El 21 de octubre de 2015, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, y principal imputado en el fraude de los ERE, Francisco Javier Guerrero, pidió declarar de manera voluntaria ante la jueza María Núñez Bolaños, que había sustituido a Mercedes Alaya como instructora de la macrocausa. Llevaba dos años acogiéndose a su derecho a no declarar y, hasta ese momento había hecho cinco declaraciones ante la Policía, la Guardia Civil y Alaya (la instrucción llevaba entonces abierta cuatro años).

En la sexta y última cita judicial, Guerrero dio un giro brusco a su estrategia de defensa y pasó de implicar a toda la cúpula del Gobierno andaluz en el fraude de ayudas laborales a defender el procedimiento específico que usaba la Junta para agilizar el pago de las subvenciones, alegando que era idéntico al que venía usando el propio Ministerio de Trabajo desde hacía años. “Desde 1999 a 2008, yo he sido gestor de las ayudas sociolaborales con tres gobiernos andaluces. He pedido mi declaración voluntaria porque me gustaría dejar de una vez claro cómo era el sistema de la concesión de ayudas en Andalucía: era exactamente el mismo que marcaba la orden ministerial de abril de 1995 y que usaba desde entonces el Ministerio de Trabajo. Nosotros usábamos el mismo procedimiento que el Gobierno central, de hecho, existió un convenio entre ambas administraciones para pagar el ERE de varias empresas (Faja Pirítica de Huelva, Cárnicas Molina…). Ha sido un sistema totalmente garantista y no ha habido ninguna trama”, dijo entonces.

Con esta declaración, Guerrero pasó de estar enfrente de los otros 21 ex altos cargos acusados a alinearse con ellos, unificando así la estrategia de defensa con algunos (no todos). Este martes, en la octava sesión del juicio por la pieza política de los ERE, se han escuchado por primera vez aquellos argumentos de boca del principal imputado, no porque al fin haya accedido a responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, sino porque el tribunal ha reproducido el vídeo de su última declaración ante la jueza Núñez Bolaños.

Todo apunta a que Guerrero sí ratificará esta versión de los hechos, puesto que se ha retractado de todas las anteriores en las que culpabilizó del fraude a sus superiores. El magistrado ha interrumpido la sesión antes de escuchar al acusado si ratifica lo dicho en la grabación, una incógnita que queda para mañana, cuando finalmente Guerrero responderá a preguntas de su letrado, seguido del que fuera su jefe, el ex consejero de Empleo, José Antonio Viera.

No obstante, el vídeo con la última declaración de Guerrero ha permitido respirar con cierto alivio a algunos de sus compañeros de banquillo. Esto no evitará fricciones en el banco de los acusados, cuyas defensas no han pactado unidad de acción, pero quizá cierre las grietas por las que las acusaciones van a abordar el proceso.

La nueva versión del ex director general de Trabajo también reveló una reunión que hubo en 2005 (hasta entonces desconocida) en la sede de la Consejería de Hacienda, donde se discutió sobre un informe de la Intervención General de la Junta de 2003 que ya apuntaba a posibles irregularidades en el sistema de ayudas. En ese encuentro estuvieron la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo (entonces viceconsejera de Griñán), el ex interventor Manuel Gómez, el ex director general de Presupuestos, Antonio Lozano, el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y el propio Guerrero (hoy todos en el banquillo). Según éste, en esa reunión la ex consejera concluyó que “no había razones de ilegalidad” que hicieran necesario cambiar el sistema de pagos, y se autorizó a su departamento a seguir haciendo las cosas como hasta entonces. “No soy yo quien tiene que decirlo (si el sistema era legal). Yo creo que era discrecional, pero a mí me lo dieron hecho y yo lo seguí usando”, fueron sus palabras entonces.

El juicio de los ERE que sienta en el banquillo a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos de la Junta por delitos de malversación y prevaricación trata de dilucidar si el procedimiento que utilizó el Gobierno andaluz para otorgar ayudas directas a empresas en crisis durante una década (2001-2010) era ilegal. Empleo autorizaba las subvenciones desde el departamento que gestionaba Guerrero, pero el pago se materializaba a través de un ente público (IFA) usando la figura de las transferencias de financiación. Esa figura jurídica es la que está en cuestión, porque según la acusación sirvió para otorgar dinero público “de forma discrecional, sin control y con una menor fiscalización por parte de la Intervención General”, puesto que se prescindió de regular las ayudas vía órdenes y decretos.

Guerrero sostiene ahora -y también las defensas de Chaves, Griñán y otros acusados- que también el Gobierno central hizo uso de las transferencias de financiación. Desde 1994, el Ministerio de Trabajo repartió 2.370 millones de euros en ayudas extraordinarias para trabajadores de empresas en crisis con el mismo procedimiento que usó la Junta y que ahora se juzga en la Audiencia de Sevilla. Las órdenes ministeriales que agilizaban los pagos de estas ayudas estuvieron en vigor hasta 2013, momento en el que la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez, modificó el sistema para adaptarlo a la Ley General de Subvenciones.

"Putero, alcohólico, cocainómano"

La lectura pública de las cinco declaraciones previas de Guerrero en sede judicial está sirviendo de recordatorio sobre la magnitud de este proceso que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluido Chaves y Griñán. Guerrero, que ya ha pasado diez meses en prisión en dos ocasiones separadas y afronta ocho años de cárcel por malversación y 10 de inhabilitación por prevaricación, se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones, pero ha tenido que escuchar sus propias palabras y su relato de los hechos a lo largo de esta larga instrucción.

En su día se autoexculpó alegando que él, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008), sólo ejecutaba la concesión de ayudas directas a empresas y autorizaba los ERE a petición de sus superiores. Guerrero había señalado a “todo el Gobierno andaluz”, para dejar claro que el fraude no se circunscribía a su departamento ni a la concesión de ayudas, sino que existía un procedimiento diseñado ex profeso para agilizar el pago de ayudas a empresas para garantizar la paz social. Y con ese objetivo se creó y se utilizó una partida presupuestaria de 647 millones de euros durante una década (2001-2010) que él bautizó como “fondo de reptiles”, un concepto que el PP ha convertido en epitafio político del PSOE y del Gobierno andaluz.

Guerrero se ha retractado de todo, alegando que en su día se vio presionado por los medios de comunicación y por la Policía. Su abogado ha hecho un giro drástico en la estrategia de defensa, pero aún es pronto para saber en qué dirección. El relato de los hechos que se ha escuchado en la sala de vistas (la declaración del 9 de marzo de 2012, antes de ser enviado a prisión por Alaya) recuerda cómo la mayoría de los imputados se han apartado de Guerrero, lo han repudiado o incluso han confrontado abiertamente con él.

El principal imputado se quejó ante la jueza de que le estaban “disparando a él para salvar la honorabilidad de otros”, y Alaya le exigió nombres y apellidos. Entonces mencionó a quienes fueron sus superiores y hoy se sientan junto a él en el banquillo: Uno de sus jefes directos, el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, lo llamó “indeseable”. Chaves aseguró en sede judicial y parlamentaria que “nunca lo conoció personalmente”. La ex consejera de Presidencia y ex senadora, Mar Moreno, “le puso a caer de un burro”. Y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, le tildó de “cocainómano, putero y alcohólico”.

Guerrero volvió a escuchar estas palabras de boca del secretario judicial, pero no pareció alterarse. Al contrario. Cuando se recordó que él testificó ante Alaya que “nunca había probado la cocaína”, y que “lo único que le gusta es el Marlboro y el gin tonic con Beefeater de postre”, se echó a reír. De todo lo dicho hasta ahora, una cosa no ha cambiado: durante toda la instrucción, que se ha alargado siete años, a sus compañeros de banquillo “se le ha otorgado la presunción de inocencia”, mientras que a él se le ha asignado siempre “presunción de culpabilidad”. Una de las incógnitas que deja su declaración -no corroborada por la Junta- es que el Gobierno andaluz está pagando las defensas de algunos acusados, pero no la suya, que fue alto cargo durante nueve años.

El ex director general no ha vuelto a tener contacto con la Junta ni con el PSOE desde que saltó el escándalo. “No he recibido presión, pero tampoco apoyo de ningún tipo”, dijo, y ha sido “denigrado y humillado”. Las actas de la sesión del juicio también han recogido el currículum profesional de Guerrero, que carece de carrera universitaria (tiene el Bachillerato superior), aprobó unas oposiciones para trabajar como funcionario en el INEM y es profesor nacional de natación. Fue alcalde de El Pedroso, un municipio de la Sierra Norte de Sevilla que se nutrió de cuantiosas ayudas que otorgaba él mismo “de manera arbitraria”. El mismo modus operandi para otros pueblos de la zona, todos gobernados por alcaldes socialistas, que fueron regados con subvenciones sociolaborales.

En su primera declaración ante la Policía, Guerrero bautizó la partida presupuestaria de los ERE como “fondo de reptiles”, un concepto que ha perseguido al Gobierno andaluz y al PSOE, sospechosos de haber usado subvenciones públicas y comisiones ilegales para tejer redes clientelares y comprar la paz social en una época convulsa de despidos, cierres de empresas y expedientes de regulación de empleo. Este proceso juzga el procedimiento específico que diseñó la Junta para otorgar las subvenciones y los ERE, y al margen de esta sala hay otros 200 juicios abiertos sobre las ayudas bajo sospecha.

El ex director general de Trabajo otorgó subvenciones (por valor de 1,3 millones de euros en un solo día) a empresas que acababa de crear su chófer, Juan Francisco Trujillo, que más tarde contaría a la Policía que había recibido dinero público de su jefe para gastarlo en “cocaína, fiestas y copas”. También adjudicó ayudas a su suegra y a la madre de su chófer, que aparecen como beneficiarias de los ERE (“falsas prejubiladas”) de dos empresas donde jamás trabajaron. Es lo que el sumario ha llamado “intrusos”, de los que se han contabilizado más de un centenar en otras tantas firmas. “Yo atendía a todo el que llegó a solicitar estas ayudas”, dijo en la declaración de 2011, que ahora ha enterrado.