La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo no puede recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución contra el rey que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona porque, a diferencia del Parlamento autonómico catalán, el Consistorio no tiene capacidad normativa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha dejado claro que el Gobierno hace un "reproche político general" a todos los órganos que utilizan "espacios de todos" para hacer pronunciamientos sobre cosas que están muy lejos de sus competencias.

La Jefatura de Estado, ha recordado, es algo que solo puede cambiarse por una reforma de la Constitución por parte de las Cortes, y por procedimiento agravado.

Así, ha expresado su reproche político a esa resolución del Ayuntamiento, pero ha afirmado que sus resoluciones no alcanzan jurídicamente la calificación necesaria para poder ser impugnadas ante el TC.

Calvo ha anunciado que el Gobierno ha tomado este viernes la decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento catalán contra el rey y contra la Monarquía, algo que ya había avanzado el Ejecutivo la semana pasada, pese al informe en contra del Consejo de Estado.

El motivo es que "al Gobierno no le parece suficiente el reproche político", sino que cree "absolutamente oportuno" que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el asunto. "No puede un Parlamento autonómico invadir competencias que no tiene", ha subrayado, y menos intentar cambiar la forma de Estado por la vía de una resolución.

Y eso que, a preguntas de los periodistas, Calvo ha asegurado que el Gobierno no cree que se esté produciendo un debate en España sobre la forma de Estado, sino que hay partidos que "en su ideario" sí tienen posiciones sobre este debate y las han "activado", cosa que ya ha pasado otras veces a lo largo de 20 años. "Pero no hay más", ha opinado.

Con todo, ha insistido en que si el Gobierno decide ir al TC es "para que quede absolutamente clara la posición política y de defensa de la constitucionalidad" sobre un asunto que "solo se puede abrir cuando lo decida el conjunto de españoles por las vías procedimentales", pero "en modo alguno en una cadena de situaciones donde no toca", es decir, en Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos.