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Varias ONG han denunciado en numerosas ocasiones que las fuerzas de seguridad realizan redadas racistas en España. Archivo

Expertos del Gobierno instan a Rajoy a frenar el maltrato policial y los abusos en las cárceles

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El grupo designado para elaborar el informe previo al II Plan de Derechos Humanos alerta, en el 'censurado' texto, la situación de los CIEs, la persistencia de las redadas racistas y el abuso de la fuerza por parte de los agentes en las manifestaciones.

Política

MADRID.- Carencias en los sistemas de vigilancia de las cárceles, la persistencia de las denominadas "redadas racistas" o el abuso de la fuerza por parte de los antidisturbios en algunas manifestaciones. Éstas son algunas de las deficiencias del sistema detectadas por el Comité Técnico de Expertos designado por el Gobierno para elaborar el informe —hasta ahora censurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy— previo a lo que estaba destinado a convertirse en el II Plan de Derechos Humanos.  

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En el documento, al que ha tenido acceso Público y que será publicado próximamente por la Editorial Tirante Blanco, los expertos universitarios nombrados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —organismo dependiente del Ministerio de Presidencia— instaban al Gobierno, entre otras cosas, a elaborar un "protocolo de captación, conservación y recuperación de las grabaciones de seguridad" de los centros penitenciarios con el fin de mejorar las investigaciones de las denuncias de malos tratos interpuestas por los reclusos. 


Los expertos, dirigidos por el profesor de la Universidad de Valladolid Fernando Rey, recopilaron numerosos informes del Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, la propia Secretaría de Estado de Estudios Penitenciarios y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre otros organismos,  para argumentar sus propuestas. Así, concluyen que el principal problema de las cárceles españolas es su "sobreocupación" [68.685 personas estaban privadas de libertad en 2012 en 97 centros] y recomiendan, además, mejoras en la protección de los datos personales de los reclusos y sus familiares.

En cuanto a las quejas por malos tratos, los expertos consideran que "es primordial que, ante quejas de cierta entidad, el personal encargado de su investigación sea ajeno a la plantilla del establecimiento donde se investiga la denuncia", y recomiendan el "empleo de registros fotográficos de las lesiones que puedan presentar los reclusos como consecuencia de la aplicación de medios coercitivos". Sin embargo, "los servicios centrales de la Administración penitenciaria muestran gran resistencia a aceptar la recomendación formulada [por el Defensor del Pueblo] a tal efecto", lamentan. También recomiendan "disponer de las grabaciones de los sistemas de videovigilancia con los que cuentan los establecimientos penitenciarios", aunque apuntan que "se echa en falta un protocolo de captación, conservación y recuperación de estas grabaciones de las cámaras de seguridad".

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"Las investigaciones indican que los casos de malos tratos no son hechos aislados"

En este apartado de "torturas", los profesores aluden también a la fase previa de detención en las comisarías. "La grabación de todo el período de detención reduciría sin duda el riesgo de malos tratos o torturas. Sin embargo, su uso no es obligatorio", lamentan. 

A pesar de que reconocen, como también hace Amnistía Internacional, que en España no se tortura "de forma sistemática", advierten también de que "las investigaciones realizadas indican que los casos de malos tratos no son hechos aislados, sino síntomas de deficiencias estructurales". Por ello recomiendan "mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación" con medidas como "la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas de las comisarías", o limitar "la concesión de indultos a policías condenados" porque ello "no contribuye al objetivo de poner fin a la impunidad", ya que "el Gobierno no transmite un mensaje claro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". 

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En este apartado, el profesor José María Bilbao Ubillos, de la Universidad de Valladolid, recuerda el doble indulto concedido por el Ejecutivo de Rajoy en 2012 a cuatro Mossos d'Esquadra condenados por tortura.  En 2006 detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.

"Una prueba bien elocuente de que éste es uno de los flancos más débiles de nuestro sistema de garantías son las sentencias condenatorias dictadas por el TEDH en los últimos años por las carencias observadas a la hora de combatir los malos tratos policiales", agrega Bilbao, recuperando los casos Beristain Ukar contra España y Otamendi Eguiguren contra Españaentre otros.

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"En un país multicultural como España la policía puede parar a alguien que no "parezca español" hasta cuatro veces el mismo día"

De otro lado, otra de las "zonas de penumbra" en materia de derechos humanos denunciadas en este informe que el Gobierno no quiere publicar hace referencia a las "humillantes" redadas racistas. Esto es, las identificaciones policiales de personas que, por su color de piel, son sospechosas de ser inmigrantes irregulares; algo que el Comité denomina "controles de identidad discriminatorios". 

"En un país multicultural como España la Policía puede parar a alguien que no "parezca español" hasta cuatro veces el mismo día, y no porque haya robado o cometido algún acto violento, sino para comprobar su identidad", denuncia el profesor citando un informe de Amnistía Internacional. Asimismo, recuerda que "el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a España a poner fin" a estos controles. Sin embargo, "las autoridades siguen negando tal práctica y no se han tomado las medidas necesarias para erradicarla". 

CIE de Santa Cruz de Tenerife. Archivo EFE


Hacinamiento en los CIEs

Del mismo modo, el informe recoge las denuncias de múltiples organizaciones [Human Right Watch o SOS Racismo, entre otras] sobre el tratamiento que reciben los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Entre otras cuestiones, los expertos lamentan la "atmósfera carcelaria" de los centros, las "pésimas condiciones de hacinamiento en las que viven los internos" y la "deficiente atención médica" de algunos de ellos.

Pese a todo, ven con optimismo la aprobación, en 2014 —"con cuatro años de retraso", matizan—, del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. "El hecho mismo de su aprobación es una buena noticia", concluyen. Aunque "no recoge todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de las ONG", reconocen, "mejora la redacción de los borradores anteriores", opinan.  

Los expertos recomiendan mejorar la formación de los agentes para evitar el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones

En otro ámbito, el comité recopila también los informes relativos a los abusos de los antidisturbios en las protestas ciudadanas.  "La inmensa mayoría de estos actos [decenas de miles de manifestaciones celebradas en 2012 y 2013] han sido pacíficos [...] sin embargo, ha habido denuncias frecuentes de uso excesivo de la fuerza y de malos tratos por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, además, no se han llevado a cabo investigaciones internas y judiciales adecuadas sobre las denuncias formuladas", cita el informe censurado, titulado Los derechos humanos en España: un balance crítico.

Desde el 15-M hasta el Rodea el Congreso, los profesores universitarios recogen los casos más mediáticos para concluir que, aunque "las autoridades tienen la obligación de garantizar el orden público", las "normas internacionales de derechos humanos destinadas a proteger el derecho a la vida y a la integridad moral de la persona señalan de manera inequívoca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a reducir al mínimo el uso de la fuerza y que en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad". 

Es por ello que proponen al Ejecutivo de Rajoy el establecimiento de "unas normas claras y precisas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes y, en particular, sobre el uso de material antidisturbios [...], que sólo está justificado, previa advertencia, cuando sea estrictamente necesario como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves". "Nunca deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva [...] de ahí la necesidad de que los agentes que vayan a utilizar esos proyectiles reciban una formación completa y rigurosa", concluyen. 

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