El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, faltó a la verdad en las explicaciones que ofreció al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre el ascenso a jefe de Policía Nacional de esa comunidad autónoma del comisario Héctor Moreno García, condenado por torturas e indultado por el Partido Popular. Sin embargo, no es la primera vez que Interior y Policía Nacional mienten para ocultar las torturas y las detenciones ilegales que los agentes de Policía practicaron aquel 28 de mayo de 1982. Se trata de la tercera vez que mienten. Ni más ni menos. 

De hecho, la Audiencia Nacional ya condenó al Estado español a pagar 800.000 pesetas a una de las víctimas de esas torturas, el abogado Luis María Figueroa, por mentir sobre lo verdaderamente ocurrido y distribuir esa información falsa a los medios de comunicación, que replicaron la información de la Policía Nacional con todas sus mentiras. Una estrategia similar a la que ha intentado ahora, 18 años después, el ministro del Interior. 

Llama especialmente la atención que el ministro Zoido iniciara su carta a Revilla señalando que no había contestado antes porque no quería hacerlo "sin disponer de toda la información acerca de esta cuestión, puesto que en muchas ocasiones las prisas y las primeras impresiones nos llevan a adoptar conclusiones erróneas o precipitadas". Sin embargo, la versión que aporta Zoido es la misma que ofreció en su momento el atestado policial, que fue refutado en los tribunales por ser falso.

Información difundida en Diario 16 con el falso atestado policial

Los hechos: la Policía Nacional difundió una nota de prensa el 7 de mayo de 1982 en la que se aseguraba que la violenta actuación policial del grupo de policías aquel 28 de abril se debía, atención, a que "un numeroso grupo de individuos" puso en marcha "una "agresión tumultuaria" contra los agentes de policía, que investigaban un atraco contra la propia Policía. Aquella nota, además, señalaba a una de las víctimas de las torturas, Luis María Figueroa, con su nombre, apellidos y profesión de abogado, como el "inductor" de la agresión tumultaria que hizo que los policías terminaran con las "ropas rasgadas" causando también "serios daños en el vehículo policial". 

La Justicia demostró que la versión policial era una farsa, que no hubo agresión a los agentes ni al coche y que además fueron los policías los que torturaron, detuvieron ilegalmente y maltrataron a ciudadanos inocentes que pasaban por allí. Así quedó reflejado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmada en exactos términos por el Tribunal Supremo, que señala que "los acusados [es decir, la policía] faltaron a la verdad" y "contaron lo ocurrido de un modo distinto al real". Así, la sentencia califica el atestado de los agentes como una "denuncia falsa" ya que "los acusados alteraron la verdad no como parte de un plan preconcebido, sino como medio de encubrir sus actos delictivos". A pesar de ello, la nota de la Policía fue difundida con mínimas variaciones por El País, Diario 16, La Voz de Asturias y Diario Ya, entre otros. 

El abogado Luis María Figueroa reclamó ante Interior daños y perjuicios ante la falsedad de la información difundida por la Policía. La resolución de Interior, a la que ha tenido acceso este diario, reconoce que el atestado policial era falso y que el el agente de Policía que redactó el atestado no prestó atención alguna a las manifestaciones de los ciudadanos que fueron ilegalmente detenidos" sino que "únicamente prestó atención a la versión unilateral y distorsionada ofrecida por los funcionarios policiales". Sin embargo, Interior no creyó que hubiera que indemnizar al abogado Figueroa por este hecho ya que consideró que la sentencia judicial ya había sido "reparadora, por lo que el abogado recurrió a la Audiencia Nacional. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Primera, condenó en 1998 a Interior a pagar 800.000 pesetas a Luis María Figueroa por lesionar el honor del afectado con la distribución de la "desafortunada nota de prensa emitida por la Policía". Asimismo, la Audiencia Nacional recrimina a Interior el hecho de que no haya dado "publicidad" a la sentencia condenatoria por torturas a los agentes del Cuerpo implicados ni haya "publicado nota alguna de rectificación".  Cabe destacar que las 800.000 pesetas fueron pagadas del bolsillo común de todos los españoles.