El acuerdo sellado entre el Gobierno y Unidos Podemos para salvar las futuras Cuentes Generales del Estado va mucho más allá de 2019 y de lo propiamente presupuestario. El pacto incluye una batería de medidas y de reformas que, además de suponer un programa político de cara a 2020, deben enfrentarse a una larga tramitación parlamentaria para que lleguen a hacerse realidad.

Entre las medidas principales, hay muchas que tendrán que concretarse en Proposiciones de Ley y en modificaciones y reformas del ámbito judicial, como la despenalización de la acción sindical o los delitos de injurias o la ley contra la violencia sexual. Todas ellas tendrán que pasar por la Cámara Baja y el proceso puede ser complicado teniendo en cuenta que PP y Ciudadanos tienen el control de la Mesa del Congreso y ya han utilizado en repetidas ocasiones su mayoría para bloquear iniciativas parlamentarias. Asimismo, si pasan esta primera barrera, para que se aprueben necesitarán contar con los apoyos de ERC, PDeCAT, PNV y Compromís.

Esto ha sido lo que ha causado la diferencia de números entre las estimaciones de gasto e ingresos dadas por el Gobierno y Unidos Podemos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en rueda de prensa que calculaban 2.082 millones de gastos. Poco antes, Pablo Iglesias había afirmado que los ingresos rondaban en torno a los 5.000 millones. El Ejecutivo hizo la estimación con los gastos imputables a los Presupuestos, mientras que Podemos con el cálculo total. La diferencia es lo que corresponde a las medidas que tendrán que pasar por este trámite parlamentario y que no podrán ser aprobadas de facto con la aprobación de las futuras Cuentas Generales, que todavía está en el aire. 

Los acuerdos ligados a la aprobación presupuestaria, son los que se refieren a un aumento de partidas o de ingresos, como son el aumento de la inversión de  vivienda o en ciencia e I+D+i o las subidas de impuestos y medidas fiscales.

Por el otro lado, se encuentran la mayoría de medidas sociales que han pactado, como la subida de pensiones que, al menos de momento, no están vinculada a los Presupuestos. También entra aquí la medida clave para regular el precio del alquiler, ya que para que los ayuntamientos puedan regular los precios en las zonas tensionadas, se requiere una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

Otras medidas que se enfrentarán a este trámite serán las encaminadas a derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral de 2012, entre los que se incluye ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo (ultraactividad), las reformas legales de la subcontratación, el registro de jornada de los trabajadores y la igualdad laboral entre mujeres y hombres, la eliminación del artículo 315.3 del Código Penal que establece el delito de coacciones a la huelga y que la fiscalía invoca para solicitar años de cárcel para trabajadores y sindicalistas por su participación en huelgas, modificar la cotización de los autónomos o la ley contra las violencias sexuales que eliminaría la diferencia entre abuso y agresión sexual. 

Así, el cambio que supone este acuerdo para la política, no sólo se enfrentará a un proceso incierto por los apoyos que tiene conseguir el Gobierno para aprobar los Presupuestos. También por todas las medidas que tendrán que aprobarse a lo largo de la legislatura.