Nadie en el PP podía imaginar un año tan difícil como 2018. A punto de acabar 2017, tras las elecciones catalanas en las que los conservadores pasaron de 11 a 4 escaños en el Parlament, esperaban que el nuevo año desembocara en una bajada de tensión en Catalunya, y contaban con aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018  mucho antes de finales de junio, como ocurrió finalmente.

No imaginaban que la euforia por la tardía y difícil aprobación de sus cuentas les duraría escasas horas, hasta la publicación de la sentencia condenatoria por Gürtel. No podían contemplar siquiera que esta sentencia volaría el Gobierno de Mariano Rajoy sólo una semana después, como tampoco imaginaban que Cristina Cifuentes se vería obligada a dimitir y sería imputada por las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Un título que también ha puesto en el punto de mira al líder del PP, Pablo Casado.

Este es un repaso a algunos de los golpes sufridos por el Partido Popular en su año negro, 2018:

La sentencia de Gürtel

La Audiencia Nacional materializó en su sentencia sobre la trama corrupta Gürtel el peor escenario que podía contemplar el PP, ya que no podía ser condenado por la vía penal, por la fecha en la que se cometió el delito. La sentencia establece que el PP fue partícipe a título lucrativo de la trama corrupta, da por probada la existencia de su caja B al menos desde 1989, cuando Alianza Popular se refundó en el PP, y resalta la ausencia de credibilidad de Rajoy, que declaró con privilegios ante la Audiencia en calidad de testigo, convirtiéndose en el primer presidente del Gobierno en activo en comparecer ante un tribunal.

La expulsión de La Moncloa y la caída de Rajoy

Lo ocurrido apenas una semana después es historia. Contra todo pronóstico inicial, la moción de censura prosperó y Pedro Sánchez expulsó de La Moncloa a un Rajoy que se ausentó durante más de la mitad del debate, para refugiarse en un restaurante. Rajoy no quiso dimitir, convirtiéndose en el primer presidente expulsado vía moción de censura. El expresidente del Gobierno tardó poco en tirar la toalla y entregó hasta su escaño de diputado. No obstante, en el XIX Congreso del PP, que el 21 de julio convirtió a Pablo Casado en líder conservador, la formación dedicó su primera jornada (y el discurso de Soraya Sáenz de Santamaría) a loar al marianismo. Rajoy cayó por la corrupción de su partido, pero intentaron trasladar la sensación de que salía por la puerta grande, sin el menor atisbo de autocrítica -por su parte o por los suyos, con la excepción de Casado-. El Congreso se planteó como un homenaje absoluto a Rajoy, como si el PP quisiera obviar que su líder dejaba la arena política por la puerta de atrás, tras ser expulsado del Gobierno y con un partido en descomposición.

Y el Congreso desnudó al PP

No hubo campaña limpia ni debate entre candidatos, y a duras penas salieron de los reproches y promesas para dar pinceladas a la cuestión política. Por primera vez en la historia, el PP eligió a su presidente nacional con un sistema de dos vueltas; primero votaron los militantes, y después 3.082 compromisarios, sin dedazo del líder. En el proceso hubo varios ataques entre candidatos, acusaciones de pucherazo y ejemplos de la utilización arbitraria del comodín ETA por parte de la candidatura de Casado. El enfrentamiento continuó durante la semana previa al aterrizaje de Casado en la Presidencia, con el entorno de Santamaría denunciando su escaso esfuerzo por integrar a los perdedores. También criticaron que sólo les planteó una "oferta infumable". La promesa era salir más unidos, y se ha visto exactamente lo contrario.

Además, el Congreso Extraordinario ha permitido visibilizar que el músculo militante del que presume el PP no existe como tal. La formación conservadora se jacta de contar con 869.535 afiliados, pero sólo votaron 58.305 de los 66.706 inscritos para hacerlo, un 6,7% del censo total.

Cifuentes. EFE

La lenta agonía y la caída de Cristina Cifuentes

"No me voy, me quedo. Me voy a quedar". Estas son las palabras que pronunció Cristina Cifuentes en el vídeo que ella misma grabó en su despacho el 21 de marzo, horas después que ElDiario.es informase por primera vez de las irregularidades en torno a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pese a sus maniobras para esquivar a la prensa, a la inconsistencia de sus explicaciones cuando las daba, y a las revelaciones que se sucedían sobre el acta falsificada que llegó a esgrimir, Cifuentes aguantó en el cargo hasta el 25 de abril. Dejó la Presidencia escasas horas después de la publicación de un vídeo en el que se la veía retenida por un vigilante de seguridad, tras intentar robar cremas en un supermercado. La que fuera mirlo blanco del PP no tenía rivales para ser candidata a las autonómicas de 2019, y su caída fue otro golpe colosal para el PP. Fue imputada por el caso máster poco después de renunciar a su escaño.

El currículum de Casado, en el punto de mira

Al sucesor de Rajoy también le persigue el caso de su máster. Sobre su cabeza sobrevuela una posible imputación por irregularidades en el mismo título que le costó la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Cifuentes, el Máster en Derecho Autonómico y Local.​ En este sentido, la jueza del caso Máster envió el pasado 6 de agosto una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo —competente para investigarle en su caso, al ser aforado por ser diputado— para que decida si procede investigar al líder del PP.

Las protestas de los pensionistas... y el 8-M

Las multitudinarias protestas de los pensionistas, especialmente a partir de abril, también hicieron mella en el Gobierno del PP, que se vio obligado a rectificar y a ligarlas con el IPC para 2018 y 2019. Estas movilizaciones permitieron abortar propuestas tan polémicas como la que en su día desgranó en primicia este diario, vinculada con las prestaciones por incapacidad total permanente. Las declaraciones de la diputada Celia Villalobos, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, o incluso el "os jodéis" de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, contribuyeron a elevar la temperatura de un ecosistema ya caldeado.

A esto se une la criminalización por parte del Ejecutivo de la huelga feminista del 8-M, que en un primer momento los conservadores tildaron de "elitista, insolidaria e irresponsable". El Gobierno rectificó y el propio Rajoy desautorizó públicamente a Cristina Cifuentes y a Isabel García Tejerina, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y ministra de Agricultura y Medio Ambiente, por llamar a hacer "huelga a la japonesa". El 8-M marcó un antes y un después en el discurso del partido, obligado a rectificar por las críticas a su insensibilidad sobre esta cuestión. Uno de los máximos exponente de esta indolencia fue el rechazo de Rajoy a hablar sobre la brecha salarial en una entrevista en Onda Cero; desde entonces, el jefe del Ejecutivo se vio obligado a modificar levemente su discurso en esta materia.

Gallardón, imputado por Lezo

Y llegó la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón. El exministro, exalcalde de Madrid y expresidente autonómico, fue imputado en Lezo a finales de abril por la compra supuestamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa, por parte del Canal de Isabel II, en manos de la Comunidad que presidía. En 2017 fue Ignacio González, también expresidente del Ejecutivo autonómico y delfín de Esperanza Aguirre quien fue detenido por irregularidades relacionadas con el Canal. Gallardón lo fue todo en el PP, y su caída sirvió para constatar el fin de una era.

La detención de Zaplana

Otro de los grandes valores del PP, en este caso vinculado a la etapa de José María Aznar. Eduardo Zaplana, exministro, exportavoz de su Gobierno y expresidente de la Generalitat Valenciana, fue detenido por la Guardia Civil en mayo, en Valencia, por un presunto delito de blanqueo de capitales y cohecho. Su detención supuso la caída de los otros grandes símbolos del PP.

La presión de Ciudadanos en las encuestas

Por si fuera poco, el PP ha visto como la distancia con Ciudadanos se acortaba en todas las encuestas; mientras el partido conservador caía, su rival naranja cosechaba nuevos apoyos. Según el barómetro del CIS publicado en mayo, el partido de Rajoy sería la primera fuerza de convocarse elecciones generales, aunque perdería 2,3 puntos con respecto al dato de febrero, logrando el 24% de los apoyos, su peor resultado desde 1996. La formación de Albert Rivera subiría hasta el 22,4%; el PSOE quedaría como tercera fuerza con el 22%, y Podemos y sus confluencias subirían al 19,6%, ganando seis décimas con respecto al último barómetro. Los nuevos partidos suben, el bipartidismo sigue en caída libre.

Los sondeos de los medios de comunicación también han apuntado esta tendencia en la formación naranja, sólo ralentizada con la llegada al poder de Sánchez.

La debacle en Catalunya

En las elecciones de diciembre el PP pasó de 11 a 4 escaños en Catalunya, y los partidos independentistas pudieron formar Gobierno tras meses de bloqueo. El inicio del deshielo de la comunicación Gobierno-Generalitat llegó con la Presidencia de Sánchez, contrastando con los meses de acusaciones cruzadas y reproches mutuos. Por si fuera poco, la decisión de la Justicia alemana, que rechazó la extradición del expresident Carles Puigdemont por el delito de rebelión, sentó como un jarro de agua fría a los conservadores, visibilizando que la mera estrategia judicial no es suficiente para encarar el procés.

El calvario judicial que se avecina

Rajoy dejó en julio un PP marcado por las inminentes citas judiciales por corrupción. Un ejemplo es el caso Lezo: la Audiencia Nacional investiga el supuesto desvío de fondos hacia el PP de Madrid y el cobro de comisiones entre la cúpula de la compañía de aguas y el expresidente González.

En esta causa han aparecido nuevos delitos vinculados a la supuesta financiación del PP entre los años 2012 y 2013, por medio de un desvío de fondos desde la agencia informática de la Comunidad de Madrid (ICM) e Indra hacia el PP madrileño.

En el horizonte aparecen también las causas por los Papeles de Bárcenas, el caso Púnica y la Caja B del PP, o el caso por el que el PP se convertirá en el primer partido político de la Historia que se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica y supuesto autor criminal de los delitos de daños informáticos y encubrimiento, por la destrucción de los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas. Casado hereda un PP en la oposición, y deberá hacer frente a un calvario de casos judiciales que garantizan nuevas dificultades al PP para darle la vuelta a este año negro.