MADRID.- El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, está intentando apuntalar con pruebas la veracidad de las acusaciones que hizo uno de los cabecillas de la trama, David Marjaliza, durante sus 13 horas de declaración del pasado junio, en las que implicó a varios cargos políticos de diversos partidos.

Según han fuentes de la investigación, Velasco pretende en este nuevo curso judicial impulsar la pieza secreta del caso relativa a Marjaliza, que mencionó a varios cargos del PP, del PSOE y de Ciudadanos en su declaración, cuya identidad no ha trascendido.

Para ello ha requerido diversas diligencias -documentales e informes policiales- encaminadas a reforzar la veracidad de las declaraciones del empresario y la intención del juez es no citar a los políticos implicados hasta que pasen unos meses y se tengan más indicios contra ellos.

Tras levantar el secreto de sumario el pasado junio y desvelar así el contenido de 40.000 folios y decenas de grabaciones de declaraciones, el juez también mantiene bajo secreto otra vertiente del caso, la referida a las comisiones rogatorias pedidas a varios países.

En concreto, Velasco ha reclamado información de movimientos bancarios a seis países en tres continentes -Holanda, Costa Rica, Panamá, Suiza, Liechtenstein y Singapur- y todavía está pendiente de recibir algunas respuestas.

De esa pieza secreta solo ha trascendido un auto, que se traspapeló la semana pasada y, por lo tanto, se notificó a todas las partes, en el que requería información de cuentas de una veintena de personas, entre ellas una prima del Rey Juan Carlos, Inés de Borbón y Borbón.

Según las fuentes, Suiza ha colaborado de forma muy eficaz con el juzgado español a lo largo de toda la instrucción (ya investigaba cuentas de los imputados dos años antes de que la causa llegara a la Audiencia Nacional) e incluso ha intermediado para conseguir información de Singapur y Liechtenstein.

Dentro de esta pieza también se siguen llevando a cabo registros. Sin ir más lejos, el jueves pasado Velasco envió a la Guardia Civil a practicar dos entradas en domicilios de personas instrumentales usadas por la red para ocultar el dinero (del tipo testaferros o despachos de abogados), con el objetivo de seguir el rastro del dinero que la red mafiosa blanqueaba en otros países.

En cuanto a la rama principal, por la que permanecen en prisión el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su socio Marjaliza, ya se ha recogido mucha documentación -informes policiales, pinchazos telefónicos e información contable- y se ha tomado declaración a decenas de imputados y testigos.

En el marco de esta parte principal, el juez ha citado para el próximo día 25 al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, atendiendo a la petición de declarar que hizo el propio imputado, quien se negó a contestar a sus preguntas en las dos veces que fue emplazado anteriormente.

Ahora, la intención del juez es dividir la causa en piezas para facilitar la instrucción, como podría ser el caso de la investigación de lo relativo a contrataciones irregulares en León a favor de la trama corrupta.

Ante la cantidad de trabajo aún por hacer en esta investigación y los casos que ya tiene en curso, como los de la mafia rusa y la camorra napolitana, el juez Velasco baraja pedir un juez de refuerzo para que le ayude.

En caso de que se acepte su petición, el juez de refuerzo llevaría las nuevas causas que recaigan en el Juzgado Central de Instrucción 6 y Velasco se quedaría con las que ya instruye para poder darles impulso.

La intención de los investigadores es acabar lo antes posible la instrucción del caso Púnica, una causa con más de cincuenta imputados que desentraña una trama de corrupción municipal y regional consistente, fundamentalmente, en el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en varias comunidades autónomas.