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Peaje de la AP-6 el pasado enero de 2018. Archivo|EFE

AP-6 El Gobierno endurecerá las sanciones a las concesionarias de autopistas de peaje

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El Consejo de Ministros pretende evitar situaciones como la vivida el pasado mes de enero en la AP-6, en la que miles de usuarios quedaron atrapados en la autopista de peaje en medio de un fuerte temporal de nieve.

Política

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras que, entre otras cuestiones, eleva desde los 15.000 a los 300.000 euros las multas máximas previstas para sancionar a las concesionarias de autopistas de peaje por posibles negligencias.

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Con ello, el Consejo de Ministros pretende evitar que se repitan situaciones como la vivida el pasado mes de enero en la AP-6, en la que miles de usuarios quedaron atrapados en la autopista de peaje que une Segovia con Madrid en medio de un fuerte temporal de nieve.

"Se trata de actualizar y contextualizar el régimen sancionador para que sea proporcional al daño que se causa", indicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.​

Para ello, situaciones de bloqueo de las autopistas como el ocurrido en dicha autopista a comienzos de enero de 2018, en plena operación retorno de las vacaciones de Navidad, pasarán a considerarse como una infracción muy grave.

Según la Ley de Carreteras, estas infracciones conllevarán multas de hasta 300.000 euros, frente a la sanción de 31.200 euros que se impuso a la concesionaria de la AP-6, una filial del grupo Abertis, a partir del régimen de infracciones y multas vigente hasta ahora.

El endurecimento de la sanciones llegará a través de la modificación de la Ley de Carreteras, un texto que además abrirá la puerta a prohibir el tráfico de camiones por determinadas carreteras nacionales.

Además, en virtud de esta modificación, se habilitará a Seitta, una empresa pública de Fomento, para que gestione y cobre el peaje de las nueve autopistas de peaje rescatara, y agilizará los trámites de expropiaciones para obras de carreteras.​

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Hasta la fecha, el cobro de los peajes estaba amparado en contratos de concesión que ya se han extinguido y, por tanto, para continuar la explotación de estas autopistas, era necesario contar con una norma legal que permita a Seittsa los nuevos peajes que eventualmente apruebe el Gobierno.

El anterior ejecutivo del PP, tenía previsto relicitar las citadas autopistas este mismo año para que su explotación y mantenimiento volviera a manos de empresas privadas, plan que por el momento no se ha ejecutado.

A su vez, otra de las disposiciones que se anuncian es la intención de restringir el tráfico de vehículos pesados en carreteras convencionales. En cualquier caso, siempre que las razones de seguridad vial o medioambiental lo requieran, se obligara a circular a este tipo de vehículos por las autopistas. 

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