MADRID.- El exjuez Baltasar Garzón emprenderá acciones legales contra el cofundador de Intervida Rafael Puertas, quien a su vez ha anunciado que denunciará al exmagistrado ante la Fiscalía Anticorrupción por la intervención que se produjo en 2007 de la ONG y que a su juicio fue una "estafa".

En una escueta nota, Garzón ha precisado que dichas afirmaciones son "absolutamente falsas" y que el asunto de Intervida se tramitó en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del que fue titular, "con todas las garantías".

El exmagistrado responde así al anuncio hecho por Puertas este miércoles, en el que ha dicho que también denunciará a varios antiguos cargos de la Generalitat de Catalunya, como la exconsellera de Justicia Montserrat Tura, en relación a la causa de la ONG tramitada en la Audiencia Nacional a raíz de una querella de la Fiscalía.

El Ministerio Público interpuso querella por un supuesto desvío del dinero recaudado mediante apadrinamiento de niños a actividades que no tenían nada que ver con el fin social de Intervida, que llegó a ser la tercera ONG más grande de España por detrás de Cruz Roja y Cáritas. Tras cinco años de investigación y con Garzón fuera ya de la Audiencia Nacional, el caso fue sobreseído y Puertas absuelto.

Ahora, Puertas acusa de estafa, apropiación indebida y tráfico de influencias al exmagistrado, a Tura, a otros altos cargos de la Generalitat de Catalunya y a los administradores y empleados de Educo, la ONG que nació de la fusión de Intervida con la organización local Educación sin Fronteras cuando ya se había dictado la absolución de Puertas.

A Garzón además, le denuncia por denegación de auxilio, encubrimiento de delitos y omisión del deber de perseguir delitos. Según Puertas, la entonces consellera y los administradores que se hicieron cargo de la entidad a propuesta de ella y del juzgado expoliaron la fundación: "La desmantelaron, desoyendo el mandato legal de preservar el buen funcionamiento".

Estafa

Puertas asegura en la denuncia que tanto los administradores nombrados por Montserrat Tura cuando se ordenó la intervención judicial de la entidad como los gestores de la misma amparados por Garzón "supuestamente estafaron a 200.000 padrinos españoles", haciéndoles creer que su dinero llegaba a los menores apadrinados cuando ya no era así.

La denuncia, que tiene más de 200 páginas, argumenta en este sentido que tras la intervención, los ingresos de Intervida cayeron un 70% mientras las contrataciones externas crecieron un 545% hasta superar los dos millones de euros, y a pesar de ello el personal aumentó de 100 a 160 empleados.