El martes pasado compareció por cuarta vez en el Parlamento de Andalucía el consejero de Empleo, Javier Carnero, para hablar del uso corrupto que se hizo hace ocho años, en una fundación pública, la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), hoy extinta, de las tarjetas de crédito de las que entonces disponía su presidente, Fernando Villén, un asunto que está siendo investigado por los tribunales. Al término de la comparecencia del consejero, Ciudadanos, el principal aliado político del Gobierno de Susana Díaz a lo largo de toda esta legislatura, empujado en parte por la beligerancia discursiva del PP con este tema, disipó cualquier duda que pudiera quedar sobre su posición al respecto y registró una petición para que se abra una comisión de investigación referente “al presunto uso fraudulento e irregular de las tarjetas de crédito de la Faffe”.

La decisión de Ciudadanos, por una cuestión de mayorías, hace inevitable que a la vuelta del verano, el Parlamento de Andalucía monte la comisión de investigación, que ya venía pidiendo el PP con gran ahínco, al respecto. La estrategia de toda la oposición es convertir el asunto de la Faffe en carne de titulares a lo largo de todo el otoño y provocar la sensación en pleno ambiente preelectoral, con el juicio de los ERE en marcha, de que la administración andaluza aún no ha superado la etapa de la corrupción. El PP lidera esta estrategia de tierra quemada, todos sus portavoces hablan a diario de este asunto y ya algunos de ellos se han lanzado a insinuar que si se produce un adelanto electoral en Andalucía obedecerá en exclusiva a la intención del PSOE de liquidar la comisión de investigación por puro miedo.

Analizan en el PP y en los demás cuarteles generales que esta línea discursiva de vincular al PSOE y a la Junta con la corrupción -aun a sabiendas de que el asunto no es de hoy, no afecta a los gabinetes de Susana Díaz, sino a los del pasado- a la que han recurrido en tantas otras ocasiones, debido a la cercanía de las elecciones les puede dar votos o, al menos, quitárselos al PSOE.

En este caso, los hechos en cuestión, aunque antiguos, son ciertamente un escándalo de primera categoría, que revelan un ambiente de desmadre, muy poco edificante, en aquella Consejería de Empleo. Si la investigación de los ERE destapó que el chófer del ex director general de Empleo, Javier Guerrero, había comprado presuntamente cocaína con dinero público, ahora se sabe, gracias a la investigación judicial y a las propias pesquisas del Gobierno andaluz, que Villén, el presidente de la Faffe, realizó 15 pagos consecutivos con una tarjeta MasterCard de la Junta de Andalucía en menos de seis horas en un burdel de Sevilla, el Don Angelo, justo el mismo día en que el presidente José Antonio Griñán cesaba a su jefe, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el 22 de marzo de 2010. Poco después, alguien, no se sabe quién, acudió a Don Angelo y anuló esos pagos, al abonar supuestamente en efectivo la deuda. Además, hay otros 23.000 euros que el Ejecutivo andaluz rastrea para saber si también se utilizaron en actividades injustificables.

Todos los partidos, incluido el PSOE, y el propio Gobierno andaluz, que es acusación particular en el juicio, al igual que el PP, han censurado y descalificado la actuación de Villén y de quienquiera que participase con él en esas actividades, un extremo que aún se desconoce, con gruesos adjetivos. El consejero Carnero, a quien PP y Podemos e IU le piden la dimisión porque consideran que ocultó información al Parlamento, manifestó en su comparecencia del pasado martes que la actitud del Gobierno andaluz es “proactiva, diligente con la búsqueda de la verdad, de plena colaboración con la justicia y respeto escrupuloso a la ley”.

Las explicaciones de Carnero

Carnero es consejero desde junio de 2017, y es a quien le ha tocado gestionar este escándalo. En su comparecencia del martes pasado detalló que en los archivos del Servicio Andaluz de Empleo sobre la Faffe, que fue liquidada por la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía el 17 de febrero de 2011, constan dos contratos bancarios, uno con Caja San Fernando en abril de 2004 y otro con Unicaja en octubre de 2009. Ante la aparición de informaciones el 7 de mayo sobre el uso de una de las tarjetas, según recoge Europa Press, el consejero recordó que compareció ante los medios un día después “aportando toda la información de la que se disponía en aquel momento en los archivos sobre la contabilidad de la Faffe: que se trataba de una única tarjeta cuyos gastos recogían las cuentas de la fundación, que se anuló en 2011, así como los distintos movimientos anuales de liquidación de la tarjeta entre 2008 y 2010”. Y agregó que existía “la salvedad de que en la contabilidad de la Faffe pueden no aparecer anulaciones de pago que haya hecho el titular de la tarjeta porque no tienen reflejo contable”.

Posteriormente, en mayo, según dijo, solicitó a Caja San Fernando y Unicaja los extractos bancarios de las cuentas asociadas a las tarjetas, “información que hasta el momento solo ha remitido oficialmente Unicaja y que fue enviada a gabinete jurídico de la Junta para que la enviase al juzgado”. Además, la Junta solicitó, como acusación particular, la declaración de Villén, que tendrá que explicar “quién fue al puticlub o cómo se hizo el gasto porque era el que estaba allí”. Carnero animó además a quien tenga más información a ir a los juzgados y “no la suelte a cuentagotas buscando rédito político”, en referencia al PP.

Sobre la información requerida a La Caixa, entidad que absorbió a la Caja San Fernando, explicó que no han recibido la información solicitada “porque personal de esa entidad trasladó a personal del SAE un correo electrónico que contiene información no verificable inconexa de extractos relativos a los movimientos de esa cuenta y la tarjeta de Villén”. “Por ello, y ante esta falta de respuesta oficial de la entidad, unido a la revisión de la contabilidad de la que se desprenden devoluciones de unos 23.000 euros entre el 2004 y el 2008, entendemos que para compensar las disposiciones de dinero de Villén, para temas personales con cargo a la tarjeta de crédito que tenía a su disposición exclusivamente para gastos relacionados con su desempeño profesional, se dio traslado el 24 de julio al gabinete jurídico de la necesidad de contar con la información exhaustiva de esa entidad y que se eleve al juzgado”.

La comisión de investigación sería la tercera que se crea en el Parlamento de Andalucía al respecto de las actividades de la Consejería de Empleo en los tiempos en que el jerezano Antonio Fernández la dirigía (2004-2010) y sus coletazos posteriores, ya con el consejero Manuel Recio (2010-2012), a quien le tragó la inercia de un funcionamiento, cuando menos opaco y relajado, en lo que a gestión de fondos públicos se refiere. La Cámara ya investigó los ERE fraudulentos y el uso de los fondos para la formación, un caso que, al contrario que el primero, a punto de ser juzgado, ha ido desinflándose poco a poco, debido a los sucesivos archivos de las causas abiertas que han decidido distintos juzgados. El propio tribunal de cuentas tampoco detectó menoscabo de dinero público en este asunto.