¿Lo que ha hecho el franquismo en los 40 años transcurridos desde que el 20 de noviembre de 1975 muriera el dictador ha sido agonizar o persistir? La pregunta es más sencilla que la respuesta, que aún lo es menos si se escarba en una realidad con paradojas como que quien ocupara cargos en el Ministerio de Hacienda durante la dictadura presida hoy la Comisión Mixta de Seguridad Nacional  Congreso-Senado.

Eso es algo que convierte al exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, uno de los tres diputados de 1977 que siguen en cargos públicos tras dejar Soledad Becerril el Defensor del Pueblo, en un símbolo (algo “representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición”), o quizás en un síntoma (“señal o indicio de que algo está sucediendo o va a suceder”), de ese periodo histórico conocido como la Transición, cuyo nacimiento nunca se ubicó, aunque sí están documentados los vínculos con la Administración franquista del grueso de sus protagonistas, y cuyo final, cuatro décadas después, sigue sin tener fecha.

No obstante, comienzan a acumularse indicios de la eventual proximidad de ese cierre. Entre otros, que nueve grupos parlamentarios se unan para legislar el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo modificando la Ley de Amnistía o que el Congreso abra la puerta a declarar nulos los juicios políticos de la dictadura. O, también, que tres instituciones como el Congreso, el Parlamento gallego y el Ayuntamiento de Santiago, en este caso por vía judicial, reclamen a la familia del dictador que devuelva las dos estatuas de la catedral compostelana sustraídas en los años 60, apenas una década después de que las adquiriera el consistorio.

“Muchas grandes empresas vienen del franquismo”

“Para poder pasar página primero hemos de escribirla y de leerla”, dice la politóloga y profesora de la universidad de Zaragoza Cistina Monge, que señala cómo el cambio de régimen no afectó a las estructuras económicas ni a sus centros de poder, ni tampoco a piezas clave del aparato de la Administración.

“La correlación de fuerzas y el momento histórico no daban para más, y muchos asuntos, como la estructura territorial del país, el tratamiento de las víctimas de la guerra o el diseño de un Estado de bienestar con patrones europeos, no se resolvieron”, anota. 

Ocurrió algo similar con las estructuras económicas. “Muchas de las grandes empresas del Íbex 35 vienen del franquismo, y en algunos casos de los tiempos de Primo de Rivera”, explica el sociólogo Rubén Juste, quien recuerda cómo “la mayoría de las grandes constructoras se fundan a principios de los años 40, con la expansión de la obra pública después de la guerra”. De hecho, de las que integran el índice bursátil selectivo sólo ACS es posterior a la dictadura, aunque en su origen figura Ocisa (1942), mientras Acciona es el resultado de la fusión de Entrecanales (1928), Cubiertas (1918) y MZOV (1862). 

Sin embargo, en ambos ámbitos, el social y el económico se están dando algunos procesos de cambio en esas estructuras enraizadas en el franquismo que la Transición perpetuó y cuyo inicio sitúan los expertos, respectivamente, entre 2007 y 2011 y en 2010. 

Las nuevas élites

“Debemos llegar a un consenso sobre que esa primera transición se cierre en un momento determinado, que podría ser 1982, con la victoria electoral del PSOE –explica Monge–. Pero esa transición dejó cosas sin resolver a las que se añadieron otras, en una situación que se puso de manifiesto a partir de 2007 y con el 15-M, que inició en 2011 la segunda transición”. 

Ahora, añade, “estamos echando un pulso con ese establishment, mientras, con una izquierda en retroceso, la derecha cree que cedió mucho entonces y quiere recuperar una parte, como se ve en la tendencia recentralizadora en el modelo territorial”.

En el apartado económico, explica Juste, “las grandes familias del Franquismo siguen al frente de las empresas hasta que en 2010 sus miembros comienzan a ser reemplazados por inversores y gestores”. El cambio de tendencia se debe a la irrupción de los fondos de inversión internacionales con la crisis de las cajas de ahorro, las cuales, cuando comienza el proceso de fusión y bancarización consecuencia de su crisis generalizada, dejan de financiar a las antiguas constructoras procedentes del Franquismo tras haber apoyado su la expansión internacional como gestoras de servicios públicos.

A esa etapa, en la que los nuevos financiadores comienzan a imponer condiciones y controles desconocidos en la época de las cajas, le sucede otra de futuro incierto en la que el declive de algunas de esas empresas, con la salida del Íbex 35 de OHL y de Abengoa (cuyo segundo acreedor es el Estado por los préstamos de CajaMadrid) como episodios destacados, convive con la pujanza en el mundo de los fondos de inversión de una nueva élite, en la que suenan apellidos cercanos al poder desde hace décadas como Aznar (Haya Real Estate es una de las principales inmobiliarias del país), Aguirre (competencia desde Aguirre Newman) o, incluso, Primo de Rivera, con intereses en firmas financieras y medios de comunicación.

Ausencia de un relato común

Con todo, y pese a la persistencia de conexiones normalizadas y legales con el régimen franquista como la continuidad en el cargo de nueve alcaldes que recibieron la vara antes de la muerte del dictador, la vigencia de decenas de leyes promulgadas durante la dictadura o la transmisión de una corona asignada por Franco y asumida por la Constitución, cada vez son más las iniciativas de desconexión y de revisión con aquella época, por un lado, así como, por otro, las de reivindicación de quienes la sufrieron, en muchos casos a costa de su libertad o con la vida como precio.

Entre ellas destacan las iniciativas para exhumar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos, recuperar los cuerpos de las víctimas de la guerra y de la dictadura y rehabilitar a los represaliados, o las que ponen en cuestión asuntos como las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.

Aunque hay más flecos abiertos para superar la huella del franquismo: la utilización partidista de símbolos como la bandera estatal, los complejos sobre la propia denominación del Estado y la carencia, todavía, de un relato histórico de amplia aceptación sobre qué ocurrió en los cuarenta años de dictadora y en las cuatro décadas que le siguieron.