Soraya Sáenz de Santamaría presumía el pasado miércoles de que Canarias es uno de los territorios con más atractivos fiscales. La vicepresidenta del Gobierno, en una intervención dedicada en exclusiva al Archipiélago, hizo hincapié en "la lealtad institucional" que rige la trayectoria política de Fernando Clavijo.

Unas declaraciones que coinciden en el tiempo con la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, de elevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una exposición razonada para que el alto tribunal se haga cargo del conocido como caso Grúas al pasar a ser investigado el presidente del Gobierno de Canarias.

El origen de la denuncia que recae sobre el presidente canario se debe a la gestión "irregular" supuestamente realizada por Clavijo en relación con el servicio de retirada de vehículos de la vía pública en ese municipio tinerfeño. Según la denuncia, Clavijo, siendo concejal, habría presionado al concesionario para que vendiera la empresa a un grupo de amigos, que pusieron como sede social el domicilio de la asesoría propiedad del presidente del Gobierno.

Desde la ruptura del pacto entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE el pasado diciembre debido a discrepancias entre ambos partidos por la distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), PP y CC mantienen un acuerdo táctico que se ha traducido en el apoyo de los populares a los presupuestos de Canarias y viceversa. 

Así, el Gobierno de Canarias presidido por Clavijo aprobaba hace apenas unas semanas el mayor presupuesto de su historia con 8.239 millones de euros, 938 más que los de 2017, según anunció en su día el propio Clavijo tras la reunión del Consejo del Ejecutivo.

Los ejes de dicho presupuesto se articulan en torno a un incremento en la financiación de los servicios públicos esenciales a los que se destinan 439,7 millones de euros más que el año pasado; aumentar la inversión productiva, con 318,2 millones más (+ 45% ); y devolver a las rentas medias y bajas el esfuerzo que han hecho durante la crisis, con una reforma fiscal valorada en 124 millones de euros.

Clavijo, al TSJC por el 'caso Grúas'

La Audiencia menciona dos decisiones de Clavijo sobre las que considera que conviene seguir practicando diligencias: dos decretos por los que levantó los reparos formulados por la Intervención Municipal al otorgamiento de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria de las grúas y a la prórroga de ese servicio.

A juicio de la Audiencia Provincial, "no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas (...) no atenten deforma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal", al contrario de lo que había concluido inicialmente la juez instructora.

"Así como tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo", añadía el tribunal.

La juez de La Laguna entiende que seguir con las diligencias que la Audiencia Provincial le encomienda realizar puede afectar a un aforado, por lo que eleva el caso al órgano competente, el TSJC.