La coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, ha acusado este sábado al PP de ser el culpable de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto que fijaba en 35 horas semanales la jornada de los funcionarios y de las consecuencias negativas que ese fallo judicial tendrá en el empleo.

"Hay que apuntar al PP y hay que recordar a la gente quién les ha robado el derecho a recuperar su jornada", ha dicho a los periodistas la dirigente de Podemos, que ha asistido en Cádiz a un encuentro municipalista de su partido.

"Lamentamos profundamente la sentencia del Constitucional, pero esta sentencia llega porque el PP presentó un recurso que ahora ha salido adelante", ha insistido.

También ha recordado que el decreto de las 35 horas fue posible aprobarlo gracias a los votos de PSOE, Podemos y de IU, y no del de PP ni de Ciudadanos, que es socio de gobierno de los socialistas en la Junta.

"Las 35 horas son muy importantes porque no sólo benefician a los funcionarios, no es un chollo para ellos, sino una medida importante que genera empleo, y que va a permitir que haya más convocatorias y que menos licenciados se tengan que ir a Londres o Berlín a fregar platos", ha señalado.

El PP pide"rigor"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a la Junta de Andalucía "rigor" a la hora de buscar una solución sobre la jornada laboral de los funcionarios tras la sentencia del Tribunal Constitucional y que no se tomen "decisiones a la carrera que al final sean una chapuza".

Moreno, que ha asistido a un acto de entrega de condecoraciones en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, ha dicho a los periodistas que la sentencia que estima el recurso del Gobierno central contra la reducción de la jornada a 35 horas de los empleados públicos andaluces era "evidente".

El dirigente popular ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "no juegue con los funcionarios", a los que cree que hay que dotar de seguridad jurídica y "sobre todo hay que respetarlos", al tiempo que ha rechazado que estos se utilicen "en clave electoral".

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la necesidad de que la jornada laboral de los funcionarios esté regulada "con carácter general" para toda España y sea "común", pero ha considerado que en la organización del trabajo "sí que hay un margen de flexibilidad".

Según el titular de Justicia, la modificación de la jornada no es competencia de una comunidad autónoma y es una "característica básica" del empleo público, "sin perjuicio de que se pueda negociar", pero "con una visión nacional" y con "carácter de igualdad" para todos los empleados públicos, ha precisado.