En 2016, unos periodistas se acercaron al Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para entregarles un regalo: un documento emitido por Javier López Madrid --quien fue investigado por acosar a una doctora, imputado en Púnica y juzgado por las tarjetas black-- que acreditaría un pago, por valor de 1,4 millones de euros, de la constructora OHL a una cuenta en Suiza perteneciente al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Sin embargo, el regalo estaba envenenado: el número de cuenta no era correcto en todos los números. Pero los agentes siguieron investigando y la solución la aportó un detective al que hace casi 10 años había recurrido Juan Miguel Villar Mir, hijo, para que le confirmara que el dinero que su cuñado les pedía iba a ser destinado realmente al pago al dirigente del PP de Madrid. 

El detective realizó un ingreso, confirmó que la cuenta correspondía a González, y después OHL efectuó el pago. Casi 10 años más tarde, alguien sospechó que el regalo que les daban para la Guardia Civil podía estar envenenado y consultó con ese mismo detective madrileño. El número de cuenta que aparecía en el documento actual era muy parecido al bueno, pero no era el correcto. 

Así que los investigadores de la UCO se cuidaron de no introducir en un primer momento esa cuenta entre las solicitudes de documentación enviadas a Suiza por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

Sin embargo, mientras trataban con las autoridades suizas les preguntaron por esta otra cuenta, sabiendo que el número no era correcto. En muestra de colaboración, Suiza les proporcionó la información necesaria para descubrir la cuenta correcta y evitar que un error de un solo número echase abajo el trabajo policial con el que ya han conseguido enviar a Francisco Granados a prisión y, seguramente, también a Ignacio González después de que éste preste declaración. 

¿Lucro personal o financiación del PP de Madrid?

En el marco de la Operación Púnica, que investiga el mismo juez y la misma unidad de la Guardia Civil que ha detenido a González en la Operación Lezo, se está indagando la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Sospecha que también se está fundamentando en el juicio del caso Gürtel, donde la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, está declarando hoy mismo, y en el que tendrá también que prestar testimonio el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En ese caso Gürtel, que lleva la Policía, se ha desvelado otro episodio que entronca directamente con esta relación entre la constructora OHL y los dirigentes madrileños y nacionales del PP. Algo que se produce en pleno cruce de operaciones de espionaje entre los dirigentes de la Comunidad de Madrid, que van desde Cristina Cifuentes a Alfredo Prada, Manuel Cobo o Carmen Flores, amiga del entonces gerente del PP, Álvaro Lapuerta:

En el despacho de Mariano Rajoy se reúnen con él Lapuerta, Bárcenas y Aguirre. El gerente está harto. Es amigo de Juan Miguel Villar Mir desde que los dos compartían puestos de responsabilidad en los ministerios de infraestructuras del franquismo y OHL siempre había contribuido a la financiación del PP nacional gracias a esta relación personal. Tanto es así que uno de los hijos de Lapuerta fue el responsable de OHL en México durante la campaña de Peña Nieto. 

Pero, según la versión que ha obtenido Público de fuentes conocedoras de ese encuentro, "los de la planta de abajo [refiriéndose al PP madrileño presidido por Esperanza Aguirre] se están quedando con todo el dinero de las comisiones y no llega lo suficiente para el partido nacional".

Esta era la misma sospecha que tenía la familia Villar Mir. Las fiestas en el yate que López Madrid compartía con David Marjaliza (el cerebro de la Púnica) y Francisco Granados (hoy en prisión), no inspiraban ninguna confianza a la familia del constructor conservador, que conocía de sobra los espionajes y conspiraciones de unos contra otros dentro del PP.

Sin embargo, el empresario siempre ha sabido llevar en paralelo sus relaciones entre los dos rivales tocados por el dedo de la ex presidenta. En 2014 --según se recoge en una de las investigaciones por sus amenazas a la doctora Elisa Pinto-- el volumen de llamadas que mantenía López Madrid con Granados y con González demuestran la buena amistad que mantenía con ambos próceres del PP madrileño.

Esta misma mañana, la Guardia Civil ha registrado la sede de OHL en Madrid, en busca de pruebas de esa financiación ilegal del PP madrileño por parte de la constructora.

Ahora bien, cuando los agentes de la Policía enviados por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional registraron la sede del PP en la calle Génova durante 14 horas, en diciembre de 2013, curiosamente se saltaron esa "planta de abajo" donde estaban todos los papeles del partido de Madrid. Y no sería hasta febrero de 2016 cuando se efectuó el registro de esa planta de Génova, 13, y se obtuvieron las pruebas de la corrupción relacionada con los dirigentes que actuaban bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

Casualmente --¿o no es casual?-- los policías que efectuaron el primer registro de la sede del PP (saltándose la planta madrileña) estaban a las órdenes del entonces director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, jefe de la brigada política cuya existencia desveló Público en exclusiva al revelar las grabaciones secretas al ministro del Interior, entonces Jorge Fernández Díaz. Y tuvo que ser la Guardia Civil, más de dos años después, la que efectuara finalmente el registro que está levantando las alfombras de la corrupción del PP de Madrid.

Y lo que sale bajo esas alfombras huele cada día peor.