Después de tres años de legislatura, Podemos ha iniciado un acercamiento estratégico hacia Ciudadanos, un partido en las antípodas ideológicas de la formación morada que, además, sostiene al Gobierno de Susana Díaz. La semana pasada el grupo que dirige Teresa Rodríguez inició contactos con la dirección de Ciudadanos con intención de unirse a su proposición de ley de reforma electoral, que los naranjas quieren registrar en el Parlamento en marzo. Ambos partidos irrumpieron en la Cámara andaluza en las elecciones de 2015 (Podemos con 15 diputados, C’s con nueve) y a ambos les interesa retocar una ley que, dicen, "beneficia al bipartidismo y hace imposible que los grupos pequeños logren representatividad en las circunscripciones menores". 

La formación de Albert Rivera se ha desmarcado del grupo de trabajo que durante 20 meses ha sentado a la misma mesa a los cinco grupos parlamentarios y a más de 70 expertos tratando de consensuar un dictamen para reformar la ley electoral andaluza. La última prórroga de este grupo alertó a Ciudadanos de que la norma no llegaría a tiempo para las autonómicas de 2019 si no iniciaban el trámite parlamentario antes del 31 de marzo. Su portavoz, Juan Marín, anunció que ellos registrarían su propia proposición de ley para forzar el debate en este periodo de sesiones, abiertos a que el resto de grupos alimente el texto con sus enmiendas. Es decir, lo mismo que estaba haciendo el grupo de trabajo pero ya dentro del reloj parlamentario. 

La semana pasada, durante el primer pleno del año en el Parlamento, el diputado morado, Juan Moreno Yagüe, contactó con Marín para ofrecerle que "presentasen conjuntamente la proposición de ley para la reforma electoral, abiertos a incluir también las propuestas de IU, para visualizar unidad de todos los grupos de la Cámara frente a la inmovilidad del bipartidismo PSOE-PP". El portavoz de Ciudadanos se avino a negociar con Podemos "con cierto escepticismo", porque sus formaciones han vivido de espaldas una a la otra los tres primeros años de mandato. Ahora tratarán de juntar sus propuestas para la reforma de la ley electoral (las que ya presentaron por separado en el grupo de trabajo) y tratar de pactar un mismo texto para llevarlo al Pleno.

Esta negociación bilateral en Andalucía coincide con un movimiento similar de las direcciones nacionales de sus partidos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acordaron la semana pasada negociar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), y fecharon la primera reunión de sus portavoces para este jueves. 

Puntos en común

Sobre el papel, hay puntos en común entre Podemos y Ciudadanos y también un enfoque muy distinto de cómo acudir a las urnas. Ambos partidos admiten diferencias "difíciles de superar", pero coinciden en que lo que más les une es la necesidad de forzar este debate en la Cámara. "Un texto conjunto no tiene por qué estar pactado al 100%, podemos acordar unos mínimos y también incluir propuestas del otro aunque no nos gusten. De lo que se trata es de abrir el debate, para que también PSOE y PP se posicionen y aporten ideas. Ya habrá tiempo de votar en contra o a favor de cada párrafo luego", dice Yagüe. Marín comparte esta tesis "como punto de partida", pero tampoco está dispuesto a desvirtuar la propuesta de ley de su grupo, "que han estado trabajando durante más de un año y medio". 

Ciudadanos y Podemos coinciden en aspectos secundarios de la reforma, como el ahorro en los gastos electorales: en lugar de enviar a los ciudadanos un sobre con la papeleta y el cartel de cada partido, proponen incluir a todos los candidatos dentro del mismo sobre. Los naranjas quieren eliminar los bloques publicitarios gratuitos en medios de comunicación públicos. También coinciden en la necesidad de mejorar los debates electorales que se televisan (PSOE, Podemos e IU plantean que sean obligatorios por ley y que al candidato que no acuda se le penalice con menos subvenciones electorales). Los de Teresa Rodríguez censuran los cara a cara entre los dos candidatos con más opciones y pide la presencia de todos los partidos con representación. 

Otros aspectos que no generan demasiada fricción (tampoco con el resto de grupos) es la propuesta de incluir listas abiertas (como en el Senado), para que el ciudadano pueda elegir a su candidato dentro de cada partido y no acepte necesariamente el orden que viene impuesto. También se plantean las listas de doble cremallera (que las mujeres vayan de número uno en la mitad de las provincias) como complemento a la paridad, que ya es obligatoria por ley. Otra opción de cambio fácil es eliminar el día de jornada de reflexión, como proponen algunos partidos. 

Podemos y Ciudadanos también están de acuerdo en el diagnóstico de la legislación actual, pero cualquier reforma en este sentido conduce a retocar el Estatuto de Autonomía, para lo cual se requiere una mayoría más amplia en la Cámara. Ambos denuncian que la fuerza más votada, en este caso el PSOE-A, necesita menos papeletas que los grupos pequeños para ganar un diputado. "Cualquier diputado socialista cuesta 30.000 votos, mientras Ciudadanos necesita 41.000 papeletas para lograr escaño", recuerda Marín.

Podemos también se queja de que un partido pueda ganar en votos, pero no en escaños y reclama que sus votos tengan un reflejo más proporcional en el reparto de escaños. "En realidad, si observamos las propuestas de los cinco partidos en el grupo de trabajo, hay un 80% de coincidencia, pero algunos no quieren el cambio que supondría mejorar la representatividad", avisa el portavoz de C’s. 

Sin duda, el mapa electoral andaluz es el aspecto más complejo de modificar en la ley, la posibilidad de mejorar la representatividad de los grupos en las ocho provincias andaluzas. Hay muchas fórmulas para hacerlo y casi todas se han debatido en el Parlamento en legislaturas anteriores. Una de ellas, que defiende IU, es aumentar el número de diputados de la Cámara, una de las más pequeñas en relación con la población andaluza (actualmente son 109).

El Estatuto de Autonomía de 2007 deja abierta la posibilidad de aumentar esa cifra, y la coalición de izquierdas ha propuesto hacerlo "sin sobrecoste", esto es, bajando el salario a sus señorías y redistribuyendo entre más diputados. Otra posibilidad que ha explorado el grupo de trabajo -y que difícilmente defenderá ningún grupo- es quitar diputados a una provincia para dárselos a otra. Los grupos pequeños tienen mucha dificultad para lograr representación en las circunscripciones con menos votantes, como Jaén y Cádiz. "¿Quieren aumentar el número de diputados de esta Cámara? Díganlo. ¿Quieren quitarle escaños a una provincia para dárselo a otra? Díganlo. Pero las reglas del juego son iguales para todos y tenemos que cambiarlas entre todos, con un amplio consenso", respondió la presidenta Susana Díaz a Marín en su enésima pregunta sobre la reforma electoral. 

La negociación entre Podemos y C’s se va a encontrar aspectos complejos por el camino. El partido de Teresa Rodríguez propone que la votación no dure sólo un día, sino una semana, y que la única opción no sea votar acudiendo al colegio electoral para depositar la papeleta en la urna, sino hacerlo de forma telemática desde casa. Ciudadanos sugiere otra fórmula para ampliar la participación: el voto anticipado, como en Canadá, que da más de un día para acudir a votar en urnas custodiadas por los funcionarios en edificios públicos. 

El último año de legislatura en Andalucía está alterando significativamente la estrategia de los partidos. Ciudadanos va a registrar en el Parlamento sus primeras proposiciones de ley en tres años de mandato. Hasta ahora, todo el trabajo legislativo del partido naranja ha ido de la mano del PSOE. Hasta ahora no habían considerado necesario diseñar y presentar sus propias leyes en la Cámara, como hace el resto de la oposición, y preferían trabajar los textos legales junto a los socialistas en reuniones previas, de modo que al terminar, el trabajo llegaba al hemiciclo de manos del propio Gobierno andaluz. Además de la reforma electoral, la formación naranja presentará un proyecto de ley para la evaluación de políticas públicas y la reforma de la ley de la Radio Televisión Andaluza (RTVA).