El Gobierno de Susana Díaz acaba de iniciar su enésima cruzada judicial para suprimir de una vez por todas la financiación pública a los colegios católicos andaluces que segregan a su alumnado por sexos: centros educativos concertados que son exclusivos de niños o exclusivos de niñas. En Andalucía había 12 escuelas con el modelo de educación diferenciada y ahora quedan siete.

Todas ellas están subvencionadas por la Junta, aunque ésta rechaza frontalmente la idea de educar por separado a alumnos y alumnas, y no quiere seguir costeando a colegios que prohíben la entrada a las niñas o a los niños por el simple hecho de serlo. Lo considera “discriminación por razón de sexo”.

De modo que la Junta acaba de negarle la renovación de conciertos a esas siete escuelas semiprivadas, obligando a las familias que buscan una educación diferenciada para sus hijos a pagársela de su bolsillo. El proceso de escolarización en Andalucía arrancó este 1 de marzo (con una oferta de 93.650 plazas para alumnos de 3 años) sin que las escuelas concertadas con aulas diferenciadas por sexos pudieran ofertar estas plazas gratuitamente por primera vez en muchos años.

La patronal de Escuelas Religiosas que representa a estos siete colegios no ha tardado ni 24 días en anunciar que recurrirá la decisión de la Junta en los tribunales, a la par que solicitará al juez la suspensión cautelar de la retirada de los conciertos. Así, el Gobierno andaluz retoma una batalla judicial y política que dura casi 10 años, y que tiene pocos visos de ganar en los tribunales.

Existen cerca de 40 sentencias que avalan el mantenimiento de las ayudas públicas a la escuela diferenciada, y algunas menos que dan la razón a la Administración. La Junta de Andalucía inició la batalla judicial y política contra el modelo de educación diferenciada hace nueve años, cuando el PSOE gobernaba en España y en esta comunidad.

En 2006, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), que permitía a las comunidades autónomas dotarse de su propia legislación educativa. Andalucía fue la primera en hacerlo, aprobando en 2007 la Ley de Educación Andaluza (LEA). Esa norma prohibía por primera vez la “discriminación por razón de sexo” en la escuela (hasta entonces se vetaba la discriminación por raza, etnia, etc).

Aquel matiz serviría para que años después, en 2013, la Consejería de Educación diese un ultimátum a los 12 colegios andaluces que segregaban a su alumnado por sexos: o bien se integraban en la escuela mixta o perderían los conciertos. Todos rechazaron el órdago y acudieron a los tribunales, logrando que los jueces prorrogaran sus ayudas como “medida cautelar” mientras se resolvía el caso. El conflicto entre el Gobierno andaluz y la patronal concertada fue ascendiendo por la lenta y empinada escalera de la justicia española, como una montaña rusa -a veces con fallos a favor y otras en contra- hasta enero de 2016, cuando el caso llegó al Tribunal Constitucional (TC), el que dirime los derechos fundamentales de los españoles. El TC tumbó el recurso del Gobierno andaluz y sentenció que la financiación pública de los colegios concertados exclusivos de niños o de niñas no era inconstitucional.

Cambia la ley, cambian las sentencias

En todo este largo proceso, ha habido argumentos jurídicos para todos los gustos, desde el tribunal de primera instancia hasta el Constitucional. El problema fundamental es que la justicia es más lenta que la política, de modo que mientras los jueces resolvían, la legislación educativa había cambiado.

Cuando se inició el litigio, la LOE amparaba el derecho de la Junta a retirar las ayudas a los colegios que “discriminaban por sexo”, pero cuando terminó el proceso, la Lomce había blindado el modelo de educación diferenciada. El Gobierno andaluz ganó la partida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) y en 2014 ante el Tribunal Supremo, pero dos años después, perdió ante el Constitucional.

¿Por qué? Porque poco después del fallo del Supremo que ordenaba suprimir los conciertos a los colegios que segregan por sexo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la polémica Lomce o Ley Wert. Ésta incluyó incluyó a ultimísima hora una disposición transitoria para blindar a la escuela diferenciada: los centros privados a los que en 2013 se les había denegado la renovación del concierto o reducido las unidades escolares concertadas por ofrecer educación diferenciada por sexo podrían solicitar de nuevo dicha subvención a los dos meses de la entrada en vigor de la nueva ley.

Con esa prórroga de dos meses, el Gobierno de Rajoy se alió con las escuelas católicas para esquivar el criterio de los jueces del Supremo. Obviamente, la Junta volvió a recurrir, pero cuando llegó la sentencia del Constitucional, en 2016, éste ya se remitió a la nueva legislación, donde la escuela diferenciada había quedado blindada.

Y ahora, vuelta a empezar. Este año, la Junta de Andalucía tiene una oportunidad que no volverá a presentarse hasta dentro de seis años, según establece la ley. Los casi 600 colegios semiprivados de la comunidad se encuentran en pleno proceso de renovación de las conciertos, es el momento de poner el contador a cero, y la Junta puede reevaluar si los conciertos siguen siendo necesarios o no. Así que el Gobierno andaluz ha vuelto a retirarle la financiación pública a estas siete escuelas que segregan por sexos en virtud de dos argumentos: uno, ya existen plazas suficientes, tanto en colegios públicos como en centros concertados de la zona, para cubrir las necesidades de escolarización que se prevén este año (con un descenso notable de la natalidad); y dos, la Junta está rotundamente en contra de subvencionar con dinero público a escuelas que “discriminan por sexos”.

Muchos se preguntan por qué el Gobierno andaluz se enfrasca de nuevo en una batalla judicial que ya ha perdido en el pasado. Además ahora con peores cartas, porque la ley en vigor (Lomce) sigue blindando a la escuela diferenciada y porque ya hay una sentencia del Constitucional a favor de los conciertos a estos colegios. Hay dos explicaciones, una jurídica y otra política: la primera es que los letrados de la Junta creen que existe una oportunidad de darle la vuelta a los argumentos a los que se agarra la patronal católica, recogidos en la convención de la Unesco de 1960 contra la marginación y la exclusión educativas. Este texto es el que ampara la educación diferenciada dentro de la Lomce, pero los abogados de la Junta creen que este principio sirve siempre que los colegios exclusivos de niños también tengan aulas exclusivas de niñas, y en ninguna de las siete escuelas andaluzas se da el caso.

El otro argumento es político. ¿Por qué Susana Díaz anunció en el Parlamento, de forma rotunda, que retiraría las ayudas a estos colegios? Aunque la perspectiva judicial, dados los antecedentes, no sea nada prometedora, aunque las costas de los juicios recaigan sobre el contribuyente, aunque al final los jueces vuelvan a dar la razón a la patronal de escuelas religiosas… Porque para un Gobierno socialista, el coste político de no oponerse radicalmente y con todas las armas legales a su alcance a un modelo de educación que considera no igualitario sería muy elevado. “El coste político de no dar la batalla en este asunto es mayor que las costas de los juicios que perdamos”, dice un miembro del Ejecutivo autonómico.Una cosa es la justicia, y otra la política.