BILBAO.- "No creo que le diga nada. Sólo le daré un abrazo". Este jueves por la mañana, la periodista Teresa Toda viajó hasta la cárcel de Burgos para esperar a su antiguo jefe en Egin, el diario afín a la izquierda independentista vasca que fue cerrado en 1998 por orden de la Audiencia Nacional. Jabier Salutregi, su director cuando varios agentes encapuchados irrumpieron en la redacción de Hernani, ha sido, hasta hoy, el último periodista preso en España.

Salutregi recobró la libertad a media mañana de este 29 de octubre tras cumplir una condena de siete años y seis meses por "pertenencia a banda armada", aunque él siempre ha asegurado que simplemente pertenecía a la redacción de un periódico. Ni más, ni menos.

Sus familiares y amigos le esperaban a la salida de la cárcel para celebrar con él su liberación. "Ha sido durillo, durito, duro. La pesadilla, después de siete años y pico, ha terminado, pero siempre la recordaré, e intentaré recordarla sin dolor. Lo que espero es que este pueblo, que viene todavía a las cárceles, deje de venir ya de una puta vez, porque no tenga que sacar absolutamente a nadie más. Mientras tanto, seguiremos viniendo", dijo Salutregi. Al terminar su discurso, Salutregi levantó el puño.

También se están produciendo las primeras reacciones políticas a su puesta en libertad. La formación independentista Aralar, por ejemplo, ha saludado la salida de Salutregi en un comunicado.

El cierre de este diario y de la radio Egin Irratia —acusados de estar supeditados a ETA— marcó el inicio de una serie de operaciones contra medios de comunicación vascos durante el gobierno de José María Aznar. "¿Creían que no nos íbamos a atrever?", lanzó el entonces mandatario nada más producirse la operación contra Egin. Tres años después, el juez Baltasar Garzón –que también había actuado en el caso anterior— ordenó la clausura de la revista Ardi Beltza y la detención de su director, el periodista Pepe Rei, bajo la acusación de que esta publicación fijaba objetivos a ETA. Sin embargo, en junio de 2001 los magistrados de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional pusieron en duda que la banda armada guiase su actuación en base a artículos periodísticos.

Aún habría más. En febrero de 2003, otro juez de la Audiencia, Juan del Olmo, decretó el cierre del diario Egunkaria, el único que se editaba íntegramente en euskera. También fueron detenidos varios integrantes de su dirección, quienes nada más salir de comisaría denunciaron haber sido víctimas de salvajes torturas. “Es indiscutible que se ha vulnerado la libertad de prensa en Euskadi”, afirma a Público Martxelo Otamendi, entonces director de Egunkaria y hoy responsable del periódico Berria.

Tanto Otamendi como los demás detenidos en aquella polémica operación fueron absueltos por la Audiencia Nacional en abril de 2010. Según confirmaron los magistrados, ni ellos ni Egunkaria tenían absolutamente nada que ver con ETA, por lo que el cierre de ese periódico había constituido una “injerencia en la libertad de prensa”. La sentencia, escrita en durísimos términos, también denunciaba “la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado” por esa organización.

Como si esto fuera poco, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no investigar de manera seria las denuncias de torturas que había formulado Otamendi. En su escalofriante testimonio, el periodista vasco había acusado a los agentes de la Guardia Civil de obligarle a adoptar posturas humillantes e impedirle dormir durante tres días, además de cubrirle la cabeza con una bolsa de plástico y simular que le iban a pegar un tiro.

"Operación política"

En el caso de Egin, los tribunales también concluyeron que su actividad periodística no podía catalogarse como “ilícita”, por lo que nunca tendría que haber sido cerrado. Sin embargo, ya era demasiado tarde: el fallo del Tribunal Supremo llegó en 2009, seis años después de la clausura de este medio de comunicación, que vendía más de 52 mil ejemplares diarios y tenía 210 trabajadores en su plantilla. En cualquier caso, los responsables del periódico —entre los que se encontraban varios miembros de su consejo de administración— fueron condenados a distintas penas de cárcel en el macrosumario 18/98, un procedimiento judicial que abarcó a un gran número de personas ligadas a distintos ámbitos del independentismo.

“En nuestro sumario jamás ha habido armas ni nada de eso. Aquello fue una operación política clarísima, que atacaba a un movimiento político en todas sus expresiones”, señala Toda a Público. Esta reconocida periodista fue subdirectora de Egin, lo que le costó una pena de seis años de cárcel. Su etapa en prisión acabó en noviembre de 2013. “Ahora estás en la calle, pero lo que ha pasado te acompaña el resto de tu vida”, señala.

En su calidad de integrante de la sección vasca del PEN Club Internacional –la asociación mundial de escritores-, Toda consiguió que este caso tuviese una amplia repercusión internacional. “Cuando estaba en la cárcel recibía cartas de escritores de todo el mundo, mostrando su solidaridad”, recuerda. En mayo pasado, la ex subdirectora de Egin llevó su denuncia hasta el Comité de Escritores Presos del PEN, que se había reunido en Amsterdam. "Desde ese comité siempre han seguido muy de cerca esta historia", asegura Toda.

El cierre de medios de comunicación en Euskadi también indignó a Reporteros Sin Fronteras, una entidad de carácter internacional que "siempre condenó esas medidas", recordaron a Público fuentes de dicha organización en Madrid. “No hay que olvidar que una de las columnas fundamentales en el funcionamiento del Estado democrático es la libertad de expresión”, añade Martxelo Otamendi desde su oficina en la localidad de Andoain (Gipuzkoa). "Los que conocemos a Salutregi y a los demás condenados en el caso Egin –remarca- sabemos que no eran miembros ni colaboradores de ETA. Simplemente se dedicaban a hacer un periódico".

A pocas horas de que el responsable de Egin salga de la cárcel, Otamendi está prácticamente convencido de que las operaciones policiales y judiciales contra periódicos vascos no tendrían lugar en el contexto actual, aunque deja un pequeño margen a la duda. "Si me hubiese hecho esta misma pregunta el día previo al cierre de Egunkaria, le habría respondido lo mismo", reconoce.