El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado hoy a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y que cierren los que se hubieran podido abrir para la votación. Además, el TSJC ha ordenado a la Fiscalía que cese en sus "diligencias, actuaciones e instrucciones" para impedir la votación porque una magistrada del alto tribunal catalán ya ha asumido la investigación. En un auto, la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que dirige la causa abierta por el 1-O contra el gobierno catalán, notifica a la Fiscalía que debe cesar sus actuaciones en relación al referéndum, en virtud del artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé esta medida cuando exista un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos.

Armas ha acordado impedir el uso de locales públicos en un auto en el que también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos.

La magistrada adopta estas medidas ante la "clara inobservancia" por parte de los miembros del Govern de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de las órdenes que dio de cerrar webs del Govern y que han sido "burladas" mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse.

En su resolución, la juez manda a los cuerpos de seguridad que, de manera coordinada, impidan desde hoy hasta el domingo que estos locales de titularidad pública o en los que se presta algún servicio público se usen para la preparación de la consulta. El día 1 de octubre, indica, "se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse".

La decisión de la juez se ha producido el mismo día en que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisado de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos, y se ha quejado de que fuera el fiscal, y no un juez, quien estuviera ordenando el cierre de los centros. En este sentido, la magistrada indica que si las votaciones se prevén en edificios con servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, solo se clausurarán las dependencias en las que se produzca la votación.

"Se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios", indica. También ordena a los cuerpos de seguridad, como ya hizo la Fiscalía, requisar todo el material relacionado con la consulta que se pretenda introducir en los locales o ya esté allí, "incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan".

Otros centros públicos que manda cerrar son los que se usen como "infraestructura logística o de cálculo", como centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos. Todo ello lo deben realizar los tres cuerpos, destaca, "conjuntamente para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario", y cuando sea necesario contarán con el apoyo de la Guardia Urbana y de las policías locales.

Para que se garantice el buen funcionamiento de esta actuación conjunta, la magistrada establece que las fuerzas de seguridad responderán al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigido por Diego Pérez de los Cobos. "La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Catalunya aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado", afirma la jueza del TSJC.