La Fiscalía ha solicitado al juez del caso abierto por el procès en el Supremo, Pablo Llarena, que dicte nuevas órdenes de detención europea dirigidas a Bélgica contra los exconsellers catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, cuya entrega a España fue rechazada ayer por defectos de forma.

El Ministerio Público está de acuerdo con el magistrado en que el error en cuanto a la entrega de los exconsellers procesados en la causa abierta por el procés ha sido cometido por Belgica, y no por el alto tribunal español.

"No obstante, vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las Autoridades judiciales competentes de Bélgica", solicita a Llarena que "emita orden europea de detención y entrega" de los procesados "que deberá enviarse directamente a las Autoridades judiciales de Bélgica".

El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig rechazó ayer la euroorden dictada contra ellos por "defectos de forma".

Fuentes del Supremo reprocharon ayer su falta de cooperación a las autoridades belgas. Hoy, el propio Llarena ha informado a Alemania de que el error no ha sido cometido por España, sino por Bélgica.

En su escrito de hoy la fiscalía coincide con los argumentos esgrimidos por el magistrado español y aclara que, en contra de lo interpretado por las autoridades belgas, el auto de procesamiento constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de detención y entrega de los tres fugados.

Es decir, que los autos de procesamiento en los que basó las órdenes de entrega Llarena satisfacen plenamente las exigencias previstas por la normativa europea y no tenía sentido exigir una orden de detención nacional como ha hecho Bélgica.

"En síntesis, el auto de procesamiento reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la orden de detención europea a los efectos de la reclamación y entrega de los imputados que han eludido la acción de la justicia", dice la fiscalía.

Sin embargo, y ante la necesidad de asegurar la adecuada tramitación de la entrega y puesta a disposición de este órgano jurisdiccional de los fugados, le pide a Llarena que dicte auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional incondicional acordada con anterioridad. De este modo, quedará cumplido el requisito que la Justicia belga ha echado en falta.

Y le pide también que emita orden europea de detención y entrega que deberá enviarse directamente a las Autoridades judiciales de Bélgica".