México se convertirá en el segundo país del mundo que investigue crímenes cometidos en el franquismo. La Justicia del país azteca ha admitido a trámite la querella presentada por Amnistía Internacional y Ligia Ceballos Franco, quien hace unos años descubrió que podría tratarse de un bebé robado, tal y como confirmó su propia madre adoptiva y ha denunciado Ceballos. 

La Justicia de México inicia ahora una investigación que tratará si se trata de una desaparición forzada y buscará restablecer la verdadera identidad de Lily, cuyas sospechas indican que fue robada a sus padres naturales y entregada a un matrimonio mexicano en 1969 previa mediación del Arzobispado de Madrid y de Yucatán. El matrimonio, tras recibir a la niña, regresó a México e inscribió a la pequeña como hija natural, tal y como les recomendaron en España. 

“México se convierte en el segundo país, después de Argentina, que investigará crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo, delitos como la desaparición forzada en la que se podrían enmarcar muchos de los casos de bebés robados”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Impunidad en España

Según datos que ha podido confirmar la propia Amnistía Internacional, ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por la Fiscalía General del Estado en relación con el robo de bebés ha llegado a fase de juicio en España. "España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, denuncia Esteban Beltrán.

Cabe destacar que en el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias a las que no consideraban idóneas. “De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha”.