MADRID.- Una transacción bancaria realizada en 2014 a Pablo Iglesias por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, el mismo día en que se inscribía Podemos como partido político en el Ministerio del Interior, sería la prueba que acreditaría la financiación ilegal de la formación morada. Pero tras quedar en entredicho el documento que avalaría la información, el periodista que lo publicó, Eduardo Inda, apeló a la credibilidad que le daban sus fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Policía.

Sin embargo, los servicios de inteligencia niegan a Público la mayor: “No hemos investigado a Podemos”. Otras fuentes conocedoras de la información añaden además que “el CNI tampoco tiene nada que ver con la obtención ni la filtración del documento en cuestión, a pesar de que se lo hayan querido atribuir. Los servicios de inteligencia han podido investigar a algunos dirigentes de Podemos como se ha hecho con miembros de otros partidos que han mostrado algún contacto con otros gobiernos o servicios de inteligencia, pero este documento no tiene nada que ver con estas investigaciones”.

Quienes sí reconocen tener una investigación abierta son fuentes oficiales de la Dirección General de la Policía, aunque se niegan a aclarar a Público si las diligencias están abiertas bajo la supervisión de un juzgado o si son unas diligencias previas policiales motivadas por la denuncia ante ellos de un particular o algún grupo.

Único aliado

Fuentes policiales consultadas por este diario explican que “los documentos los tiene la Policía desde hace un tiempo y es cierto que los están investigando”. Estas fuentes confirman además que agentes adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que dirige el comisario Eugenio Pino, “acudieron a la Asamblea de Venezuela para hablar con la oposición y de allí se trajeron diversa documentación”.

La propia periodista Patricia Poleo, que desde Miami dio la noticia un día antes que el digital Ok Diario, apeló en su discurso a “las autoridades policiales españolas” como garantes de la autenticidad del documento y de su investigación. Ese también es el argumento empleado por Eduardo Inda para justificar su información ante la denuncia por calumnias que Pablo Iglesias interpondrá contra él esta semana.

Esta sería la segunda vez en este año que dicho medio de comunicación hace públicos unos documentos que sólo estarían en poder de la Policía. Primero fue un falso informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que el periodista, especializado en tratar asuntos de corrupción, atribuyó a esta unidad policial a pesar de no tener ni logo de la policía, ni número de diligencias, ni sello oficial, ni fecha, ni firma ni número de placa de los agentes.

En esta ocasión se trata de una orden de pago del gobierno de Nicolás Maduro a Pablo Iglesias cuya veracidad ha desmentido tanto las autoridades venezolanas como el Euro Pacific Bank, este último porque asegura que no acepta como clientes a personas políticamente expuestas y tampoco dinero de Venezuela.