"Hay tiempo para contestar a esa pregunta", "Ya veremos". "Se decidirá cuando toque". Con estas evasivas han respondido fuentes del Gobierno al ser preguntadas si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a acudir a la comisión de investigación solicitada en el Senado por el Partido Popular para investigar su tesis doctoral.

El propio Sánchez, en un corrillo informal fuera de micrófono y antes de que se registrara la petición de comisión de investigación, tampoco quiso aclarar si finalmente iba a ir.

Hay que decir que Sánchez, por ley, tiene obligación de comparecer ante dicha comisión y, además, decir la verdad. En el caso de no hacerlo incurriría en un delito de desobediencia.

Sin embargo, otras fuentes apuntan a que el Gobierno no tira la toalla y está estudiando vías para poder evitar dicha comparecencia, aunque reconocen la dificultad legal para no acudir a la Cámara Alta.

Una vía que se está rastreando son los argumentos jurídicos de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de julio de 2016, en la que archivó una denuncia de Podemos ante la negativa de la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez, a acudir a una comisión de investigación del Parlamento andaluz.

El TS resolvió que no había delito de desobediencia al entender que la comisión de investigación andaluz no tenía potestad para controlar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, pero este argumento no le sirve a Sánchez para este caso.

También se podría barajar que Sánchez no acudiera, con lo que el caso se judicializaría con toda seguridad, lo que obligaría al Tribunal Supremo a pronunciar por primera vez sobre un caso de este tipo. El Gobierno entonces se armaría de argumentos para justificar la negativa a comparecer.

En el Gobierno y en el PSOE hay gran malestar por la postura del Partido Popular y, algunas voces, plantean pedir una comisión de investigación en el Congreso sobre los estudios del presidente el Partido Popular Pablo Casado, a quien le pedirían que explique cómo aprobó media carrera en un año —tras haber tardado siete años en hacer la otra mitad— y sus polémicas convalidaciones, así como el "trato de favor" recibido que ha acreditado el propio Tribunal Supremo.

No obstante, desde el Gobierno se es más prudente y no se quiere caer en esta guerra que, además, entraría en contradicción con el mensaje de Pedro Sánchez, que argumentó no querer ir a la comisión de investigación para no desprestigiar a las instituciones.

Sánchez, en un principio, dijo que acudiría donde hiciera falta para dar explicaciones sobre su tesis doctoral, pero después rectificó y se negó a hacerlo, acogiéndose a que el Senado no puede controlar la acción del Gobierno, ya que esa potestad recae en el Congreso.

El subterfugio de la comisión de investigación usado por el Partido Popular en Senado para lograr que Sánchez dé explicaciones, coloca al presidente del Gobierno en una posición muy difícil para eludir su comparecencia, ya que el reglamento también hace obligatoria las comparecencias en las comisiones de investigación de la Cámara Alta.