer paso para la libertad definitiva de Assange".

Antes de conocer la decisión judicial, la PDLI (igual que ha venido haciendo en relación con este caso en los últimos años) remarcaba la trascendencia de la misma para la libertad de prensa y la seguridad de fuentes y periodistas que publican filtraciones: "Si Julian Assange hubiese sido extraditado por publicar información, ningún periodista estaría a salvo en Europa", recordaba una vez más el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.

La presidenta de la PDLI y directora de Público, Virginia Pérez Alonso, también destacaba el alcance de este juicio: "La persecución al fundador de Wikileaks es un claro aviso a navegantes. Los nueve años que lleva encerrado y la petición de extradición a EEUU buscan provocar un claro efecto disuasorio en otros periodistas. Y esto es devastador para la libertad de información".

De haber sido extraditado, Assange se enfrentaría a una posible condena de más de 175 años de prisión por la aplicación de dos normas muy polémicas que no cuentan con las suficientes garantías: la Ley de Espionaje y la Ley de Fraude informático (Computer Fraud and Abuse Act), subraya la PDLI.

"Assange merece especial protección, ya sea en tanto que whistleblower o como periodista. La difusión por su parte de ciertos datos podría ser ciertamente problemática desde una perspectiva legal, pero ello no hubiese justificado la extradición", puntualiza Joan Barata, jurista experto en estándares internacionales sobre libertad de expresión, y miembro de la PDLI.

Los cables españoles y la ‘Ley Sinde’

La PDLI también ha recordado el papel de Wikileaks en la defensa de la libertad de Internet, en el contexto de la aprobación en España de la contestada Ley Sinde:

"Wikileaks reveló los cables de la embajada estadounidense en España que demostraban la subordinación de nuestros poderes públicos a los intereses de la industria del entretenimiento", recordaba el director legal de la PDLI, quien, además, aparece mencionado en los documentos revelados por la plataforma de Assange como Surfer’s Lawyer por su actividad en redes sociales contra la norma de copyright.