El hombre que habló del "incendio de los ERE", ha apagado hoy las llamas de un soplido. Ninguno de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz que se sientan hoy en el banquillo de acusados del caso ERE ha desestabilizado tanto a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como el que fue interventor general de la Junta de Andalucía durante diez años, Manuel Gómez. Entre 2000 y 2010, la década que se investiga por el pago de ayudas sociolaborales fraudulentas, Gómez fue el responsable de fiscalizar el uso de dichas ayudas, y en ese tiempo elevó al Consejo de Gobierno hasta 15 informes alertando de que el sistema para otorgar las ayudas era "opaco", era "discrecional" y "prescindía total y absolutamente de procedimiento reglado".

El ex interventor es una pieza clave en la investigación del caso ERE, la jueza Mercedes Alaya le acusó de prolongar diez años el fraude por no haber alertado del menoscabo de fondos, y usó sus demoledores informes y sus duras declaraciones para llegar hasta Chaves y Griñán. Gómez había dicho, en sede judicial y en sede parlamentaria, que los ex presidentes habían sido alertados, y que habían sido alertados del algo grave. Ellos se defendieron alegando que jamás se les dijo, en ningún informe, que se estuviera cometiendo un delito de menoscabo de fondos. Y él se enfadó sobremanera, y poco a poco fue endureciendo su relato contra los ex presidentes.

El comportamiento de Manuel Gómez hasta la fecha inducía a pensar que hoy, ante el tribunal de la pieza política de los ERE en la Audiencia de Sevilla, su declaración caería como una bomba de racimo sobre Chaves y Griñán. Pero no. Su estrategia ha virado 180 grados, provocando un suspiro hondo de alivio en el banquillo de los acusados: "Si examinamos ahora esos expedientes…, yo no digo que no hubiera deficiencias administrativas, pero eso que dije de que se había prescindido total y absolutamente del procedimiento reglado, no cabe con los ojos de hoy", ha respondido, ante la sorpresa de los fiscales. El Ministerio Público le ha repreguntado si de esas deficiencias que él detectó y denunció en sus informes, puede desprenderse que había "riesgo de menoscabo de fondos". Y Gómez terminó de desmontar su propio relato: "Ni delito ni menoscabo de fondos". 

Ha sido el segundo giro inesperado de guión en el juicio de los ERE. El primero fue la rectificación del principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que negó haber bautizado la partida de los ERE que él gestionaba como "fondo de reptiles". Pero los pasos atrás que ha dado hoy el ex interventor general de la Junta vienen de mucho más atrás y tienen mayor trascendencia para el futuro de este proceso. 

El incendio de los ERE

Retomemos dos ejemplos: Durante la comisión de investigación sobre el fraude de los ERE en el Parlamento, Gómez lanzó esta bomba contra Chaves, Griñán y sus consejeros: "Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que salen llamas por su extractor de humo, ¿usted qué haría? ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico?. Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado. Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó. Lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido". Dos años más tarde, en su declaración ante el Tribunal Supremo, Gómez volvió a acusar a los ex presidentes de haber hecho "oídos sordos" y de "mirar para otro lado". No le bastó con declarar, también envió un durísimo comunicado a la prensa: "Chaves y Griñán no necesitaban un interventor, lo que realmente habrían necesitado era un tutor que, como a los menores de edad, supliera su falta de capacidad y competencia". 

Gómez ha respondido hoy a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción con palabras menos gruesas, un análisis más técnico y unas conclusiones totalmente distintas a las que plasmó en sus informes. El ex interventor se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público por delitos de malversación y prevaricación. Está imputado por su "conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas y de los desfases presupuestarios que estaba generando". Sin embargo, él siempre ha defendido que durante sus diez años como fiscalizador del dinero público de la Junta, elevó hasta 15 informes a las consejerías de Empleo (que concedía las ayudas), a Innovación (donde estaba adscrita la empresa pública que pagaba IFA/IDEA) y a Economía -en la época de Griñán como consejero-. Todos ellos alertaban de las "deficiencias importantes" detectadas en la gestión de las ayudas sociolaborales, y advertían de que el sistema para otorgar las subvenciones era "opaco y discrecional" y podía dar lugar a "irregularidades". "Con un solo informe, el primero, debieron tomarse medidas", llegó a decir. 

Los 15 informes están en el sumario (algunos de control financiero y otros de auditoría parcial), pero es cierto que ninguno de ellos denunció abiertamente un delito de menoscabo de fondos. Éste era un matiz importantísimo para las defensas de Chaves y Griñán, que se agarran a él para explicar por qué, pese a los reparos de la Intervención, mantuvieron durante diez años el sistema de concesión de ayudas que pudo provocar un fraude de 741,5 millones de euros, según la Fiscalía. "Nos avisaron de que había humo y de que la escalera de incendios era demasiado corta, pero nunca dijeron que hubiera un incendio", dijo Griñán en 2012 en el Parlamento, en clara alusión a la metáfora de los bomberos que había usado antes Gómez contra él. 

Metáforas aparte, el matiz es real. El ex interventor emitió informes con sugerencias para mejorar el sistema de ayudas, pero ninguno de ellos era un informe de actuación. En lenguaje administrativo, un informe de actuación es el instrumento que usan los interventores para advertir a la Junta de un posible delito, en este caso menoscabo de fondos públicos. Es un código rojo, una alarma, un aviso último para que la Administración reaccione si está a tiempo de corregir las irregularidades, y si no, para que remita el asunto a los tribunales. En el caso de los ERE fraudulentos, la Intervención General advirtió al Gobierno andaluz de un cúmulo de fallos en la concesión de ayudas a empresas en crisis, pero nunca llegó a emitir un informe de actuación.

La Fiscalía Anticorrupción ha interrogado este miércoles a Gómez sobre el contenido de sus 15 demoledores informes, poniendo énfasis en este matiz. Y aquí es donde el interventor ha dado un vuelco sorpresivo a su relato y se ha desdicho de la declaración judicial que hizo tambalear el suelo bajo los pies de Chaves y Griñán. Su nueva versión es 100% coincidente con la que siempre han defendido los ex presidentes: Sí, se detectaron y denunciaron "deficiencias administrativas", "pero no las valoramos como un delito ni como un menoscabo de fondos públicos, que nos habría obligado a hacer otro tipo de actuaciones. Pero ni yo ni una docena de personas más", ha dicho en alusión a los interventores delegados en las consejerías. El fiscal, sorprendido, le ha repreguntado si de las "deficiencias administrativa" que detectó, habida cuenta de que "no había fiscalización previa y a posteriori", podía desprenderse "un riesgo de menoscabo". Y Gómez ha sido rotundo: "No había riesgo de menoscabo de fondos". 

Las palabras del ex interventor general suponen una enmienda a la totalidad a todo lo dicho hasta ahora en sede judicial. Gómez había denunciado que el sistema de la Junta para otorgar las ayudas "prescindió total y absolutamente de un procedimiento reglado". Ahora, en cambio, ha declarado ante el tribunal de los ERE lo contrario: "Esa afirmación que hice ahora mismo no cabe". ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Gómez pensaba antes que las ayudas sociolaborales que otorgaba Empleo eran subvenciones y, por tanto, debieron regirse por la Ley estatal de Subvenciones.

Griñán, que era el destinatario final de los informes que alertaban de deficiencias administrativas, siempre defendió que las ayudas directas a empresas no eran subvenciones, y ahora el ex interventor comparte esta tesis, que hasta ahora siempre había combatido. "Una ayuda sociolaboral no es una subvención", ha dicho, para luego defender que el sistema de pagos tenía cobertura legal en una orden ministerial de abril de 1995, que desde entonces usaba el Ministerio de Trabajo en procesos de expedientes de regulación de empleo. "Si examinamos ahora esos expedientes con el tamiz de la orden del 95, yo no digo que no hubiera deficiencias, pero eso de que se había prescindido totalmente y absolutamente del procedimiento no cabe con los ojos de hoy. Si es también aplicable la norma del ministerio, que para mí lo es totalmente (por supletoriedad del derecho estatal o por analogía), yo ahora el juicio que haría tendría una matización muy diferente al de entonces". 

Desfases presupuestarios

Uno de los aspectos que el ex interventor debía explicar es por qué avaló en un informe especial las modificaciones presupuestarias que aprobaba Hacienda para seguir nutriendo el fondo de ayudas que otorgaba Empleo -el llamado "fondo de reptiles"-. Gómez sostiene que tanto su informe especial como los que emitieron los interventores delegados en cada consejería "no eran vinculantes", y ha explicado que la Consejería de Economía y Hacienda "es la única que no tiene que recibir un informe especial sobre la fiscalización de las modificaciones presupuestarias". "Si los peritos de la Intervención General del Estado no han encontrado ese informe en Hacienda es porque no existe, porque no era preceptivo hacerlo. Esto es una cosa básica", les ha reprochado.

El desfase presupuestario, según Gómez, "no se habría dado si se hubiera hecho un buen uso de las transferencias de financiación". La Fiscalía y la jueza Alaya creen que esta figura de pago es una de las claves del fraude, así lo señalaron también los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, con los que el ex interventor ha sido muy duro: "Me parece un abuso conceptual llamar fraude" a las transferencias de financiación "porque servía para equilibrar ese desfase presupuestario", y tampoco "había que justificarlas" porque se traba de una "dotación de fondo" a la empresa pagadora (IFA/IDEA) "sin un fin específico". 

En los últimos años, el Gobierno andaluz ha tenido cuatro interventores generales. Gómez fue el primero y ocupó su puesto durante una década. Cuando llegó al cargo, en el año 2000, "había una situación de conflictividad entre la Consejería de Empleo y la Intervención a cuenta de las ayudas sociolaborales" a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina, uno de los primeros expedientes del caso ERE. Era una época laboral convulsa en la que se cerraron fábricas en Andalucía y miles de personas se quedaron sin trabajo. La Junta tuvo que mediar en cada conflicto y sus procedimientos administrativos eran demasiado lentos para desatascar los problemas laborales.

En 2001, Empleo aprueba el convenio marco para agilizar los pagos de las ayudas: un sistema que permitía seguir otorgando las subvenciones a la Dirección General de Empleo -epicentro del fraude-, pero quien ejecutaba los pagos era una empresa pública (IFA/IDEA) a través de las transferencias de financiación. "No se justifican porque son simplemente trasvase de fondos al ente instrumental y no necesitan fiscalización previa", ha reconocido Gómez. Este método es el está en entredicho porque, según la Fiscalía, sirvió para esquivar la fiscalización previa y entregar ayudas de forma discrecional. La acusación particular del PP responsabiliza a la ex cúpula del Gobierno andaluz de haber ideado este sistema para "comprar la paz social" y tejer una "red clientelar" en municipios gobernados por el PSOE.