El Ayuntamiento de Madrid lo tiene claro: no derogará el acuerdo que mejora las condiciones de sus empleados públicos, pese al requerimiento de anulación impulsado por la Delegación del Gobierno el pasado 26 de octubre. Este requerimiento se basa en que la medida -planteada desde hace más de diez años y que beneficiará a más de 4.000 trabajadores-, incumple el límite máximo de incremento de la masa salarial (un 1%) que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.

El Gobierno local de Manuela Carmena ha rechazado este planteamiento, ya que la propia Ley de PGE establece excepciones a este límite, siempre y cuando "se trate de adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo", explican fuentes del Consistorio madrileño a Público.

En este caso, el acuerdo alcanzado con los sindicatos el pasado 29 de junio, y que entró en vigor el 1 de julio, aborda un nuevo sistema de clasificación profesional del personal laboral, que unifica y homogeneiza a los empleados que proceden de convenios colectivos con sistemas de clasificación diferentes. Este nuevo sistema de clasificación profesional se planteó ya en las negociaciones previas a la firma del Convenio único para el personal laboral -en 2006-, pero nunca se había desarrollado.

Por otro lado, en la respuesta tramitada por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 31 de octubre, explican que, como ocurre siempre que se aborda una homogeneización de este tipo, hay empleados que mejoran sus retribuciones, mientras que hay otros que las mantienen e, incluso, "algunos que las ven rebajadas y congeladas". "Algo que desmiente claramente la afirmación de la Delegación del Gobierno de que este acuerdo supone una subida generalizada de las mismas", consideran fuentes cercanas a Público.

El acuerdo se atiene a la legalidad vigente

El Gobierno local insiste en que este pacto permite eliminar las "importantes trabas" que impedían una correcta gestión de los sistemas de oferta de empleo público, de promoción profesional, de concursos para la cobertura de los puestos y de movilidad del personal, que durante más de diez años han estado paralizados.

Desde el Ayuntamiento que dirige Carmena, que entiende que el acuerdo se atiene plenamente a la legalidad vigente, señalan que estarían "encantados de sentarnos con la Delegación del Gobierno para ver el tema".

Ante la oposición del Consistorio a la petición de anulación de dicha medida, queda por ver si se procederá a la "impugnación del acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa", como recogía el requerimiento, en cuyo caso el Ayuntamiento "responderá en los tribunales".

No obstante, tanto la administración local como los sindicatos apuntan que el proceso sigue adelante. "Confiamos en que el Gobierno central recapacite y no impugne el acuerdo", sostiene Arantxa Saiz (UGT-Madrid).