Llegó "tranquila" y rodeada de decenas de "amigos" del PP que -aunque ella lo negó-, habían sido expresamente invitados para la ocasión. Cristina Cifuentes comparecía ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid para explicar las presuntas irregularidades del contrato que adjudicó a Arturo Fernández la cafetería de dicha institución.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió dos informes con sus sospechas sobre supuestas arbitrariedades en dicha adjudicación en los años 2009 y 2011. La ahora presidenta de la Comunidad de Madrid era entonces vicepresidenta de la Asamblea y era miembro tanto de la Mesa de Contratación de la misma como del Comité de Expertos encargado de evaluar a los candidatos del contrato. Además, del informe policial se deducen posibles injerencias para dar un trato de favor al grupo Cantoblanco, propiedad del citado empresario que, además de expresidente de la CEIM -la patronal madrileña- fue también donante de las campañas del PP a través de la fundación Fundescam.

Cifuentes ha sido cuestionada por todo ello en una densa sesión de dos horas en las que la oposición consiguió sacar a la también líder del PP madrileño de sus casillas. "No me interrumpa" fue la frase más escuchada durante el tenso debate en el que se enzarzó en incontables ocasiones tanto con el portavoz de Podemos, Ramón Espinar, como con el de Ciudadanos, César Zafra.

La presidenta madrileña acusó a ambos -también al PSOE- de tener motivos electoralistas en su insistencia para que compareciera. Llegó a comparar su situación con la época de la Inquisición y criticó el "linchamiento" que tiene, en su opinión, como único fin, "arañar votos" y ligar a ella misma y a su Gobierno con la corrupción. "Siempre he actuado con honestidad e integridad", defendió Cifuentes una y otra vez. Asimismo, volvió a defender que su única participación en los citados contratos consistió en dar el visto bueno a los informes de los técnicos de la Cámara regional que aprobaban la adjudicación y que siempre actuó ateniéndose a la "legalidad" y la "transparencia".

Beneficiar a un donante del PP

PSOE, Podemos y hasta sus socios de Ciudadanos preguntaron una y otra vez sobre quién decidió que ella formara parte también del Comité de Expertos, sobre si conocía que hubiera algún cambio en los criterios de contratación, sobre los responsables de la elaboración de los pliegos, sobre la incompatibilidad de los cargos, y sobre esas presuntas presiones para que Arturo Fernández saliera ganador. ¿Las respuestas? Siempre las mismas: había antecedentes, desde 2008, de que los vicepresidentes de la Asamblea participaran en el Comité de Expertos; los pliegos los elaboran los técnicos y la única incompatibilidad es no pertenecer al órgano proponente del contrato (la dirección de gestión administrativa, según ella) y nadie del PP le dijo nunca hacia dónde tenía que inclinarse.

Ella, insistió, se fió de la palabra de los técnicos que le explicaron -de palabra, porque nunca llegó a leerse sus informes, tal y como reconoció- y no cometió ninguna irregularidad. Así admitió su error por no haber sido más exhaustiva con el control del contrato, algo que le recriminaron los diputados de la oposición. "Si no lo miró, ¿cómo supo que lo que firmó estaba bien?", le preguntó Zafra. Ella se defendió: "No se me puede criticar por una cosa y la contraria: por ser un convidado de piedra y por sí haber participado en la valoración del contrato".

En este sentido, agregó que en cuanto a la presunta conveniencia de beneficiar a un donante del PP, algo que la oposición tildó como "un pago de favores", "las fechas no cuadran". Según su defensa, ella fue vocal de Fundescam hasta 2007. Y hasta aseguró haber participado antes en alguna adjudicación en la que Arturo Fernández perdió el concurso. Los contratos de la Asamblea a los que se hace referencia son de 2009 y 2011, por lo que, dijo, no hay ningún ligamento que los una.

Reconoce que es posible que se hayan cometido errores

Por ello, Cifuentes volvió a arremeter contra la UCO. "Está equivocada en muchas cosas", sentenció. Y, aunque intentó tener un gesto llevando en su solapa la insignia de la Guardia Civil y defendió que ella siempre había respaldado el trabajo de dicho Cuerpo ("siempre he defendido a todos sus miembros y siempre los defenderé", insistió en que es "mentira" que ella haya influido en dicho contrato. "El informe de la UCO tiene errores e incorrecciones y hace juicios de valor y clasificaciones jurídicas que no le corresponden. Corresponden a jueces y fiscales y el juez ya ha dicho que no hay motivos para imputarme", insistió.

"¿Qué va a hacer cuando la imputen?", le espetó Espinar, que le recordó que el juez sólo ha manifestado que no ha decidido investigarla "todavía". "Me alegra ver que el juez ha hablado con usted", respondió ella con ironía. "Nunca jamás tuve nada que ver en ningún acto ilegal. ¡En mi vida, en mi vida!", resaltó Cifuentes para defender que, en todo caso, no puede haber responsabilidades penales por este hecho. No obstante, sí reconoció que es posible que se hayan cometido errores que entraría dentro del "ámbito contencioso-administrativo- y no penal" en la elaboración de los pliegos. "No lo discuto, pero tendrán que explicarlo los técnicos y las personas que los elaboraron", argumentó para pedir, otra vez, que la oposición no vete su petición de comparecencia del resto de personas que participaron en aquella contratación.

"El objetivo de esta comisión no era saber la verdad", criticó otra vez que la oposición sólo aceptase la comparecencia del exvicepresidente tercero Antero Ruiz (IU) conjuntamente con la suya propia. "Pretendían convertir esto en un paseíllo para hacerme un juicio paralelo. Algunos querían convertirse en Torquemadas fallidos y han hecho conjeturas frente a hechos. Han querido manchar mi trayectoria con la corrupción, pero no lo han conseguido", concluyó Cifuentes.