El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional recoge en su sentencia relativa a la rama valenciana del caso Gürtel por la cual condena a 18 personas a penas de entre cuatro y seis años y nueve meses de cárcel, que el Partido Popular de la Comunitad Valenciana (PPCV) se financió de manera "tan absolutamente irregular" durante las campañas electorales de 2007 y 2008 que "fue delictiva".

El magistrado José María Vázquez Honrrubia considera probado en su resolución que la formación popular valenciana, liderada entonces por el expresidente valenciano Francisco Camps, contrató con Orange Market, la empresa del cabecilla de la red, Francisco Correa, servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Se refiere con estos terceros a los nueve empresarios que confesaron durante la vista oral celebrada entre los meses de enero hasta mayo, que habían financiado de manera irregular al PP valenciano. De hecho, la resolución distingue tres grupos: el relativo a estos empresarios, el que integraron los miembros del 'Grupo Correa' y los miembros del grupo político', entre los que se encontraban el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

"La declaración de Costa corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PPCV, tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito", reza la resolución. Su interrogatorio marcó el rumbo de la vista oral al señalar directamente a Camps y a el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino como los dirigentes que encargaron financiar con dinero negro las campañas de esos años.

En lo que respecta a las campañas juzgadas, la sentencia concluye que la formación no tuvo en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral que prevé la Ley y por ello recurrieron a estos empresarios valencianos, los cuáles no podían hacer donaciones al PP porque tenían contratos con el gobierno presidido durante esos años por Camps.

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market por la organización de actos para las campañas de 2007 y 2008, entre ellos el mitin que ofreció el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la plaza de Toros de Valencia en 2008. Sin embargo, el magistrado José María Vázquez Honrrubia señala en su resolución que "fue muy superior" el servicio que encargó y recibió de Orange Market.

Casi dos millones de euros no declarados

En concreto, determina que 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por la red de Correa y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.

Los posibles delitos de Camps habrían prescrito

Con respecto al expresidente valenciano Francisco Camps, el magistrado sostiene que, en el caso de que hubiese incurrido en delitos por la financiación irregular del PP valenciano, éstos ya habrían prescrito, pues la investigación comenzó en 2009.

Vázquez Honrubia ve además "jurídicamente imposible" pronunciarse sobre Camps o sobre el que fuese su vicepresidente Víctor Campos en la sentencia a la rama valenciana de la trama Gürtel en tanto que ambos tuvieron la condición de testigos y no de investigados en el juicio.

"Es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta", señala el juez en la sentencia. Ambos fueron señalados en el juicio por varios acusados, como el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa (condenado a 4 años de prisión), que acusó a Camps de encargar el sistema de financiación irregular y a Campos de llevar la relación con los empresarios que pagaban actos electorales a través de facturas falsas y dinero negro.

Pero, según el juez, al remontarse los hechos a las elecciones de 2007 y 2008 y dada "la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave", sus actos "habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna".

Además, "aun considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio", el juez reconoce que ambos "tienen derecho a no declarar contra sí mismos y no confesarse culpables", teniendo en cuenta además que Camps está imputado en tres piezas de esta trama.

En todo caso, el magistrado admite que sus declaraciones fueron "totalmente infructuosas para aclarar los hechos enjuiciados", y que se limitó a "apuntalar extremos ya acreditados por otros medios" pues, según ellos, "nada saben, nada recuerdan, nada reconocen".

En relación a la declaración de Camps como testigo, el juez recuerda su "radical" y "absoluta" negativa a admitir cualquier conocimiento de la trama o del aviso que, según Costa, éste dio al extesorero del PP Luis Bárcenas "sobre prácticas de financiación irregulares".