En 2014, Isabel Serra era una estudiante universitaria más, y como tantas otras también se manifestó contra los recortes del PP, contra la precariedad laboral y contra las decenas de desahucios que cada tenían lugar en Madrid.

Hoy, y después de casi tres años como diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid -y como una de las dirigentes políticas de Anticapitalitas en alza-, Serra ha sido imputada por un presunto delito de desórdenes públicos -un contenedor muy amplio-, que se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel, y del que se declara inocente.

"No agredí a nadie, no increpé a nadie", sostiene. En conversación con Público, la parlamentaria morada explica que el atestado policial también abría la puerta a atribuirle un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones a los agentes, aunque ambos fueron desestimados por la jueza.

"Se me juzga por manifestarme contra un desahucio, por luchar por el derecho a una vivienda digna en un país en el que siempre se ha respondido a este tipo de protestas con represión y miedo". "Es una forma habitual de reaccionar; los policías utilizan en ocasiones técnicas de presión e intimidación, persiguen a quienes participan en luchas sociales", denuncia a este medio.

De hecho, este martes, poco después de que la juez del juzgado de Instrucción número 23 de Madrid decretara la apertura de juicio oral, Serra remitió un escrito al este juzgado, para renunciar al aforamiento al que tiene derecho como parlamentaria.

Su formación es contraria a la utilización del aforamiento como una suerte de cheque en blanco, y Serra defiende que éste no puede servir para "llevar un procedimiento judicial por un camino distinto" a aquel por el que discurriría para cualquier otra persona. En especial, si hace referencia a acciones que tuvieron lugar año y medio antes de que fuera elegida como cargo público-, y semanas antes de que su partido estuviera siquiera formalmente inscrito en el registro del Ministerio del Interior-."Espero que la renuncia al aforamiento se tenga en cuenta", afirma.

No obstante, esa pelota está ahora en el tejado del TSJM, que debe decidir si le permite renunciar a este "privilegio", algo que no es en absoluto habitual -como tampoco lo es que así se solicite-.

No se planteará dimitir: "Estoy orgullosa de haber participado en estas luchas"

Incide en que confía en su defensa, e insiste en su inocencia. Sin embargo, en el caso de que finalmente la juez la considere culpable, Serra aclara que no tiene previsto renunciar a su cargo. El código ético de su partido obliga a dimitir cuando un cargo público es imputado por un supuesto delito relacionado con la corrupción, pero no así con el caso que afecta a Serra, y ésta afirma que no va a dejar de manifestarse, ya que esto es precisamente lo que persiguen procesos como el que hoy afronta.

En la misma línea, defiende que si hoy está en el parlamento regional es precisamente por los años dedicados a distintas luchas sociales, de los que se siente "orgullosa". "Es de responsabilidad haber estado estos años en esas luchas".

Y, con respecto a la previsible reacción de otras fuerzas, tras conocerse la apertura de juicio oral, Serra da por descontado el "cinismo" que a todas luces manifestará el PP. "Es cínico que una organización con 900 imputados, que niega hasta la saciedad su corrupción, pueda llegar a pedir mi dimisión por manifestarme contra los desahucios", esgrime.

El desahuciado: un enfermo crónico con incapacidad absoluta

La protesta por la que se juzgará a la diputada de Podemos -y a otros tantos ciudadanos sin perfil público- tuvo lugar en enero de 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés. Serra, que no formaba parte de la PAH, y que volvía a casa tras asistir a sus clases, se acercó caminando hasta la calle Tribulete, donde la Policía Municipal había iniciado el desahucio de Antonio Argobia; un enfermo crónico de 54 años y con una incapacidad absoluta reconocida, que además vivía en régimen de alquiler.

El propio Argobia, dos fotógrafos y una activista de Asamblea Vivienda Centro -convocante de la protesta- fueron detenidos en este desalojo, que se saldó con golpes entre ambas partes, con la multitud arrojando objetos a los agentes, y con la expulsión de la Policía por parte de las decenas de personas concentradas -los vídeos del desahucio recogen escenas de tensión-.

Por otro lado, y pese a la gravedad de las actuaciones que los policías le atribuían en su atestado, Serra no fue detenida aquel día, y ni siquiera la identificaron -cree que la localizaron posteriormente, tras el visionado de imágenes y fotografías registradas entonces-.

Tampoco fue detenida un mes después, cuando la Policía se presentó a las puertas del aula de la Universidad Complutense en la que asistía a clase. "En aquellos años, y en particular en este caso, se dieron varias cazas de brujas, varios ejemplos de una actitud intimidatoria" rememora la diputada de Podemos, que recuerda cómo los agentes detuvieron a otros activistas en situaciones similares, en las inmediaciones de sus trabajos o de sus casas.

Tras este 'aviso', Serra se personó en un juzgado de guardia para declarar voluntariamente, y rechazó tajantemente todas las acusaciones de los agentes policiales.

Los insultos machistas que "supuestamente compartieron varias personas"

En su declaración del pasado 6 de febrero de 2015, cuando aún no era diputada -ni tampoco dirigente de Podemos en la Comunidad de Madrid-, Serra afirmó ante el juez que "en ningún momento increpó, insultó ni lanzó objetos a la Policía"; que "no se resistió ni activa ni pasivamente" ante las instrucciones de los agentes, y que ni siquiera "llegaron a tocarla". "La declarante no tuvo ningún contacto con nigún agente, ni siquiera verbal";"La declarante fue allí porque había gente concentrada, pero en ningún momento intentó parar el desahucio", apunta el escrito al que ha accedido Público.

El auto de la juez María Isabel Garaizabal Ariza , fechado el 30 de enero, recoge las lesiones sufridas por tres agentes tras el "lanzamiento de adoquines, piedras y objetos contudentes" -uno dio parte de una contusión en un dedo, otro sufrió una contusión en una muñeca, y un tercero una contractura en el trapecio y vértigos-.

Y, en lo que respecta a la parlamentaria morada, el auto recoge que fue reconocida como una de las personas que increpaban a los agentes, con gritos como "hijos de puta", "asesinos" y "vergüenza me daría ser policía". También apunta que a una de las agentes directamente le increpó frases como "no te quieren ni tus propios compañeros"; que la llamó "cocainómana", "mala madre" o "hija de puta".

Serra, conocida también por su militancia feminista, considera ridículas estas acusaciones: "Jamás utilizaría un insulto machista", defiende, añadiendo que, según los policías, buena parte de los mismos insultos "supuestamente los compartieron varias personas".

Por otro lado, y con respecto al atestado policial, el auto en cuestión reconoce que no es posible "la atribución de responsabilidades aisladas que justifiquen la imputación de delitos de lesiones, daños o atentado a la autoridad".

La herencia de Fernández Díaz y Cifuentes

Después de un 2012 cargado de protestas callejeras y de cargas policiales sin precedentes -como ocurrió en la primera reivindicación conocida como Rodea el Congreso-; y antes de un 2014 que se saldaría con la brutalidad de las cargas y enfrentamientos que dieron por terminada la Marcha por la Dignidad, la época en que Serra se personó en este desahucio fue tristemente conocida por el elevado número de ejecuciones hipotecarias, y por un número importante de casos particularmente polémicos.

Eran los años del reprobado Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, los años en los que Cristina Cifuentes mostraba su faceta más dura como delegada del Gobierno.

No mucho después, en julio de 2015, el Gobierno iniciaría el camino que culminó en el vergonzante récord de 1.200 multas mensuales por el amplio concepto "faltas de respeto y consideración" a los agentes , gracias a la aplicación de la 'Ley Mordaza'. Su derogación ya se tramita en el Congreso, a pesar de que PP y Ciudadanos han pedido decenas de prórrogas al periodo de enmiendas a esta iniciativa, congelándola en una suerte de limbo parlamentario.