Ha sido uno de los grandes asuntos energéticos que quedaron sin resolver durante la pasada legislatura, pero el actual panorama político, sin un Gobierno aún formado, puede terminar favoreciendo la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), a la que se oponen la mayoría de grupos parlamentarios, a excepción de PP.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tiene pendiente emitir su valoración sobre la reapertura, había programado retomar esta cuestión en la reunión del pleno que se ha celebrado este miércoles, tal y como reflejaba el orden del día que el órgano regulador no hizo público, pero al que tuvo acceso Equo. El partido verde puso el documento en conocimiento de los medios de comunicación y denunció el “secretismo” para favorecer la reapertura de la central. Pocas horas después, el CSN informaba en un comunicado de que los asuntos relativos a Garoña habían sido aplazados para una próxima reunión, sin fecha.

La instalación de Garoña, la más antigua del parque nuclear español, ha sobrepasado ya los 40 años de vida útil para la que fue programada, pero sus propietarios (Endesa e Iberdrola), solicitaron en 2014 al Ministerio de Industria una prórroga para poder continuar con su actividad hasta 2031, es decir, 20 años más de los previstos cuando se construyó. Ninguna de las centrales con las que ha contado España ha funcionado tanto tiempo.

Aunque el Gobierno se ha mostrado partidario de prolongar la vida de la central (José Manuel Soria calificó de “muy positiva” la decisión), es el Consejo de Seguridad Nuclear quien debe evaluar si es factible y dar su autorización.

“Las prisas que les han entrado vienen a indicar que quieren culminar el proceso antes de que haya un nuevo Gobierno”, señala a este periódico Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Podemos. “Es inaceptable que un Gobierno en funciones esté activando este proceso y sería una absoluta irresponsabilidad que permitiese su reapertura si no tiene el mandato ciudadano para hacerlo”.

En la pasada legislatura, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, UPyD y CiU, firmaron una declaración en la que se comprometían a cerrar definitivamente Garoña en caso de llegar al poder tras las elecciones del 20 de diciembre. Podemos también se ha mostrado contrario. Ante el nuevo panorama político, en el que el PP tiene cada vez más difícil formar gobierno, las probabilidades de un Ejecutivo que esté dispuesto a dar luz verde a Garoña disminuyen.

Conseguir el visto bueno del CSN sí o sí

Equo sospecha, no obstante, que la verdadera intención del PP detrás de todo el proceso es asegurarse el visto bueno del CSN. Si Garoña adquiere la autorización del Consejo y más tarde un eventual gobierno de izquierdas se opone, la compañía propietaria podría reclamar una indemnización por el lucro cesante, es decir, por aquello que habría dejado de ganar como consecuencia de la no renovación.

El CSN es un órgano en principio independiente, pero técnicos del mismo y organizaciones ecologistas han venido denunciando la presión del Gobierno y las eléctricas para que se pronuncie a favor de los intereses de las mismas. El PP, además, tiene mayoría de consejeros en el CSN desde que hace unos meses aprobara unilateralmente el nombramiento de Javier Dies Llovera, vinculado al partido conservador en Barcelona, por lo que mantiene un sólido control sobre las decisiones del órgano regulador.

“Se está forzando una decisión que puede tener más derivados económicos que energéticos”, advierte Uralde.

El cierre de Garoña no tiene en realidad grandes consecuencias para la oferta energética del país. En los tres años que lleva parada la central, España ha seguido registrando excesos de potencia instalada, por lo que su cierre no supondría problemas en este sentido. Pero conseguir una prórroga para Garoña, cuyos costes ya están amortizados, sentaría un precedente para el resto de centrales nucleares que quieran prorrogar su actividad una vez cumplido el plazo de licencia.