MADRID.-  Los miembros electos del Consejo Fiscal -nueve de sus doce vocales- han difundido un comunicado este martes en el consideran "inexplicable e insólito" que el plazo de la entrada en vigor de la reforma del proceso penal se haya limitado a dos meses, de tal manera que entrará en vigor a uña de caballo el próximo 6 de diciembre.

El Gobierno se ha dado tal rapidez a esta reforma de calado, que el proceso penal cambiará en España a sólo 14 días de las elecciones, el próximo 6 de diciembre, cuando las Cortes Generales van a ser disueltas el próximo lunes.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 5 de octubre que esta reforma entrará en vigor en dos meses, esto es, el 5 de diciembre. Lo habitual en estas reformas de calado es que contengan un plazo de seis meses a un año para su entrada en vigor. Esta reforma, además, fue cuestionada por todos los órganos consultivos (Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial), aunque el Ejecutivo siguió adelante.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha intentado parar la escalada de críticas con un encuentro mantenido este martes con los miembros del Consejo Fiscal, pero ha hecho oídos sordos a su petición de aplazar la entrada en vigor -'vacatio legis'- de esta reforma.  ​Por ello, nueve de sus doce integrantes -los electos, que representan a los 2.500 fiscales ejercientes- han denunciado en un comunicado que la reforma es "inaplicable", hoy por hoy.

Los integrantes de la carrera fiscal, a través de todas sus asociaciones y por medio de una carta firmada por 1.194 fiscales reclaman del Ejecutivo que aplace la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ellos se han sumado todas las asociaciones de jueces, excepto la conservadora APM que también cuestiona la entrada en vigor de la reforma.

Rafael Catalá ha contado en la reunión con el apoyo de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, quien no ha apoyado la petición de los profesionales de aplazar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La alarma ha cundido entre fiscales, jueces, abogados y especialistas, ya que es considerada una ley de "punto final" que extenderá un manto de impunidad en los casos complejos que actualmente se investigan en los juzgados, como son las tramas corruptas que afectan a partidos políticos, a delincuentes económicos y al crimen organizado.

Por un lado, la reforma establece un plazo límite para instruir de 6 meses, sin aportar dotación económica alguna que permita cumplirlo, prorrogable a 18 meses. Por el otro lado, obliga a revisar las 700.000 causas vivas, sin aportar recurso alguno. El ministro ha rebajado este martes la estimación a 370.000 causas.

Pero los fiscales no están conectados al sistema de gestión procesal de los juzgados, así que tendrán que estudiar cada caso carpeta a carpeta, juzgado a juzgado, mientras el límite de los 6 meses corre a favor de los encausados.

Otro motivo de alarma es que sólo los fiscales podrán pedir la prórroga del plazo máximo de 6 meses a los 18 meses de límite total. Pero esta atribución es considerada "un contrasentido" ya que la instrucción de una causa penal la dirige todavía el juez.

Catalá se ha mantenido en sus trece ante el Consejo Fiscal, más allá de prometer mejoras futuras si el próximo Gobierno detecta dificultades en la aplicación de la norma.

Al término del encuentro, los vocales electos del Consejo Fiscal han dirigido un comunicado a la carrera fiscal en el que tildan de "inexplicable e insólito, máxime en estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos meses".

Los vocales electos han lamentado en su comunicado que una propuesta "razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios técnicos no haya sido tomada en consideración" por el Gobierno.

En su escrito, los vocales electos del Consejo Fiscal relatan cómo han expresado al ministro de Justicia "que con la actual dotación de plantilla, personal colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos procesales". 

"No cabe sino el establecimiento de una disposición transitoria que dilate su entrada en vigor hasta que existan condiciones personales y materiales suficientes y dignas.
Nos parece inexplicable e insólito, máxime en estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos meses", destacan en su comunicado.

Los Letrados ignoran su papel... y sólo quedan 15 días

La única alternativa que ha aportado Catalá ha sido una propuesta de dirigir a los Letrados de la Administración de Justicia una instrucción sobre su actuación y la coordinación con la Fiscalía sobre el traslado de las causas en trámite en los Juzgados.

Ahora bien, asociaciones de Letrados -antiguos secretarios judiciales- denuncian que no han sido consultados y no saben nada de dicha instrucción... Así, la asociación de Letrados Sisej ha confirmado por Twitter este martes, 20 de octubre, que ignoran en qué consistirá el Reglamento cuando quedan sólo 15 días para la entrada en vigor de la reforma. 

Catalá también ha prometido "la implantación de mejoras tecnológicas y de aplicaciones informáticas cuyo plazo de entrada en funcionamiento se anuncia una vez ya entrada en vigor la norma; y la posibilidad de reforzar la plantilla en aquellas fiscalías con mayor carga de trabajo a través de fiscales sustitutos dentro de las limitaciones presupuestarias", exponen los vocales electos del Consejo Fiscal.

UPF denuncia las prisas por 'encajar' esta ley

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha difundido también un comunicado en el que expresan su "profunda decepción" por el resultado del encuentro de Catalá con los miembros del Consejo Fiscal: "Una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"Ha sido la propia sordera del Ministerio, de su iniciativa legislativa -que ha ignorado en el momento de la redacción del texto los consejos aportados por los órganos consultivos del Estado-, así como las prisas o urgencia política por 'encajar' esta ley antes de que finalice la legislatura, lo que ha provocado este indeseable resultado", denuncia dicha asociación.

El hecho de que la carrera fiscal, y 1.194 fiscales, reclamen la entrada en vigor de la norma resulta "irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica, trata de darnos explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, como parches de última hora, medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma y cuyo cumplimiento y efectividad el Ministro no está en condiciones de asegurar ante el fin de su mandato".

Los fiscales y jueces consideran necesario acortar los tiempos de instrucción, pero el instrumento utilizado -la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- es "técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados", denuncia UPF. La reforma, agrega, "parte de una realidad, la deteriorada realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador".