Justo esta semana Les Corts han aprobado el plan de trabajo para la comisión de investigación sobre los contratos de la Generalitat con la trama investigada en la Operación Taula, que supuso un gran cataclismo para el PP valenciano. Taula fue, entre otras muchas cosas, el caso que acorraló a Rita Barberá. La operación sirvió, asimismo, para retirar las cortinas de unos despachos y unas instituciones que se habían convertido en mandos de una tiranía que incluía trampas electorales y yonquis del dinero. Conversamos con Sergi Castillo, periodista que ha reseguido las huellas de la corrupción en la Comunidad Valenciana en Tierra de saqueo.La trama valenciana de Gürtel (2013) y Yonkis del dinero. Las diez grandes historias de la corrupción valenciana (2016).

Francisco Camps, Ricardo Costa, Alfonso Rus, Esteban González Pons o Álvaro Pérez “El Bigotes” son algunos de los citados a declarar en Les Corts por la Operación Taula, presumiblemente en enero. ¿Qué se espera de esta comisión?

Taula son muchas cosas y apuntan a muchos lugares: Imelsa, la Diputación, el Ayuntamiento de Valencia, Laterne, Ciegsa… Judicialmente tenemos mucha información sobre todo esto y el campo que quedaría por investigar podría parecer un poco limitado. Sin embargo, en esta comisión se ha encontrado una parcela por explorar que es la referente a la Fundación Jaume II el Just, que en los juzgados había estado en el limbo. Se ha hablado y se han apuntado algunas cuestiones pero ahora la información reclamada por los grupos parlamentarios y las comparecencias previstas estarán centradas en esta fundación que ha tenido un presupuesto millonario y donde sabemos que ha habido abusos y una gestión nefasta. Se pueden aportar importantes novedades.

¿Qué papel juega esta fundación?

La Fundación Jaume II el Just hace un papel de unión clave entre diferentes piezas del entramado donde aún no se ha profundizado. Enlaza los orígenes de Marcos Benavent (ex-gerente de Imelsa) y Vicente Burgos (ex-gerente de esta fundación) con el resto de la investigación. A raíz de las conversaciones del 2006 entre María José Alcón —la pareja de Burgos por entonces— y Marcos Benavent, se llegó a todo el asunto de las comisiones ilegales y el blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de València, la parte del caso en que estuvo implicada Rita Barberá.

Actualmente este organismo ya está extinguido pero la etapa de Burgos ejemplifica el papel que tuvieron estas fundaciones en el pasado.

Esta fundación era el marco desde donde el expresidente Francisco Camps pretendía exaltar el “valencianismo” que pregonaba. Detrás del impulso del monasterio de la Valldigna y del “centro espiritual de los valencianos”, se acabaron cometiendo todo tipo de excesos en forma de celebración de eventos. Entre otras barbaridades, Burgos creó una orquesta sinfónica de casi cincuenta músicos que realizó diversas giras. Al final, hablar de Burgos es ir al epicentro del campsismo. Cabe recordar que Burgos era miembro del Clan del Agujero,
el grupo en el que Camps comenzó su andadura en política al lado de Esteban González Pons y Gerardo Camps. Todos ellos, Burgos incluído, acabaron encontrando con el tiempo una silla acomodaticia en los sucesivos gobiernos del expresidente. La Fundación Jaume II el Just también era, pues, un instrumento para la batalla que Camps tenía librada con el zaplanismo, una corriente que promovía unos valores de “valencianismo” más vinculados a su figura de “cartaginés” y más de cantonalismo alicantino. Por eso, entre los citados a comparecer en esta comisión en Les Corts, se halla gente cercana a Camps, como los ex-consellers de Cultura Esteban González Pons, Alejandro Font de Mora y Trinidad Miró.

¿Zaplana puso la primera piedra de la corrupción en la Comunidad Valenciana?

Zaplana tomó una serie de decisiones encaminadas a garantizar la opacidad total: no teníamos que saber lo que estaba pasando. Creó una estructura paralela en la administración valenciana a través de fundaciones y empresas públicas y mixtas, que hoy son las que dan nombre a los grandes casos de corrupción: Imelsa, Emarsa, las fundaciones de turismo… Una de las decisiones clave fue la modificación de la ley autonómica de cajas de ahorros en el año 1997, que acabó convirtiendo nuestras cajas de ahorro en una fuente ilimitada de dinero para materializar sus proyectos y caprichos que nos vendían como garantía de “poner València en el mapa”. Lo que permitían las cajas de ahorros era que los empresarios del régimen, la gente fiel que financiaba sus campañas electorales, obtuviesen crédito para proyectos que creaban riqueza y puestos de trabajo. Gracias a la inyección de dinero público, pequeñas empresas vieron multiplicar su dimensión y se tejió una red de favores que pedía traducción en las citas electorales. Se creó una gran estructura de “voto cautivo”, tal y como se le oyó decir a Carlos Fabra en una grabación. El resultado de todo eso ya se conoce: ya sabemos lo que ha pasado con la CAM y hace pocos días hemos conocido la petición de penas del caso Grand Coral.

El periodista Sergi Castillo ha seguido milimétricamente los casos de corrupción que asolaron, y lo siguen haciendo con las nuevas informaciones, la Comunidad Valenciana | Héctor Serra

Taula llegó después de dos décadas de saqueo. ¿Es éste el caso de corrupción que entierra definitivamente el modelo del PP en el País Valenciano?

Ha sido el terremoto final de una mascletá, pero probablemente aún quede algún petardo por oír. La detención de Zaplana es un ejemplo de esos masclets que sabíamos que estaban pero todavía no habían explotado. Y finalmente han explotado. Taula ha sorprendido por su volumen, pero no podemos hablar de la corrupción del PP valenciano de forma aislada. Todo está entrelazado y en todas las ramas aparecen las mismas conversaciones, los mismos protagonistas y los mismos modus operandi. La espina dorsal ha sido Gürtel. Ha afectado de lleno al mismo expresidente Francisco Camps y a su núcleo de confianza, y hemos visto que esas primeras posiciones férreas de “Esto es un caso contra el PP” y las maniobras para intentar taparlo todo les ha explotado en las manos. Todo forma parte de una gran red y lo estamos viendo con las conversaciones entre Villarejo y Cospedal.

El horizonte judicial que afrontaba Rita Barberà no era muy halagüeño, ¿verdad?

Se enfrentaba a un procedimiento muy duro porque ella pensaba que nunca se encontraría en esa tesitura de dar la cara ante la justicia. Le pasó a Barberá y también le está pasando a Zaplana, en la cárcel actualmente. Estamos ante una gente que han vivido todo tipo de excesos y no solo de comer y beber, sino también en la forma en que la gente les rendía pleitesía de pueblo en pueblo. Me acuerdo que llegó un punto en que prácticamente se nos acusaba a los periodistas de haber matado a Rita Barberá. Tuvo que aparecer la autopsia para demostrar la enfermedad que arrastraba desde hacía tiempo. Durante un tiempo, de hecho, ha sido muy difícil hablar de algunos temas que no les gustaban.

Las investigaciones de Taula también nos dejan una grabación que pasará a la posteridad donde el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, cuenta el dinero. ¿Qué relación ha habido entre este entramado y la mafia siciliana?

La principal es la omertá, la ley del silencio. Nadie delataba al otro mientras todos tuviesen su pequeña parcela de poder. Hubo un momento en el que las cosas ya no salieron como estaban previstas y alguien del clan, probablemente porque no se había sentido satisfecho en sus aspiraciones económicas, decidió tirar de la manta. A partir de aquí, se han desencadenado una serie de traiciones entre ellos mismos. No solamente lo ha hecho Marcos Benavent; también tenemos a Esteban Cuesta en el caso de Emarsa o a Ángel Fenoll en el caso Brugal. Los delatores han sido pieza clave en las investigaciones. El caso de Ricardo Costa, a última hora y a la desesperada, es otro ejemplo. No obstante, me decepciona que esta gente pueda acogerse a beneficios por delatar a sus compañeros cuando ya no tienen alternativa.

La sensación de impunidad está ahí.

Me gustaría que hubiera penas más duras. Y que no tardaran tanto en juzgarse los casos. Y que la policía tuviera los medios adecuados para que todo fuera más rápido. Los procesos se dilatan demasiado. Los mismos culpables, una vez sentenciados, se aprovechan de la lentitud de la justicia y obtienen beneficios a la hora de aplicarse las penas. El propio Carlos Fabra vio reducida su pena a la mitad por dilación en el proceso, cuando él había sido el responsable de ralentizarlo a base de recursos. Me fastidia mucho. Pero también es cierto que el escepticismo que había antes ya no es tan grande porque gente como Fabra, Blasco o Zaplana han caído y cumplen penas actualmente.

Como sociedad, ¿se ha estado a la altura?

Tenemos que hacer autocrítica. Ha habido años en que la sociedad valenciana se ha dejado llevar por este espejismo. Muchos sectores no han estado a la altura, y también la prensa. Ha habido una minoría de periodistas luchando en una época muy difícil. También algunos políticos se lo han jugado todo y han caído víctimas de haber apostado por esa lucha; ahora ya no están en activo. O periodistas apartados por sus medios porque eran incómodos y ahora podrían resentir la imagen pública del medio. Ahora es muy fácil hablar de corrupción pero hace diez años era impensable.

¿Están funcionando las herramientas contra la corrupción actualmente?

Sergi castillo defiende que desde la prensa también se debe hacer cierta autocrítica | Héctor Serra

Ha habido algunas medidas en la buena dirección, empezando por la creación de la Conselleria de Transparencia y la misma Agencia Antifraude. Respecto a esta última, estamos pendientes de ver si está siendo útil o no. El tiempo lo dirá. Desde Tranparencia se está velando para que todos los altos cargos tengan claridad en su gestión y podemos consultar su sueldo, los regalos que reciben… Se han producido avances muy importantes también impensables hace diez años. Pero se tiene que vigilar mucho porque la tentación siempre se asoma. Si desviamos la mirada y nos dejamos obnubilar por ciertos proyectos, pueden volver las tramas.

¿Cuál ha sido la factura del despilfarro en territorio valenciano?

Hice un cálculo propio consultando a algunos expertos. Por 2013, un momento todavía muy prematuro, me salía la cifra de 12.500 millones. Es una cifra que hoy está completamente sobrepasada, muy por encima. La actualicé hacia 2016 y eran unos 15.000 millones. Es una aproximación pero probablemente los expertos deberían completarla. Es muy complicado obtener una cifra de la corrupción. Ni Transparencia Internacional, el organismo referente, tiene claro cómo calcularlo.

¿Qué casos pendientes de resolución judicial pueden depararnos sorpresas próximamente?

Tengo mucho interés en el levantamiento de sumario del caso Erial, el que afecta a Zaplana, y que finalice la instrucción de Taula. Tenemos mucha información por conocer. Hay muchas conversaciones grabadas con Zaplana hablando con muchísima gente y seguro que aportarán luz sobre el papel que estaba jugando los últimos años como mediador y asesor de algunos políticos de mucho peso del PP valenciano y español.