MADRID.- La lucha contra la corrupción y la defensa de la independencia judicial han presidido la apertura del año judicial, celebrada este martes en el Tribunal Supremo con la presidencia de Felipe VI.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha defendido este martes la "rabiosa independencia” de los jueces y magistrados, frente a las críticas a la politización de la justicia, mientras la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha reclamado el impulso político y de medios necesarios para que el ministerio público pueda ejercer su labor.

Por su parte, Consuelo Madrigal ha pedido más medios en la lucha contra la corrupción en un discurso que alertaba sobre el " total desprecio al ordenamiento constitucional" que se plantea desde algunos sectores independentistas catalanes.

Frente a ellos, y en presencia de Felipe VI y de las más altas autoridades judiciales, Consuelo Madrigal ha emitido un verdadero aviso a navegantes: la Fiscalía actuará ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales penales, "si fuera el caso", frente a las vías de hecho o las "pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad democrática y legalidad constitucional".

Defiende el cuestionado modelo de gobierno judicial

El presidente del Supremo, en su discurso, ha salido en defensa de la independencia y la labor de los jueces, que actúan “con total y absoluta independencia, sin aceptar injerencia alguna” y con los medios de que dispone la Justicia, que no ha calificado si son suficientes o no.

Carlos Lesmes, que fue director general del ministerio de Justicia en la etapa del PP y que fue aupado en el Parlamento por este partido a la cúpula judicial en 2014, ha asegurado que a los jueces “nos duele escuchar que esa justicia en la que creemos y trabajamos no es independiente, que está politizada”.

Nada ha dicho de que una de las causas de percepción de politización de la Justicia reside en el órgano de gobierno que él reformó y preside. En especial, en la identificación de la cúpula judicial –unos nombramientos que realiza el CGPJ- con la labor diaria de los jueces y magistrados, según señalan diversos especialistas.

Nada ha dicho tampoco respecto al propio del CGPJ, cuya cuestionable reforma fue realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy gracias a su asesoramiento y donde los 20 vocales de este órgano son elegidos directamente por el Parlamento. Ni tampoco se ha referido a que él mismo es la persona que más poder ha acumulado en la historia de este órgano, gracias a una estructura piramidal que le permite nombrar a los altos cargos casi sin negociación alguna.

Es más, el sentido de su discurso ha supuesto una defensa implícita del actual modelo de designación de miembros del CGPJ, como cuando ha rechazado las afirmaciones sobre politización de la Justicia "reiteradas durante años por opinadores de todo tipo y que se vinculan al modelo de gobierno judicial". "No se ajustan a la verdad", ha remachado.

Eso sí, ha hecho “autocrítica”... para el juez: El juez "no siempre ha sabido transmitir a la ciudadanía la esencia de su función" y ha defendido la “reivindicación humilde de nuestra valía”.

Separar la vida privada del juez

Carlos Lesmes cree necesaria la elaboración de códigos deontológicos para los jueces donde se concrete “qué parte de la vida privada de un juez adquiere significación cuando tiene que decidir”, concretar los “estándares de conducta” y para defenderse de críticas “vacuas”.

Esta alusión podría ser interpretada como la necesidad de diferenciar las esferas públicas y privadas en jueces cuestionados, como Enrique López y Concepción Espejel, los magistrados apartados por la Audiencia Nacional del tribunal del caso Gürtel; el primero por asesorar a la fundación FAES, vinculada al PP, y la segunda por su amistad con María Dolores de Cospedal, secretaria general de dicho partido.

Urge cambiar normas frente a la corrupción

Carlos Lesmes ha defendido que la acción de la justicia no basta para luchar contra la corrupción. “Tiene que ir paralela a la definición de unas estrategias de buen gobierno, de prevención y, sobre todo, de regeneración de la gestión pública. La corrupción es el síntoma, no la enfermedad”, ha apostillado.

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha destacado la labor de la Fiscalía Anticorrupción, que en 2015 mantenía la acusación en 371 causas de corrupción polític

En la lucha contra la corrupcíón, la máxima responsable del ministerio público ha reivindicado la necesidad de dotar de medios a la Fiscalía y a los especialistas para perseguir este fenómeno delictivo, que es la segunda causa de preocupación de los españoles.

“Ya urge la transposición de las Directivas europeas sobre contratación pública”, ha destacado Madrigal en referencia a que el Gobierno no ha trasladado todavía al derecho interno español las nuevas normas en la adjudicación de los contratos públicos para prevenir sobornos y otros delitos. El plazo para realizarlo finalizó en abril pasado.

Entre la lista de necesidades, la máxima responsable del ministerio público ha reclamado mejorar los cauces de detección del delito, incentivar la denuncia y mejorar la colaboración entre los órganos especializados en perseguir el fraude, que afecta no sólo a la administración pública sino al sector financiero, al mercado, a las empresas y a los consumidores.

Al acto de apertura del Año Judicial, celebrado en el Tribunal Supremo, han acudido la presidenta del Congreso, Ana Pastor, así como el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y las máximas autoridades judiciales.