La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, que agrupa a 53 ONG, y cuyo objetivo último es la erradicación de la pobreza, hizo públicas ayer diez propuestas con las que buscan "facilitar y orientar la labor de los grupos políticos” para lograr sacar de la pobreza a 1,3 millones de personas a lo largo de la próxima legislatura. El decálogo de EAPN-A (sus siglas responden a la designación de la European Anti Poverty Network), que nació en 1994, está presidido por cuatro "principios rectores", que son, por un lado, la perspectiva de género; por otro, la lectura fácil y el lenguaje claro para que todos y todas puedan acceder a la llamada sociedad del conocimiento; además, la diversidad y, por último, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Así, las ONG aspiran a que la "igualdad de género sea real y efectiva, y que la mujer deje de ser discriminada en nuestro sistema social democrático y de derecho".  También reclaman a los partidos que "todas las personas en situación o riesgo de exclusión social deben tener acceso a la Sociedad del Conocimiento, fomentando el uso de formatos accesibles y comprensibles, así como divulgando la lectura fácil, el lenguaje claro y la señalización comprensible". 

EAPN-A ha mantenido encuentros con los partidos antes de la campaña y es ahora cuando se ha decidido a hacer público el decálogo. Lo que sigue es un resumen de las diez propuestas que las ONG hacen a los partidos. 

Lucha contra las desigualdades

Las ONG recogen en su decálogo que "la desigualdad ha aumentado no solo en el seno de la sociedad andaluza, sino también en relación al conjunto del país. Esta desigualdad territorial es mayor que la que existía antes de la crisis y, paradójicamente, su incremento se ha producido en estos últimos años que son,
precisamente, los de la llamada recuperación".

EAPN-A así demanda la aprobación de un plan contra la pobreza que contemple la reducción en 15 puntos del porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía al final de la legislatura, cumpliendo con la Estrategia Europa 2020, lo que supondría pasar de 3,1 millones de personas, el 37% de la población, a 1,8 millones, el 22%, en los próximos 4 años. Y también la reducción en 5 puntos del porcentaje de personas en situación de pobreza severa (personas que viven con unos ingresos menores a 355 €/mes), lo que implicaría pasar de 770.000 andaluces y andaluzas (el 9,2%)  a 385.000 (el 4,2%), según los datos de las propias ONG. 

Renta de Inserción sociolaboral

"Es necesario -indican las ONG- diseñar instrumentos legales y de servicios a la ciudadanía que contemplen tres elementos básicos: el acceso a ingresos mínimos en situaciones de grave pobreza y exclusión; el derecho a un acompañamiento y
apoyo profesional y financiero, para adquirir nuevas capacidades y
cualificaciones que deriven en una inserción sociolaboral; y el derecho, unido a
la responsabilidad de la Administración, a que si la persona deja de trabajar
recupere su renta básica de manera automática, de modo que los colectivos
vulnerables pierdan el miedo a que la inserción laboral transitoria conlleve la
pérdida de un subsidio".

En Andalucía, existe ya una renta de inserción, aprobada por el Gobierno andaluz, pero EAPN-A persigue que se implemente de manera correcta. "Demandamos la obligatoriedad de garantizar que la Renta Mínima de Inserción sea un derecho real para todas las personas que se encuentren en situación de pobreza extrema [y reclamamos] que se aseguren los recursos presupuestarios suficientes para la instrucción y gestión rápida y eficiente de los expedientes, [y también] una mejora en la cuantía que responda al coste de vida real de nuestra comunidad y la garantía del acompañamiento social.

Vivienda y exclusión residencial

"La privatización y mercantilización del acceso a la vivienda han privado a esta de
su función social. En la actualidad, el sector financiero está legitimado para
dirimir un mercado desregulado que lleva años provocando desahucios, y
segregando espacios y personas", se lee en el decálogo. "Los precios no se han equilibrado con respecto a la caída de los ingresos en las familias y los efectos –aún devastadores– del paro, lo que también hace cada vez más difícil que la población andaluza afronte el pago de los suministros básicos, uno de los gastos que más debilitan a las economías familiares", analizan las ONG.

"Los desahucios -prosiguen las ONG- por impago de alquileres subieron un 8% hasta los 4.713, convirtiéndola en la tercera comunidad en este indicador. Esta cuestión está siendo motivada por el auge del mercado de alquileres con fines turísticos. Hay sobrados indicios de que ya existe una nueva burbuja inmobiliaria, que además en esta ocasión también afecta al alquiler".

Así, EAPN-A indica que el establecimiento de reservas para vivienda protegida "supone una de lasherramientas con que las administraciones públicas pueden influir en los precios". "Andalucía tiene actualmente un porcentaje del 1,82% de vivienda protegida frente al 2,5% nacional, mientras que la media europea se encuentra en torno al 15%". Por ello, demandan "el incremento del parque de vivienda público y social de forma que la construcción de vivienda protegida suponga al menos un 15% del total (media europea), con alquileres a precios asequibles en relación a los niveles de renta".

Además, instan a los partidos a "erradicar el chabolismo y la infravivienda con soluciones estables y definitivas, no de transición, que combinen medidas de realojo con acompañamiento y apoyo social a las familias durante todo el proceso y que contemplen medidas contra la pobreza energética".

Empleabilidad

Las propuestas en este ámbito vienen precedidas del siguiente análisis: "Como ha ocurrido en otros periodos postcrisis, la brecha salarial, la temporalidad y la precariedad han aumentado en nuestra Comunidad. El paro se hace crónico para colectivos que, por haber dejado de percibir prestaciones por desempleo, se hallan en riesgo o situación de pobreza y exclusión, y con grandes dificultades para salir de ella". "Hay -prosigue el decálogo- situaciones y colectivos –mujeres y personas mayores de 45 años, además de jóvenes– donde el paro se hace crónico en Andalucía, llegando a sobrepasar los cuatro años sin poder encontrar empleo".

Por estas razones, las ONG demandan que se implementen, entre otras, políticas
específicas de inclusión sociolaboral dirigidas a las personas con mayores dificultades de empleabilidad o precariedad laboral; que se garantice el empleo protegido en base a cláusulas y conciertos sociales de aquellas personas en riesgo social (en especial, a mujeres víctimas de violencia de género) que se hallen en clara desventaja en la adquisición de un puesto de trabajo en el mercado privado, y que se den mayores competencias a las entidades del Tercer Sector como colaboradoras estables de los sistemas públicos de empleo en la potenciación de la inserción laboral. 

Pobreza en femenino

"Uno de los síntomas de que las cifras macroeconómicas no sirven para un
diagnóstico social es el crecimiento de las desigualdades estructurales, como la
de género", analizan las ONG. "El desequilibrio entre mujeres y hombres tiene su máxima manifestación en la violencia de género, pero también es causante de la
pobreza en femenino. La crisis ha forzado el acceso de la mujer al mercado de trabajo en un contexto de precariedad, y se ha aprovechado la poca estabilidad económica para justificar la discriminación. La brecha salarial se consolida y supera el 30% en Andalucía: las mujeres asalariadas cobran 3.853€ menos de media que los hombres", lamenta EAPN-A.

"Estos preocupantes datos, junto con realidades tan extendidas como la
discriminación laboral por motivos de género, señalan la necesidad de adoptar medidas que hagan frente a esa desigualdad estructural". Así, las ONG proponen incentivar a las empresas para reducir la brecha salarial por motivos de género, y verificar el cumplimiento de los planes de Igualdad en las grandes y medianas empresas en Andalucía.

Infancia y Juventud

"La disminución de ingresos en la comunidad autónoma andaluza durante la
última década ha hecho que la pobreza afecte en mayor medida a la infancia
que a otros grupos de edad. De ahí que, pese al repunte económico parcial, la
crisis y los altos niveles de desempleo se hayan ensañado con los hogares en
los que existen niñas y niños a su cargo", afirman EAPN-A.  Los datos que aportan en el decálogo son los siguientes: "En Andalucía el 34,8% de la población infantil, 563.394 menores, vive en riesgo de pobreza o exclusión social".

Así, reclaman, entre otras cosas, un apoyo específico a la infancia y la juventud como colectivos más afectados por la pobreza y la exclusión social  para luchar contra la transmisión intergeneracional de la pobreza, y medidas específicas a aquel tramo de la juventud que se encuentre fuera del sistema educativo para el desarrollo y mejora de su cualificación profesional.

El 0,7% del Impuesto de Sociedades

"La fiscalidad es una herramienta fundamental para garantizar que se cubran los
servicios básicos de toda la ciudadanía, en especial de las personas más
empobrecidas. En efecto, es la población la que aporta gran parte de lo
recaudan las arcas públicas, por lo que se convierte en figura esencial para
financiar políticas sociales", recoge el decálogo. "Por eso resulta importante analizar el sistema tributario y sus desequilibrios, garantizando la inversión social mediante un modelo impositivo progresivo y la lucha contra el fraude fiscal".

Las ONG reclaman el establecimiento de medidas "que concedan mayor peso a la imposición directa sobre la indirecta para la consecución de un sistema fiscal más progresivo, de manera que se aumenten los ingresos procedentes de las rentas más altas para sufragar los gastos de una política social acorde a un Estado social de derecho". También piden "un reparto equitativo de la riqueza a través de una política fiscal justa y redistributiva, instando a la gestión tributaria a que implemente medidas efectivas contra el fraude fiscal". Y que el 0,7% de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades se destine a las entidades sociales.

Frontera Sur

La reflexión que hace EAPN-A al respecto de la Frontera Sur es la siguiente: "El debilitamiento de los Derechos Humanos, en muchos casos anteponiendo
realidades económicas y/o de gestión política, está suponiendo en los últimos
tiempos la indefensión más absoluta para la ciudadanía. En particular, la crisis
europea de refugiados y la llegada de inmigrantes a las costas están
provocando el desborde de la red de recursos públicos en Andalucía, con la
consiguiente falta de atención a estas personas en situación de extrema
vulnerabilidad".

"Las actuaciones en la Frontera Sur deben pasar de la emergencia e improvisación a la planificación estratégica, y se ha de poner fin a las expulsiones colectivas en las que se criminaliza a las personas expulsadas", agregan las ONG. Lo que exigen es que las distintas administraciones se coordinen "para la salvaguarda de los Derechos Humanos en Andalucía" y se ponga la financiación adecuada que ponga los recursos necesarios".

Fracaso escolar

Otro factor –en este caso no directo– en la medición de la pobreza y la exclusión
social es el nivel de formación alcanzado. "Cuanto más alto es el nivel de formación de una persona, más baja es la tasa de pobreza", se afirma en el decálogo. "El abandono escolar temprano o el absentismo señalan la necesidad de seguir reforzando este ámbito en Andalucía, dado que los datos demuestran que el riesgo de pobreza es inversamente proporcional al nivel de formación adquirido".

El objetivo que le marcan  a los partidos es la reducción de la tasa de abandono escolar "del 23,5% actual al 15%, objetivo marcado para España por la Estrategia 2020". 

El tercer sector

EAPN-A considera que el Tercer Sector precisa de una regulación específica en Andalucía que –al igual que en otras CCAA que ya cuentan con ella– refuerce la cohesión social y la vida democrática andaluza. "En un contexto social y político en el que surgen voces que amenazan la convivencia y la salud de nuestra democracia alentando el miedo y el recelo entre la población el papel de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, no únicamente complementando los servicios públicos sino como vertebradores de la convivencia y la participación ciudadana", reflexionan en el documento.

Así, piden a los partidos que aborden una Ley del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía "que promueva el fortalecimiento de las organizaciones sociales y sus redes, impulse su cooperación con la Administración, las empresas y las
universidades, y ponga en valor la contribución del sector a las políticas
públicas de inclusión".