Es la primera vez que un informe oficial del CSIC desautoriza la decisión del Gobierno central de permitir el almacenamiento de gas en el subsuelo próximo al Parque Nacional de Doñana, pero la reacción de las administraciones implicadas ha sido dispar: el Ministerio de Energía, que dio el visto bueno al primer tramo del gasoducto, asegura desconocer el informe y descarta paralizar el proyecto; el Ministerio de Medio Ambiente rechaza cualquier amenaza ambiental, y el Gobierno andaluz, en cambio, cree que el dictamen científico del CSIC “puede ser el hachazo definitivo” al gasoducto.

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha pedido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto hasta que se realice una “nueva evaluación de impacto ambiental integrada”, como pide el informe, y si se niegan, acudirán a los tribunales.

En los mismos términos se ha expresado esta mañana la sección sindical de CCOO que, en un comunicado dirigido a los 11.000 empleados del centro de investigación, alude al artículo de Público que adelantó el contenido del informe y denuncia que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, ya se mostró contrario a implicarse en el proyecto de Gas Natural próximo a Doñana durante una reunión del Consejo Rector de noviembre de 2016: “El CSIC no tiene nada que hacer respecto a ese proyecto. Actuaremos cuando suceda algo y si nos llaman”, dijo Lora-Tamayo, según asistentes a esa reunión.

Seis meses después, el mismo CSIC -desde su delegación territorial para Andalucía y Extremadura- elaboró un durísimo dictamen donde reconoce que se infravaloró la amenaza sísmica y pide “detener” los trabajos de almacenamiento de gas.

El Gobierno de España ha descartado, por el momento, paralizar el gasoducto de Gas Natural próximo a Doñana, pese a existir un informe contrario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otro del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El proyecto, subdividido en cuatro subproyectos, consiste en instalar 72 kilómetros de gasoductos, abrir 16 pozos de extracción de gas y utilizar el subsuelo del entorno de Doñana como almacén. Sólo el primer tramo tiene autorización y está en ejecución, los otros tres (fuera del parque) aún necesitan permisos.

El dictamen científico del CSIC, fechado el pasado mes de junio, surge a instancias del Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, que investiga desde hace más de un año si el gasoducto supone una amenaza ambiental para la reserva. La respuesta que obtuvo por parte de este organismo del Estado, dependiente del Ministerio de Economía e Industria, fue así de rotunda: “Consideramos que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto (incluyendo los cuatro subproyectos en que se subdividió) sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar, tal como se ha procedido en el pasado con otros proyectos o problemas que podían afectar a la conservación de Doñana, por ejemplo las actuaciones tras el vertido tóxico de Aznalcóllar o el estudio realizado sobre los impactos esperados del dragado del Guadalquivir”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha considerado estas conclusiones lo suficientemente graves como para elevar una copia del informe a su homóloga en las Cortes Generales, Soledad Becerril, dado que su oficina también ha incoado un expediente de queja en relación al gasoducto. Maeztu también se ha puesto en contacto esta semana con el Instituto Geológico de España, solicitándole una copia de su propio informe sobre el proyecto, después de que el CSIC le confirmara que el equipo de geólogos también habían contrastado “los riesgos existentes” sobre la zona.

“El hecho de no incluir en la Declaración de Impacto Ambiental los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar indica que la valoración del riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de estabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad”, avisa el informe.

El Ministerio de Energía asegura a este periódico “no tener constancia de ningún informe oficial del CSIC” sobre el almacén de gas cercano a Doñana, a pesar de estar fechado el mes pasado, y en manos de otras instituciones como el Defensor del Pueblo andaluz y estatal. También afirman no haber recibido advertencias sobre el riesgo sísmico por parte del Instituto Geológico y Minero de España. “Es más, el proyecto Marismas Occidental, el único tramo del gasoducto que dispone de autorización y que se encuentra en fase de ejecución, cuenta con estudios exhaustivos e informes oficiales favorables del IGME y del Instituto Geográfico Nacional con relación a todos los riesgos geológicos, incluida la sismicidad. Los gasoductos han sido diseñados conforme a un estándar específico resistente a la sismicidad”, advierten desde el departamento que dirige Álvaro Nadal.

Gas Natural ha rechazado valorar el contenido de los informes oficiales contrarios a su proyecto, pero aseguran que los trabajos del almacenaje del primer tramo del gasoducto “no se han paralizado en ningún momento, ni existe intención de pararlos”. La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva asegura, en cambio, que “desde hace cinco o seis meses no existe actividad en la zona donde opera la empresa”.

Denuncia ante la Comisión Europea

El informe del CSIC advierte de que la empresa promotora troceó el proyecto en cuatro subproyectos con el fin de obtener declaraciones de impacto ambiental positivas, algo que desmiente categóricamente el Ministerio de Medio Ambiente. “En ningún caso se ha tratado de esquivar la tramitación conjunta de los proyectos”, aseguran desde este departamento, tras explicar que existe jurisprudencia en el Tribunal Supremo que prohibe el fraccionamiento de proyectos de grandes dimensiones.

Medio Ambiente niega que el gasoducto fuera troceado y asegura que inicialmente Gas Natural presentó una decena de proyectos individuales que “se agruparon en cuatro grandes proyectos que tuviesen una lógica por ubicación y funcionalidad”. “Todos ellos fueron sometidos al procedimiento más exigente de evaluación”, advierte este Ministerio, que contradice partes enteras del informe del CSIC.

El Gobierno de Susana Díaz se ha hecho con una copia del informe y cree que sus conclusiones corroboran “taxativamente” los temores sobre el riesgo sísmico que supone el gasoducto para Doñana. “Este puede ser el hachazo definitivo que buscábamos”, asegura a Público un alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente. El consejero José Fiscal ha anunciado este viernes que acudirá a los tribunales si el Ejecutivo de Mariano Rajoy no suspende el proyecto de forma cautelar, y como último recurso no descarta acudir a la Comisión Europea para que examine el informe del CSIC.

El año pasado, una delegación de la Junta de Andalucía ya viajó a Bruselas para reunirse con el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, al que le plantearon sus miedos respecto al almacén de gas en el subsuelo próximo a Doñana. La Comisión Europea tomó nota, pero no quiso amonestar a España porque percibió discrepancias entre la posición del Gobierno central y del andaluz. Ahora, el Ejecutivo de Díaz tiene en su mano un informe oficial del CSIC que “cambia sustancialmente el panorama” y “da argumentos suficientes como para reconsiderar el proyecto”.

La empresa Gas Natural ya tiene interpuesta en los tribunales una reclamación de responsabiliadad patrimonial contra la Junta de Andalucía, porque en 2013 acordó suspender la tramitación de los permisos de un segundo tramo del gasoducto hasta evaluar los efectos sinérgicos y acumulativos de todo el proyecto en su conjunto (los 72 kilómetros de gasoducto). Justo lo que ahora reclaman los dos informes oficiales, que reconocen que cuando el Gobierno concedió la Declaración de Impacto Ambiental no hizo un análisis geológico de la zona, y valoró los efectos de los cuatro subproyectos por separado, en vez de en su conjunto.

La presión llegará por partida doble, porque no hace ni 48 horas que el Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos -con una enmienda del PSOE- que insta al Gobierno de Rajoy a paralizar de forma cautelar el primer y único tramo activo del gasoducto, que solicite la emisión de informes sísmicos e hidrológicos de los cuatro subproyectos, y que se realice una evaluación global de todos, tal y como prevé la Unión Europea por tratarse de un espacio incluido en la red Natura 2000. La petición de Podemos es anterior a que se conociera el informe oficial del CSIC que comparte la misma reclamación al Ejecutivo central.