En su novela Soul Circus, el novelista de Washington George Pelecanos hace decir al detective Derek Strange: "No creo que ningún gobierno debiera matar a sus ciudadanos… en la mayoría de los países civilizados donde no tienen la pena de muerte casi no tienen asesinatos … han sacado las armas de las calles y tienen poca pobreza… todo va sobre políticos que quieren aparentar ser tan duros como para ser reelegidos la próxima vez. Es una mierda". Es la definición perfecta de la estrategia de Donald Trump ahora que quedan menos de cien días para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Tras 17 años sin ninguna ejecución en las prisiones federales, el presidente ha forzado las tornas para hacer regresar la pena capital y entre el 14 y el 17 de julio fueron ejecutados tres presos. No quedará ahí la cosa: en agosto hay otras dos penas de muerte programadas, los días 26 y 28.

Tras vencer en su pulso judicial, la administración Trump logró que se ejecutara a Daniel Lewis Lee, de 47 años, la mañana del 14 de julio, en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. La inyección letal acabó con su vida, según el parte médico, a las 8.07 horas. La crónica del Indianapolis Star contó que unos 20 testigos presenciaron la ejecución en cuatro habitaciones separadas. Éstos aseguraron que el preso tardó dos o tres minutos en morir. Lee, en su día supremacista blanco, fue condenado hace más de 21 años (mayo de 1999) por el asesinato en enero de 1996 en Arkansas de William Mueller, su mujer Nancy y la hija de ésta, Sarah Powell, de ocho años. La última ejecución en una cárcel federal había ocurrido 17 años atrás, cuando en 2003 se le proporcionó la inyección letal a Louis Jones Jr., un veterano de la Guerra del Golfo acusado de matar a una soldado de 19 años.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en Estados Unidos hay 28 Estados donde la pena capital es legal, además de las jurisdicciones federal y militar. Por su parte, The Marshall Project, una ONG que vela por el sistema judicial en Estados Unidos, revela que 14 Estados y la jurisdicción federal la han aplicado desde 1976. Destaca Texas con 570 ejecuciones, seguido por Virginia (113), Oklahoma (112) y Florida (99). En lo que llevamos de año, cinco Estados y la administración federal han ejecutado un total de diez presos. Texas y la administración Trump lideran la clasificación (con tres penas de muerte aplicadas en cada caso); le siguen, con una, Alabama, Georgia, Misuri y Tennessee.

En las prisiones federales (entre la jurisdicción civil y la militar) había en julio 59 personas en espera de ser ejecutadas. En 1988 la pena de muerte federal se reinstauró y entre ese año y 2003 la administración aplicó la pena capital a seis presos; entre 1927 y 1988, la habían recibido un total de 31 personas. Sin embargo, la administración de George W. Bush no aplicó ninguna pena de muerte y tampoco la de Barack Obama, lo que provocó la parálisis de 17 años que Trump ha roto en pedazos con tres ejecuciones en cuatro días.

Así que la de Daniel Lewis Lee no fue un caso aislado y excepcional. Era la puerta abierta por la que llegarían más, una puerta orientada hacia un punto concreto, las elecciones de noviembre, y para generar una corriente particular: la de tratar de recabar votos para su candidatura entre los sectores más conservadores y recalcitrantes. Al día siguiente fue ejecutado Wesley Ira Purkey, de 68 años, condenado en 1998 por el asesinato y descuartizamiento de una joven en Kansas City; el 17 de julio le llegó el turno a Dustin Lee Honken, de 52 años, condenado por el asesinato de tres adultos y dos chicas adolescentes en 1993. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, para el 26 de agosto está fechada la inyección letal de Lezmond Mitchell y dos días después, la de Keith Dwayne Nelson.

Trump ha logrado así su objetivo, al que su administración se ha dedicado con el denuedo y la tenacidad que sólo le otorga a los asuntos prioritarios. El 25 de julio de 2019 la maquinaria empezó a funcionar. Ese día, el Departamento de Justicia (equivalente al ministerio) anunció que el fiscal general William Barr hubo ordenado a la Oficina Federal de Prisiones adoptar un protocolo actualizado y un calendario de ejecuciones para cinco presos en el llamado corredor de la muerte. El 20 de noviembre, un juez bloqueó el intento del gobierno federal de iniciar las ejecuciones en diciembre. Pero esta parálisis recibió un primer golpe el pasado 29 de junio, cuando el Tribunal Supremo desestimó las reticencias sobre el protocolo de inyección letal del gobierno federal. El candado se había roto: sólo había que empujar la puerta y abrirla.

Con la sentencia del Supremo en la mano, se fijó la ejecución de Daniel Lewis Lee para la tarde del 13 de julio, pero un juez de Indiana ordenó suspenderla. El lunes 13 de julio termina y Lee sigue vivo: está a la espera de que el Supremo valore el recurso del juez estatal. Pero el alto tribunal debe pronunciarse en cualquier momento y todo ha de estar preparado. Lee vive en un punto muerto. Según la Oficina Federal de Prisiones, pasó cuatro horas atado a la camilla esperando la decisión del Supremo. Permaneció junto a su abogado y su consejero espiritual. El alto tribunal desestimó el recurso y la ejecución se fijó a las 8.00 horas del martes. Antes de colocar al preso en la camilla donde sería ejecutado, se le concedió la oportunidad de pronunciar unas últimas palabras. Según el Indianapolis Star, fueron: "No lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Estáis matando a un hombre inocente". A las 8.07 horas Lee había dejado de existir. El fiscal Barr emitió un comunicado celebrando que "finalmente Lee encaró la justicia que merecía". La abogada de Lee, Ruth Friedman, en otra nota de prensa, señaló: "Es una vergüenza que el gobierno federal haya considerado oportuno llevar a cabo esta ejecución en medio de una pandemia". Lo cual es otro indicador de hasta qué punto es éste un tema prioritario para Trump.

Según el Proyecto de Justicia Criminal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, en Estados Unidos había el 1 de enero de 2020 un total de 2.620 presos en el corredor de la muerte. Las ejecuciones en todos los Estados se paralizaron por el Tribunal Supremo en 1972 y cuando todo parecía indicar que pasarían a la historia, otra sentencia del alto tribunal de 1976 reinstauró la pena capital. Desde ese año y hasta el pasado julio, los Estados han ejecutado a 1.516 personas. En 2005, varios Estados impulsaron un referéndum entre sus ciudadanos a fin de abolir la pena de muerte. Se trató de California, Oklahoma y Nebraska. En los tres se consiguió lo contrario: la voluntad del pueblo fue revalidarla de nuevo.

Tras las primeras tres muertes en las prisiones federales en 17 años, el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Robert Dunham, señaló en un comunicado: "Las autoridades federales no deben infringir ni torcer la ley en sus esfuerzos por hacerla cumplir. La administración [Trump] fijó nuevas fechas de ejecución sabiendo muy bien que se estaban litigando activamente cuestiones adicionales en ese caso. Fijar fechas de ejecución próximas en el tiempo a la emisión de las órdenes judiciales sobre esas penas de muerte garantizaba [a la administración] que los prisioneros no pudieran litigar todas las reclamaciones por falta de tiempo. Un gobierno comprometido con la ley debe respetar el proceso legal".

"El calendario de las ejecuciones, programando [inicialmente] tres en cinco días tras 17 años sin haber realizado ninguna, es un desprecio al sentido común y las prácticas del buen gobierno", añade Dunham. "Uno habría esperado que con el paso de tantos años el gobierno hubiera fijado un calendario adecuado tomando todas las precauciones para minimizar los riesgos de que algo pudiera ir mal".

Ante la pena de muerte aplicada a Lee, el hijo de William Mueller, Scott, ha asegurado a The Marshall Project: "Para ser honestos, ni siquiera quiero hablar más de esto. Quiero centrarme en mis cosas. Siento que la justicia ya se hizo. No había vuelto a escuchar nada de esta historia hasta ahora, con la ejecución. No le desearía esta experiencia a nadie".

Dunhan, finalmente, concluye: "Tras 17 años sin ninguna ejecución federal, ¿qué ha cambiado para que sea tan importante llevar a cabo ejecuciones ahora, en medio de una pandemia?". Las elecciones del 3 de noviembre y las malas encuestas para Trump son una posible respuesta.