La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso del comisario José Manuel Villarejo contra Público y una de sus periodistas y le obliga a pagar las costas. La resolución, dictada el pasado martes, nos da la razón en cuanto a que no se vulneró ningún derecho del policía ahora en prisión por publicar su ficha del DNI, en un reportaje publicado el 30 de diciembre de 2015 bajo el título: "Villarejo apela otra vez a una conjura del CNI en el caso de la doctora Pinto".

Pero no fue la única acción que tomó por este mismo reportaje, también puso una denuncia ante los juzgados de plaza de Castilla y otra en la jefatura superior de Policía de Madrid, el 31 de diciembre por la tarde, y que tuvo consecuencia  periodista fuera obligada a acudir a declarar bajo la amenaza de ser detenida. 

De esas diligencias policiales nunca ha tenido noticia este medio, que pudo acreditar que fueron el entonces número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, quien cedió a las presiones de Villarejo, funcionario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) como personal de confianza. 

Presiones a los testigos

Esta fue una forma más de presionar la redactora que es testigo en la causa del pequeño Nicolás, donde está imputado Villarejo, su mujer y un periodista por grabar al CNI y a Asuntos Internos. La confirmación consta en el sumario que instruye el juzgado número 2 de plaza de Castilla y donde los investigadores del caso reflejaron que La Policía bloqueó el acceso a 'Público' desde sus terminales para ocultar la amenaza de detener a una periodista. 

Unos días después del intento de detención, el jefe de la Policía Judicial de Madrid -José Luis Conde- también intentó amenazar al comisario Jaime Barrado con la detención. Este policía investigaba el caso del apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto y tenía como principal sospechoso, tras una identificación de la dermatóloga, que el comisario Villarejo era el autor de los hechos tras ser contratado por el ex consejero de OHL, Javier López Madrid; y también a la cúpula policial del ministro Jorge Fernández Díaz por encubrir los hechos.