MADRID.- El número tres del Ministerio del Interior, uno de los hombres de confianza del titular de dicho departamento, es suficientemente imparcial como para determinar si su jefe acosó o no a uno de sus trabajadores. Así lo ha determinado el propio jefe, Jorge Fernández Díaz, quien, a pesar de haber querido evitar por todos los medios verse involucrado en el caso Jaime Nicolás, finalmente se ha visto obligado a tomar partido en el mismo.

Jaime Nicolás Muñiz, el alto funcionario de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) que denunció a Fernández Díaz y otros miembros del Ministerio tras haber pasado 18 meses marginado por sus superiores sin que ninguno de ellos le ofreciera tarea alguna que realizar, recurrió el informe de los inspectores encargados de la instrucción interna de su reclamación en el que se determinaba que no había sufrido acoso laboral “porque podía opinar en la cafetería”.

Jaime Nicolás denunció a Fernández Díaz tras haber pasado 18 meses marginado por sus superiores

Quien debía revisar dicho documento y aceptarlo o denegarlo para completar o reconducir la investigación y, por tanto, determinar la culpabilidad del ministro en cuanto al mobbing, era el citado número tres en la línea política del departamento, el subsecretario de Interior, Luis Aguilera. 

Aguilera, que comparte con Fernández Díaz su pertenencia al Opus Dei, zanjó el caso con las mismas conclusiones que habían esgrimido los inspectores. Pero, antes de eso, fue el propio ministro quien tuvo que dar su visto bueno al subsecretario para que éste dictaminase al respecto. Y todo quedó en casa.

Jaime Nicolás, ante la plausible sospecha de falta de independencia de Aguilera, recusó al subsecretario antes incluso de que el caso llegara a sus manos. Con ello, Fernández Díaz quedó obligado, por ley, a resolver no sobre la denuncia de acoso en cuestión en la que se le acusaba a él directamente, sino sobre la imparcialidad de uno de los hombres más importantes de su equipo para juzgar sobre dicha situación.

Como era de esperar, Aguilera es -según su amigo y jefe- totalmente válido para decidir si el ministro acosó o no un trabajador de su departamento que, además, acabó con la carrera de su guía espiritual en el Opus, Jaime Rodríguez Arana. 

Una vez que Fernández Díaz le bendijo como juez del Ministerio, Luis Aguilera archivó la investigación interna sin cambiar ni una sola coma del informe de los inspectores. ¿Conclusión? Jaime Nicolás no fue acosado por el ministro ni por sus superiores directos porque “podía opinar en la cafetería” sobre los asuntos del GIESE.

Y eso a pesar de que el documento, firmado por los instructores José Antonio Toledano e Inmaculada González, no recogía la última sentencia de la Audiencia Nacional, que determinó que Jaime Nicolás no sólo fue víctima de mobbing (acoso laboral) sino de bossing (acoso laboral ejercido por parte de los jefes). 

Jaime Nicolás es funcionario desde hace 40 años y lleva en el escalafón más alto de su condición laboral —ostenta el nivel 30— más de 25.

Jaime Nicolás Muñiz es funcionario desde hace 40 años y lleva en el escalafón más alto de su condición laboral —ostenta el nivel 30— más de 25. Entre su extenso currículum se encuentra el puesto director de gabinete del expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente, cargo que ocupó hasta que fue destituido con el nuevo Gobierno del PP. En enero de 2012 solicitó, como le correspondía por derecho, volver a su puesto en el Ministerio del Interior. Fue destinado a la Secretaría de Estado de Seguridad como vocal asesor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE), donde durante un año y medio ostentó un cargo, pero ninguna función.

Ante tal situación, como ya relató este diario en su momento, el funcionario protestó primero de forma interna. Su reclamación quedó en punto muerto, paralizada, durante meses, entre otras cosas, según denuncia el afectado, por la intervención de Alejandro Sánchez, jefe de gabinete del secretario de Estado de Interior [ahora Francisco Martínez] y uno de los máximos responsables del Giese que se sentará en el banquillo por una doble venta de viviendas durante su etapa como alcalde de la Línea de la Concepción (Cádiz). 

Batallada judicial

Después de meses de silencio en el Ministerio, Jaime Nicolás se vio empujado a recurrir a los tribunales. Reclamó el reconocimiento de sus "derechos fundamentales violados" así como la "reparación de los daños morales y materiales y ocasionados". No quería dinero -pidió, simplemente, la cantidad simbólica de un euro como indemnización-, pero sí que la Justicia se pronunciara en defensa de su "honor, dignidad, integridad moral y derecho al trabajo y al libre e igual ejercicio de funciones".

Tras una larga batalla judicial, lo consiguió, aunque sólo en parte. La última sentencia de la Audiencia Nacional no le dio la razón por cuestiones técnicas, pero sí le reconoció como víctima de "una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado", en una situación en la que, además, “la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor”.

Nicolás baraja emprender de nuevo el camino de los tribunales, pero esta vez por lo penal

Ahora, la vía judicial por la vía de lo Contencioso-Administrativo está agotada y la investigación interna del Ministerio cerrada también tras el dictamen de Luis Aguilera. Pero Jaime Nicolás no se ha rendido aún. De hecho, se dispone a interponer en los próximos días un recurso de reposición contra el archivo del caso dictado por el subsecretario. Y no sólo eso. Ante la sospecha de que, de nuevo, sus reclamaciones caigan en saco roto en el Ministerio de Fernández Díaz, ya planea su próximo paso a seguir: emprender de nuevo el camino de los tribunales, pero esta vez por lo penal.

Prevaricación y malversación

De darse esta situación denunciaría, por un lado, al subsecretario y a los instructores del caso (Luis Aguilera, José Antonio Toledano e Inmaculada González, respectivamente), por prevaricación. Es decir, por haber resuelto injustamente teniendo en cuenta que la Audiencia confirmó que sí había sufrido acoso. Por otro, denunciaría de nuevo al ministro, Jorge Fernández Díaz, así como a los dos secretarios de Estado implicados en su caso: Ignacio Ulloa (hasta enero de 2013) y Francisco Martínez (desde enero de 2013 hasta la actualidad); y a su anterior superior directo, el secretario general de la GIESE, Rafael Ferrera.

En estos últimos casos, además de convertirse en la segunda querella por acoso, se uniría también otra acusación: la de malversación de fondos públicos. Y es que la primera sentencia de la Audiencia Nacional también apuntaba al “despilfarro” que supone tener a un funcionario de ese nivel cobrando de las arcas del Estado sin haberle dejado ejercer ninguna función productiva.