Con el gobierno de coalición PSOE-UP en marcha, se inicia en la práctica la XIV legislatura. Se le da así carpetazo a la número XIII, estropeada en muchos aspectos: la más corta del posfranquismo y la más irrelevante desde la perspectiva de la acción de gobierno o de la elaboración legislativa, con una composición de la cámara que imposibilitó tanto un acuerdo de gobierno como una solución de consenso a alguno de los problemas pendientes de abordar en el Estado; una legislatura que, a pesar de todo, puede que se salvase simbólicamente con la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y que puede reivindicarse, a pesar de la poca repercusión en los medios, como la de mayor presencia de mujeres en el Congreso en la historia de España.

La XIII fue una legislatura más crispada de lo habitual. La entrada en el Parlamento de la extrema derecha y la pérdida de escaños de otros agentes de ese espacio político, por la bajada de PP y Cs, promovió una retórica de confrontación que marcó, en cierto sentido, la agenda de las Cortes. Se dramatizaron temas relativamente banales como el debate sobre las fórmulas de acatamiento de la Constitución. Se comparó radicalmente en temas de respeto a los derechos de ciudadanía, como sucedió en la toma de posesión (y luego en la suspensión) de los diputados procesados por el referéndum catalán del 1 de octubre. Se agregó munición pesada en la guerra de relatos entre spin– doctors, adoptando etiquetas surrealistas, fakes y memes, como elementos principales de comunicación política contribuyendo en la dificultad –y, finalmente, imposibilidad– de negociar acuerdos o compromisos para lograr una investidura y conformar gobierno.

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En medio de todo este ruido, pasó casi desapercibido que el equilibrio de género en las bancadas del Congreso consiguió en 2019 la mejor cifra de las catorce legislaturas: de las 350 actas, 166 fueron recogidas por diputadas, el 47,4%. Se trató de un nuevo avance en la posición de las mujeres, que, lento, pero prácticamente continuo, se venía produciendo en cada legislatura. Este hito tuvo relevancia especial en la representación gallega: quince mujeres y ocho varones ocuparon los veintitrés escaños de Galicia, un 65,2% de mujeres. Y tenemos que hablar en pasado porque, lamentablemente, este reparto no se repite en la actualidad, ni a nivel estatal, con 150 diputadas en 350 escaños, un 42,8%, ni en la delegación gallega, con 12 de 23, un 52,2%.

Un vistazo a la gráfica de la evolución de la paridad en el Congreso muestra esa línea ascendente prácticamente continua desde la legislatura constituyente, que cambia luego del 10N de 2019. Llama la atención cómo la representación gallega acompañó este cambio a un ritmo similar al promedio hasta 2008, en que el cambio se acelera, y 2016 en que Galicia supera el 50% de diputadas que mantiene en la actualidad a pesar de la bajada producida en las últimas Generales. Queda por ver si el bajón de esta XIV es una anécdota en el camino de la paridad o marca un punto de inflexión, y hace realidad las advertencias de algunas diputadas que remarcaban, en declaraciones a Luzes, la facilidad con que se pueden derramar los logros que parecen más consolidados.

La Constitución española considera los partidos políticos como entes privados de carácter asociativo y no como órganos constitucionales. Puede ser este el motivo por lo que la legislación específica, la Ley orgánica de partidos políticos de 2002, apenas entra a definir en qué consiste el “funcionamiento democrático” que el artículo 6 de la Constitución les exige. Puede ser este –también– el motivo de que no sea en esta ley, sino en la electoral (LOREG), con la reforma de 2007, donde se establecen por primera vez cuotas de varones y mujeres en las listas.

La escasísima presencia de mujeres en las primeras legislaturas (inferior al 10% de la cámara hasta el año 89) no preocupaba los partidos, que en los años ochenta incluso prohibían a sus diputadas juntarse para promover transversalmente el acceso de más mujeres en las listas electorales. No imaginaban –seguramente– que intentaban poner puertas al mar. Que aquellas reuniones y almuerzos clandestinos vislumbraban una dinámica intra e interpartidaria, solidaria y competitiva al mismo tempo, protagonizada por ellas, para ocupar –compartir– el poder. Sin deberes legales, son las demandas y la presión de los movimientos de las mujeres militantes lo que, en algunos partidos, cristaliza en normas internas de cuotas más o menos formalizadas. En aquellos momentos de los años 70 y 80, ellas tuvieron la capacidad de superar los límites partidarios, e incluso ideológicos, para buscar fórmulas de ampliar los espacios de poder para las mujeres.

La exdiputada Nona Inés Vilariño recuerda para Luzes aquella época como un recordatorio para las actuales diputadas: “superada la barrera de la representación numérica, cobra un enorme interés el papel que las mujeres estén dispuestas a desarrollar en el seno de sus partidos y de los grupos parlamentares. Solo un esforzado proyecto de trabajo en común de las que, por caminos diferentes, están comprometidas con la igualdad real, tendrá la fuerza suficiente para ganar primero la legislación, que aún está por finalizar, y luego la efectiva aplicación del legislado”. Vilariño, que fue también concejal en Ferrol, cuenta que eran muy conscientes en aquella legislatura constituyente de la importancia de introducir con rango constitucional la igualdad entre mujeres y hombres en el artículo 14 de la Constitución: “hay que situarse en aquel contexto histórico, sociológico, político y legal para entender cuánto y cómo tenía que cambiar la situación de la mujer con la obligada aplicación de este artículo”.

El trece de julio de 1977, la profesora Nona Inés Vilariño Salado tomaba posesión de su acta de diputada en las Cortes constituyentes preconstitucionales del posfranquismo. Había salido elegida por la circunscripción de A Coruña en el cuarto puesto de las listas de UCD. Era una de las tres mujeres de la delegación gallega, junto con la periodista Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre (Victoria Armesto), elegida como cabeza de lista de AP por la Coruña, y la bancaria Elena Moreno González, sexta en la lista de UCD de Pontevedra.

Victoria Armesto, cabeza de lista por la Coruña del partido de Fraga, fue también diputada (la única gallega) en la segunda legislatura, en la que pasó al grupo mixto abandonando el suyo –y posteriormente la política– por discrepancias sobre la posición abstencionista de AP en el referéndum de la OTAN. Ella pedía el voto afirmativo porque: “la abstención es equivalente a un no a la OTAN y, en consecuencia, a un no a Europa”. La periodista fue la primera vicepresidenta del Congreso y la única mujer en aquella Mesa que reguló los trabajos de elaboración de la Constitución del 78.

Elena Moreno dejó la política luego de la primera legislatura. Estaba en aquella famosa foto interpartidaria de las mujeres diputadas del 79, pero ya no aparecía en las listas de UCD en el 82. Así que no participó en el derrumbamiento electoral del partido de Suárez, que dejó fuera del Congreso a Vilariño, a pesar de ir de segunda por A Coruña. Supimos de nuevo de Moreno muchos años después, como víctima del Alvia... pero esa es otra historia.

Sonsoles López Izquierdo, que fue diputada del PSdG por la circunscripción de Lugo en la fugaz XIII, reivindica la aportación de las pioneras a la paridad en la política y hace para Luzes “un reconocimiento expreso a las que formaron parte de la legislatura constituyente... en un mundo hecho a la medida de los hombres, no consiguieron todas sus aspiraciones, pero gracias a ellas estuvimos representadas y defendidas”. Considera la exdiputada el Pacto de Estado contra la violencia de género un ejemplo del que ese lobby interpartidario de mujeres diputadas podría conseguir, y nos acerca una cita de Michelle Bachelet: “cuando una mujer entra en la política cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en la política, cambia la política”. Esta visión de la paridad como un objetivo no solo de justicia de género en el reparto del poder político entre mujeres y varones, sino como una propuesta de cambio estructural de las formas de hacer política, contrasta para López Izquierdo con lo visto desde el último año en el Congreso que amenaza con que el cambio, de haberlo, no sea prometedor. Igual no llega con que haya más mujeres para que algo mude. Igual tienen que tener más poder y menos influencia.

Izquierdo, lo mismo que Beatriz Pino, Marta Rivera y Ana Pastor, no repitieron como diputadas gallegas luego del 10N por diversas circunstancias. En el primer caso, por no concurrir ya en la lista del PSdG por Lugo. En el segundo, la cabeza de lista de Ciudadanos por Pontevedra repite puesto, pero no consigue los votos necesarios para obtener el acta. En el tercero, la diputada de Ciudadanos por la circunscripción de A Coruña duró menos en el escaño que la legislatura. Activista de Galicia Bilingüe, que había sido ya electa por el mismo partido en las dos legislaturas anteriores en la circunscripción de Madrid, dejó el escaño al ser nominada concejala de Cultura de la CAM por el gobierno madrileño, el “trifachito” encabezado por Díaz Ayuso. Su puesto en el Congreso y en cabeza de lista de A Coruña lo ocupó María Vilas, que fracasó en el intento al no conseguir el 10N los votos necesarios para repetir. El caso de Ana Pastor es diferente, ya que sigue en el Congreso como diputada, pero por otra circunscripción.

Se habla de que, en política, los varones son insustituibles y las mujeres intercambiables. En la representación gallega se dan casos que claramente lo desmienten. Si alguien proyecta una imagen de poder y permanencia en política es Ana Pastor. La diputada del PP (antes por Pontevedra y ahora por Madrid), es probablemente una de las mujeres con más poder institucional –y durante más tiempo– en la historia del posfranquismo español. Es la suya una presencia política constante y consistente, al otro lado de los vaivenes de su partido. Lleva siendo diputada en las Cortes ininterrumpidamente desde el año 2000 y van ocho legislaturas. Ministra de Sanidad con Aznar y de Fomento con Rajoy, fue presidenta del Congreso entre 2016 y 2019. En la actualidad se mantiene en la Mesa como vicepresidenta segunda y, por tanto, en la diputación permanente. Ha sido apodada como la “escudera leal” de Rajoy, restándole así mérito propio a su carrera política. Mas el tiempo pasa y ella sobrevive a líderes y purgas internas. Sobrevivió a Rajoy como antes lo hizo con Romay Beccaría, con Aznar... y el tiempo dirá a quién más.

Pilar Cancela no lleva tanto en el Congreso como Pastor, esta es su cuarta legislatura (en cuatro años), pero es también un ejemplo de carrera política consistente. Directora general en el gobierno de coalición PSdG–BNG y antes, brevemente, en el gobierno de Fraga. Secretaria de Organización del PSdG, le tocó dirigir la gestora socialista luego de la dimisión de Besteiro hasta la elección de Caballero, una época difícil para el partido en Galicia. Estuvo en todas las quinielas de ministrables en los tres procesos de formación de gobierno de Pedro Sánchez, aunque ella siempre eludió manifestar sus ambiciones y, por ahora, sigue como diputada.

Para Cancela, en respuesta a preguntas de Luzes, “todo lo que suponga ocupar espacios de las mujeres en cualquier ámbito de la toma de decisiones y empoderarnos, siempre es positivo y supone sumar en la conquista de posiciones que, per se, nos corresponden al ser más del 50% de la sociedad. Si hablamos del espacio político, nuestra presencia mayoritaria es decisiva. Resulta evidente que ese resultado deriva de la apuesta más o menos comprometida que cada organización política muestre con hechos, sea con listas paritarias o cremallera, gracias al cual se consigue esa representación femenina. Aun así, queda mucho por lo que pelear en el espacio público”.

La diputada socialista considera dos sus prioridades: “mi país, Galicia, y la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todas y todos”. Era presidenta de la Comisión de igualdad del Congreso cuando se consiguió el acuerdo del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y cuenta que, en la actualidad, a pesar de las dificultades que la diputada ve en avanzar en la agenda feminista con la presencia de la ultraderecha en la cámara, es necesario marcarse nuevas metas: “Los objetivos tienen que ser conseguir representación paritaria también en los distintos órganos del Congreso y Senado. Y no solo en las mesas de las Cámaras. Me refiero a las presidencias de comisiones (y no solo en las de contenido «social») y como portavoces de las distintas áreas y mismo de los grupos parlamentarios. El empoderamiento, en definitiva, aun está pendiente”.

Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo, diputada también en su cuarta legislatura –en esta ocasión por la coalición Galicia en Común y la circunscripción de Pontevedra–, evaluaba para Luzes en 2019 como un éxito la presencia de mujeres en las Cortes: “Es más necesario que nunca, ahora sabemos que los derechos que parecían irreversibles pueden perderse, los derechos son conquistas que tenemos que defender y ejercer. Sin mujeres no hay verdadera democracia y sin paridad no hay verdadera representación”.

Díaz tiene una amplia, diversa y ascendente trayectoria política que desmiente la idea de la fugacidad o de la falta de ambición de las mujeres en la política. Ambos son obstáculos para la acumulación de poder, que hace que seamos intercambiables y por tanto prescindibles. Militante de Izquierda Unida, fue candidata a la Xunta por esta formación en 2005 y 2009 quedando fuera del Parlamento gallego. En 2007 consiguió acta de concejala en Ferrol y participó como teniente de alcalde en el gobierno de coalición con el PSdG. En 2012 entra en el Parlamento gallego acompañando a Orillas en la candidatura de AGE por la Coruña, dejando el escaño en 2015 para ocupar el segundo puesto en la candidatura de la coalición En Marea a las generales por la Coruña e iniciar su trayectoria en las Cortes.

En estas cuatro cortas legislaturas, su protagonismo como portavoz del grupo y como referente de parte en los debates internos y en la ruptura de En Marea consolida su figura como pilar de esa concreta línea política, llegando a ocupar un ministerio en el gobierno de coalición. La propia Díaz reflexionaba así sobre su trabajo parlamentario: “La verdad es que yo siempre asumí responsabilidades en materias típicamente masculinas hasta ahora: Trabajo, Industria o Energía. Pienso que uno de los retos es demostrar en la práctica que no hay temas de hombres ni de mujeres, que las mujeres (y los hombres) deben atender a todas las materias, porque a todas nos afecta”.

No era Díaz tan optimista como López Izquierdo sobre la correlación entre el número de mujeres y la calidad de las políticas: “espero que la presencia de las 166 mujeres en el Congreso (de 350) permita consolidar los logros y avanzar en la agenda feminista, pero ya aprendemos que algunos discursos antifeministas se dan por boca de mujeres”. El tiempo parece darle la razón. Una vez conseguido el consenso sobre la idea de que la paridad es un objetivo democrático para toda la sociedad, este pequeño pero relevante retroceso en el camino que supone la actual composición del Congreso corre el riesgo de ser banalizado. Para que no quede en anécdota, hay cosas que se pueden hacer. Es posible una revisión de la Ley electoral, como se hizo en 2007, para adaptarla al escenario fragmentado actual, o la introducción en la Ley de partidos de la paridad en las directivas como expresión de funcionamiento democrático. La crisis del coronavirus paralizó la actividad parlamentaria, y parece complicado que este tema encuentre un espacio en la agenda legislativa de la XIV.