Si el Gobierno de Pedro Sánchez logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene, el 18% de las inversiones que recojan irán a parar a Andalucía. El acuerdo lo cerraron en un encuentro en Madrid -criticado por celebrarse con las elecciones ya convocadas- la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero andaluz de Hacienda, Antonio Jiménez de Arellano, su antecesor en el cargo. Ese porcentaje es el equivalente al peso de la población de Andalucía en el conjunto de España y la Comunidad no lo recibía desde 2011, el último año del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en su Disposición Adicional Tercera que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años". Por tanto, la obligatoriedad de cumplir con el Estatuto caducó en el año 2014 -siete años después de su aprobación-. Sin embargo, la inversión por población ha quedado en el imaginario político andaluz como una suerte de deuda moral.

El presidente Mariano Rajoy jamás cumplió con el Estatuto de Andalucía los años en que estaba obligado a hacerlo, entre 2012 y 2014. Ni tampoco quiso hacerlo después, cuando ya solo se trataba de un asunto político. 

Los Gobiernos socialistas sí cumplieron, pero solo en parte. Todos los PGE de la época de Zapatero recogieron inversiones en Andalucía equivalentes a su peso poblacional. Sin embargo, en 2008 y 2009, el año de la caída de Lehman Brothers y el posterior, los que dieron inicio a la salvaje crisis económica de la que aún hoy se sufren las consecuencias, el Gabinete Zapatero no ejecutó todo lo previsto. Dejó de invertir en la Comunidad 1.504 millones de euros que estaban comprometidos. 

La cifra total que maneja el Gobierno andaluz como deuda acumulada, imputable directamente a los incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos de la disposición adicional tercera, asciende a 2.298 millones de euros. A esta cantidad, los partidos en Andalucía le añaden otros mil millones por la falta de inversiones de acuerdo con el peso de la población andaluza entre 2015 y 2018, aunque esta cantidad ya no es estrictamente estatutaria, sino moral, política.

Plan de empleo sin concretar

"[En el encuentro] se han abordado cuestiones relacionadas con los recursos que recibe la comunidad autónoma a través de los Presupuestos Generales del Estado. El consejero ha valorado el compromiso muy firme expresado por la ministra con las reclamaciones de Andalucía", se lee en el comunicado que envió tras la reunión la Consejería andaluza de Hacienda.

"Así, -prosigue la nota- las inversiones del Estado se ajustarán atendiendo al criterio de población que establece la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía: en el 18%. Ello supondrá 300 millones de euros adicionales para el próximo ejercicio, lo que permitirá acometer actuaciones prioritarias en materia de infraestructuras ferroviarias y también viarias que viene reclamando Andalucía".

"Asimismo, el Ministerio compensará a Andalucía con 400 millones de euros por la menor recaudación en concepto de IVA derivada de la nueva regulación que aprobó el anterior Gobierno y que ha supuesto una merma de ingresos para la comunidad autónoma durante el ejercicio. Del mismo modo, se ha acordado la constitución de una Comisión de Valoración de los tributos para compensar las modificaciones de la normativa estatal que ha afectado a la recaudación de la Comunidad Autónoma. El consejero ha confiado en que reporte a Andalucía 200 millones de euros anuales", agrega el comunicado.

El consejero Arellano también se refirió al Plan de Empleo para Andalucía comprometido por el propio presidente del Gobierno, pero indicó que aún era pronto "para detallarlo”. Sí confió en que sus cifras se situarán en unos niveles “acordes con la población de Andalucía y con las necesidades de generar empleo, uno de los retos inmediatos más importantes” de la Comunidad.

Horas antes de la reunión, Antonio Maíllo, número 2 de Adelante Andalucía, había criticado que el encuentro (en un principio estaba previsto para el lunes pasado, el mismo día en que Susana Díaz disolvió el Parlamento y convocó las autonómicas) se hubiese celebrado en un contexto de elecciones. Maíllo entiende que esto obedece a que, con ello, la ministra y el consejero pretenden "generar expectativas de que van a llover millones para Andalucía" y "generar una suerte de vinculación de los acuerdos que se alcancen para Andalucía con la presidenta de la Junta, Susana Díaz". 

Maíllo cargó también contra la renuncia del Gobierno andaluz a reclamar la deuda acumulada por los incumplimientos del Estatuto. "Exigimos un compromiso de reconocimiento de la deuda con Andalucía por el incumplimiento del Estatuto". Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, agregó a los argumentos de su socio que el Estatuto fue aprobado en el Congreso de los Diputados y, por tanto, "no es una demanda andaluza unilateral".