MADRID.- El fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso ha mantenido su petición de que la Audiencia Nacional condene a cuatro años y diez meses de cárcel al cantante José Ramón Márquez, conocido como Ramoncín, al acusarle de "desarrollar una estrategia temeraria para obtener dinero de la manera más fácil y rápida posible" de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Al mismo tiempo, el fiscal ha advertido que investigará si solicita una investigación penal por aportar documentos de "dudosa originalidad". A lo largo de la investigación, se han aportado "un montón de facturas y operaciones sumamente dudosas" y el fiscal ha tildado de "inaudito" que las defensas pretenda dar validez a estos documentos y obvie los que intervino la policía judicial a los procesados durante los registros.

"No se puede sustituir la realidad material, por una realidad virtual", ha apostillado el fiscal que ha llegado a tildar estos contratos y sus versiones como "sainete", "esperpento documental", "desaguisado"...

Al inicio de la sesión de este jueves, un perito de la guardia civil había considerado también que había indicios de que Ramoncín habría fabricado documentación "ad hoc" para justificar su defensa. Así, ha aportado facturas que contenían "errores" o con el "IVA equivocado" para tratar de explicar sus cobros.

El fiscal ha elevado a definitiva su acusación contra el músico por delitos de falsedad  documental y apropiación indebida que habría cometido tanto él como el ex director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri —para quien pide la misma pena—, por el "esperpento documental" con el que intentaban justificar los pagos, que ascendieron a 57.402 euros entre septiembre de 2008 y marzo de 2011.

El juicio que ha quedado visto para sentencia es una pieza separada de la causa principal abierta en 2011 a exdirectivos de la SGAE, entre ellos el expresidente Teddy Bautista.

Junto a Ramoncín y Rodríguez Neri ha sido juzgado también el ex secretario general de la SGAE Pablo Antonio Hernández Arroyo y el ex director general de la entidad Enrique Loras. El primero se enfrenta a una petición de dos años y nueve meses de cárcel y el segundo a una pena de dos años de prisión.

Máquinas de generar pérdidas

"Hay un refrán que dice que los árboles no impidan ver el bosque. Aquí, yo pido que en ese bosque espeso y complicado que es la SGAE no impida ver los árboles", ha destacado el fiscal al inicio de su exposición para destacar las pruebas sobre la actuación "sumamente espuria y torticera" desarrollada para "extraer fondos" de sociedades, algunas de las cuales eran "auténticas máquinas de generar pérdidas", como eran las filiales de la SGAE, la SDAE y Portal Latino.

El fiscal José Miguel Alonso ha sostenido en la última versión del juicio que los acusados inflingieron de manera "clamorosa" la ley y que sus actuaciones supusieron "rizar el rizo de lo irregular". "Cometieron infracciones tributarias se mire por donde se mire", ha añadido.

En este contexto, ha criticado las múltiples "versiones" de contratos o "borradores" de los mismos presentados para tratar de justificar los cinco pagos efectuados a 'Ramoncín' y ha puesto de manifiesto que no existe "ningún rastro" de que se llevaran a los órganos que debían aprobarlos. "Solo se conoce el beneficio para el vendedor, no para el adquiriente",  ha  agregado.

"Es sorprendente que una sociedad facture por algo en lo que está especializada la propia sociedad y sea el trabajo de un profano el que se haya dado cuenta de su problemática", ha concluido el fiscal, para añadir que la "fraseología" que utilizaba Ramoncín en sus emails a Neri revela la intencionalidad de sus delitos.

Las defensas han rechazado toda práctica de "albañilería financiera" para justificar los pagos. Así, el abogado del cantante, Francisco Pereña, ha sostenido la inocencia de Ramoncín y ha sostenido que los trabajos fueron realizados y ha negado que sean documentos fabricados 'ad hoc' para el juicio. Así, ha destacado que dos proyectos continúan vivos y que "hay veces que los proyectos más caros no salen y los que están escritos en una servilleta sí salen".

Ninguno de los procesados ha hecho valer su derecho a la última palabra y han abandonado el juicio sin realizar declaraciones a los medios de comunicación.