Profesor Asociado, Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra

Empieza el año y vuelven las devoluciones en caliente. Empieza el año y vuelve a ponerse de manifiesto que Ceuta y Melilla siguen siendo territorios de excepción.

Desde hace décadas, en Ceuta y en Melilla cohabitan dos manifestaciones distintas de excepcionalidad.

La primera deriva del estatus jurídico-político diferenciado que la arquitectura institucional española y comunitaria les reserva: Ceuta y Melilla no están constituidas en Comunidades Autónomas ─son Ciudades Autónomas sin capacidad legislativa─, tampoco forman parte del espacio aduanero de la Unión Europea, el Tratado de Schengen se despliega en ellas con notables singularidades y, formalmente, están fuera del paraguas de protección de la OTAN.

Este estatus especial convierte a ambas ciudades en dos claras “excepciones de Estado”. Y, por supuesto, resulta evidente que los fundamentos de este carácter excepcional no pueden disociarse de las harto conocidas disputas hispano-marroquíes sobre la soberanía de estos y otros territorios norte-africanos.

La segunda manifestación de excepcionalidad (intensamente enmarañada con la primera) deriva del papel que Ceuta y Melilla juegan en el marco de las dinámicas globales de control migratorio/fronterizo. Estas dinámicas, como es sabido, suelen caracterizarse por la tensión entre las tan cacareadas (y no siempre fáciles de definir) necesidades securitarias, por un lado, y la necesidad/obligación de proteger los derechos humanos, por el otro.

Ésta, la segunda de las manifestaciones que confieren a Ceuta y Melilla la categoría de territorios de excepción, regresó una vez más a la palestra tras las devoluciones de migrantes (o rechazos en frontera desde la óptica ministerial) que trataron de saltar el vallado de Ceuta el pasado 1 de enero, y que fueron denunciadas por Amnistía Internacional. Estas prácticas son una de las derivadas de la estrategia de disuasión y contención de la inmigración irregular que el gobierno español (en estrecha cooperación con el de Marruecos) ha desplegado durante las últimas décadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.

A golpe de fronterización, vallado, expulsión, devolución y detención, las ciudades de la Unión Europea en África se han convertido en territorios limbo: zonas de transición entre dos límites territoriales político-administrativos distintos ─las vallas cortantes que separan a las ciudades del resto de África, y las fronteras marítimas que las separan del resto de la UE─, donde la alarma de la vulneración de los derechos humanos se activa con demasiada frecuencia.

Ceuta y Melilla están ubicadas en los márgenes territoriales de la Unión Europea, y en excesivas ocasiones, y en lo tocante a la gestión migratoria, en ellas rigen lógicas que operan en los márgenes de la legalidad. En las ciudades norteafricanas se siguen pudiendo observar con nitidez los excesos sistemáticos provocados por la naturaleza ultra-selectiva del régimen de movilidad humana que opera en las fronteras exteriores de la UE. Empieza el año. Prosigue la excepción y persiste la extralimitación.