La Plataforma por la Honestidad (PLxH), que representa a los denunciantes de corrupción y abusos de poder, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -al igual que Podemos- por las maniobras de la nueva juez del caso Nicolás, María del Pilar Fernández Gamo, que ha llegado a imputar a quienes destaparon las siniestras operaciones de la excúpula de la Policía que dirigía el comisario Eugenio Pino, a las órdenes del ex ministro Jorge Fernández Díaz, y los oscuros negocios del 'agente encubierto' José Manuel Villarejo y sus "periodistas infiltrados", Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. 

La organización, que está personada en el caso del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, ha solicitado que se adopten las medidas necesarias para garantizar el "buen fin de la investigación", tras conocer -mediante filtraciones- que se ha incoado una pieza separada, declarada secreta, para investigar a los investigadores, sin conocimiento de ninguna de las partes personadas.

Asimismo, la PLxH denuncia que todavía no han sido resueltos ninguno de los recursos de reforma interpuestos contra las decisiones que tomó la sustituta del juez Arturo Zamarriego de no practicar diligencias sobre los hechos investigados.

"Nuestra queja hace referencia tanto a la repetición de actuaciones procesales que retrasan la tramitación de los recursos de reforma como a las continuas resoluciones que denotan una negativa a investigar los hechos delictivos, como por ejemplo, no incorporar a los autos documentación relevante" para averiguar quiénes son los autores de la grabación ilegal de la reunión de agentes del CNI y de Asuntos Internos. 

La Plataforma por la Honestidad señala que el cambio de juez, como en otros casos, "viene acompañado de medidas a favor de los presuntos delincuentes". Asimismo, sostiene que en esta ocasión se han tomado medidas en contra de los funcionarios de Policía que sí han cumplido con su obligación, hecho que la la PLxH califica de "extrema gravedad", ya que pone en duda la independencia de los máximos órganos judiciales respecto del poder ejecutivo, "constituyendo este hecho un gran obstáculo para la lucha contra la corrupción y para la defensa de los Derechos Humanos de los denunciantes y alertadores".