La trama Gürtel sigue siendo una piedra en el zapato de Mariano Rajoy, que deberá empezar el curso político en el Congreso con ese fantasma persiguiéndole. Aunque en el PP dieron por zanjada la polémica tras la declaración del presidente del Gobierno ante el tribunal de la Audiencia Nacional el pasado 26 de julio, el jefe del Ejecutivo tendrá que volver a dar explicaciones al respecto este miércoles.

Forzado por la oposición, acudirá, por segunda vez desde que ocupa la Moncloa, a un pleno extraordinario cuyo único orden del día es ese: la comparecencia del jefe del Ejecutivo sobre la presunta financiación irregular de su partido. 

Ello se debe a la insatisfacción que produjo su declaración en el juicio, donde negó su conocimiento de la existencia de una caja B en el PP y se escudó en su "responsabilidad política" y no económica dentro de la formación como excusa para lavarse las manos. Sus "no lo sé", "lo desconozco" y "no tengo la más remota idea" no convencieron a PSOE y Podemos, impulsores de la petición de esta comparecencia extraordinaria. 

Desde el Partido Popular han arremetido contra la "falta de talla política" del resto de formaciones porque, argumentan, han convocado una sesión "que no aportará nada nuevo para los españoles" cuando, según ellos, el foco de atención debería estar en los atentados de Barcelona y Cambrils. Además, critican que la oposición esté pendiente de "intereses partidistas" justo en este momento en el que los conservadores pretenden hablar de Catalunya, empleo, presupuestos y, sobre todo, del pacto antiterrorista. 

Sin embargo, fueron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quienes anunciaron, ya en julio, su intención de forzar la comparecencia del presidente. Ambos consideraron insuficientes las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional y vieron necesario obligarle a rendir cuentas ante la Cámara baja. Ya en la reunión de la Diputación Permanente del 23 de agosto sus intenciones se hicieron realidad y forzaron la comparecencia de Rajoy con el apoyo de todos los grupos a excepción de PP y Ciudadanos, que se abstuvo justificando que preferían llamar a Rajoy en la comisión de investigación de la caja B y no en el pleno. 

Pese a ello, todos han anunciado su intención de pedir responsabilidades políticas a Rajoy por la trama que, presuntamente, sirvió para financiar al PP de manera irregular cuando éste ocupaba el cargo de secretario general del partido. Así, se prevé que los grupos repregunten al presidente por la decena de cuestiones que el presidente del tribunal de Gürtel, Ángel Hurtado, impidió realizarle e insistan en que matice sus respuestas con algo más que un "no lo sé". 

En agosto del 2013, la última vez que Rajoy se vio obligado a comparecer ante el Parlamento por este mismo tema, el presidente negó la existencia de la caja B, de los sobresueldos y, por supuesto, haberlos recibido. Sólo reconoció que se equivocó al confiar en el extesorero que dio nombre a los papeles de Bárcenas e insistió en que su famoso SMS de ánimo ("Luis, sé fuerte") no era un modo de encubrir un delito. 

El presidente del Gobierno volvió al plasma en su declaración ante el tribunal de Gürtel en la Audiencia Nacional el pasado 26 de julio. Archivo REUTERS.

Lo mismo mantuvo en la Audiencia Nacional. Rajoy afirmó que no tuvo "queja" de Bárcenas mientras era tesorero, aunque sí le responsabilizó de las cuestiones económicas -e irregulares- del partido que él, a quien sólo correspondía una función política -dijo-, desconocía.

Como el resto de declarantes, también culpó al antecesor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta -exonerado de declarar ante el tribunal de Gürtel por padecer demencia- de los posibles delitos relacionados con la trama y hasta tuvo dardos para Esperanza Aguirre, a quien responsabilizó de la parte madrileña de la trama que se juzga, precisamente, en esta pieza del caso que abarca desde 1999 a 2005 y se centra, principalmente, en las campañas electorales de Pozuelo y Majadahonda de 2003.

Rajoy también dijo desconocer a Francisco Correa, el empresario que presuntamente engordó la caja B del PP -destinada a financiar campañas y sobresueldos de forma irregular- a cambio de adjudicaciones públicas y presumió de haber puesto fin a los contratos del partido sobre sus compañías. Sólo admitió no haberse preocupado por conocer los resultados de la investigación interna encarga a la expresidenta madrileña, así como no haber vigilado lo suficiente que su orden de echar a la trama de Génova fuera ejecutada.

Es por ello, precisamente, por lo que la oposición le insta a dimitir. Del mismo modo que Aguirre abandonó sus cargos al admitir su responsabilidad 'in vigilando', Rajoy debería hacer lo propio, consideró este martes la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles. 

En el PP siguen defendiendo que, pese a que Rajoy dirigió campañas electorales y ocupó cargos en la cúpula del partido (vicesecretario general y secretario general) en la época que se juzga, no tuvo responsabilidad alguna sobre los delitos denunciados. Aun así, el presidente volverá a enfrentarse a preguntas de 10 minutos -más 5 de réplica- sobre la financiación del partido, de las obras de su sede, de los sobresueldos, sobre la destrucción de ordenadores y sobre su relación con Luis Bárcenas, cuya pieza separada de los papeles está a punto de iniciarse en los tribunales. 

Se prevé que Rajoy intente pasar de puntillas, una vez más, por todos esos temas. Pero, lo quiera o no y aunque intente huir hacia adelante, como hizo en julio tras su declaración en la Audiencia Nacional, todavía existe la posibilidad de que tenga que volver a declarar como testigo. Y aún está pendiente que la oposición le obligue también a comparecer en la comisión de investigación de la caja B del PP abierta en el Congreso. El fantasma de Gürtel le persigue...