No había cumplido los 20 años y ya fue capaz de preparar un montaje de experto estafador para aprobar la selectividad y entrar en CUNEF. Así se desprende del informe de la comisión judicial entregado al juzgado de instrucción número 2 de Madrid, que ha investigado si el pequeño Nicolás falsificó su DNI y si lo hizo con ayuda de personal del Ministerio del Interior, como desveló Público en 2014. 

La voz de alarma la dio el padre de uno de los compañeros de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, después de que su hijo le desvelara que otro adolescente se había presentado al examen de selectividad suplantando al pequeño Nicolás. Y este diario entregó al juez Arturo Zamarriego la prueba determinante: el documento falsificado en la comisaría de Tetuán con la connivencia de la funcionaria que le atendió y se saltó los protocolos de identificación del ciudadano: la remisión de la nueva fotografía a la División de Documentación de la Policía Nacional y la toma de la huella dactilar.  

Oliva Peña no fue la única cooperadora, según la investigación que le atribuye el delito de falsificación en documento público. También cayeron en su red el jefe de estudios del instituto Ortega y Gasset, José Yuste, que sería responsable del delito de cohecho; y su amigo Manuel Avello, hijo del diplomático español, Arturo Avello, a quien le atribuyen los delitos de falsificación en documento público y en documento oficial.  

Nicolai's eleven, la película

Con 18 años, en 2012, ya apuntaba cantidades astronómicas a pagar por servicios ilegales y creaba cuentas de Internet a nombre de grandes empresarios y políticos, como el presidente del Grupo Pascual, el ex secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, o el rey emérito Juan Carlos I.

No tenía reparo en ofrecer trabajos en OHL a funcionarios con descendientes en dificultades, como hizo con su profesor de instituto. A este también lo convenció de que le conseguiría trabajo a su hijo en el Grupo Pascual, a cambio de que hiciera la vista gorda cuando viese a otro joven haciéndose pasar por él en el examen de selectividad. 

Lo conseguía gracias a que empresarios como el presidente de la citada constructora, Juan Miguel Villar Mir, le sentaron a su lado en una rueda de prensa, sólo por ser un chico avispado y compañero de su nieto, Bosco López Madrid. También porque organizó la presentación del libro de José María Aznar, por ser miembro de FAES. Por buscarle tomates, maduros o no, al ex secretario de Estado de Comercio; ayudar a aprobar exámenes a hijos de diputados del Partido Popular, hacerse fotos con Esperanza Aguirre o el inversor de Eurovegas, incluso por poner a su servicio a policías municipales y recursos públicos del Ayuntamiento de Madrid que dirigía Ana Botella. 

Su nota media que en el instituto había sido de 5, 53 ascendió, gracias al 8,25 que sacó por él Manuel Avello en selectividad, a un 6,2 que le permitió entrar en la elitista CUNEF. Le costó su dinero, según el citado informe, ya que tuvo que pagar entre 18.000 euros -como consta en sus anotaciones- a 6.000 euros, según el testimonio de otros amigos a quienes les aseguró que "les compensaría por encubrirlo". 

Muchos fueron los que picaron su anzuelo, a pesar de ser adolescentes acomodados y con todas las necesidades cubiertas. El padre del suplantador trabajó en la embajada de Guinea Ecuatorial y fue responsable de relaciones internacionales del Ministerio de Interior de 2006 a 2011, durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba. 

La ejecución

Aunque el portavoz de prensa de la Policía aseguró en un primer momento que la información de Público no se correspondía con la verdad, la presunta falsificación no podría haberse hecho sin los deslices de una trabajadora del Ministerio del Interior, que trabaja en las dependencias policiales de Tetuán (Madrid), según confirma la investigación de los funcionarios del citado cuerpo de seguridad.

La División de Documentación nos da la razón en que "el documento nacional es auténtico", pues su soporte lo es al ser elaborado en el mismo sistema que factura los oficiales aunque los datos que contenía eran falsos: la foto y la firma no se correspondían con Francisco Nicolás. 

Esto sólo es posible hacerlo si no se sigue "el proceso informático que solicita la toma de la impresión dactilar que, tras su cotejo, permite la continuación del proceso". Es decir, concluye la comisión judicial formada por policías pertenecientes a la Unidad de Asuntos Internos, que aunque la funcionaria declara que "la huella le dio credibilidad" esto es informáticamente imposible.

La funcionaria Oliva Peña, concluye el informe, "no comprueba, a pesar de observar que hace solo dos días había expedido otro DNI por extravío, que esa fotografía no se corresponde con el del titular de ese DNI (que lo tenía presente y que a la vez le parecía exhibida en su pantalla de ordenador su anterior fotografía del DNI), ignorando dicha medida de seguridad y la normativa aplicable de remitir ese talón-foto por cambio de fotografía al archivo de la División de Documentación".